La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de 47 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU), informaron fuentes judiciales. En el mismo fallo, el tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito de 42 intendentes imputados y sobreseyó a otros dos, según indicaron las fuentes consultadas en los tribunales federales de Comodoro Py. La causa investiga el desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Los fondos habían sido distribuidos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 “sin control”, de “manera arbitraria” y con “desigualdad en la distribución de los fondos”, según consta en la causa. Tal como había revelado Emilia Delfino en PERFIL, la investigación se centra de el ex Programa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. En el expediente consta que más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de haber recibido los fondos del Ejecutivo. La maniobra “apuntó al empleo del marco legal de los Pmgirsu para disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales", indicaron los jueces del de la Sala I de la Cámara Federal. Archivo | Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes por supuesto fraude con fondos públicos Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi remarcaron también que “funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos". Entre los procesamientos confirmados se encuentran el del ex intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutierrez, y el del intendente de San Antonio de Areco, Francisco "Paco" Durañona, en tanto el procesamiento del ex intendente de Campo Largo y actual vicegobernador de Chaco, Daniel Capitanich, quedó firme porque se le tuvo por desistido el recurso de apelación. En febrero pasado, el juez Bonadio había dispuesto el procesamiento de 92 intendentes pero la Cámara Federal sostuvo que para 42 de ellos no hay elementos contundentes por lo que corresponde seguir investigando. Según el juez Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos. "Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado", sostuvo Bonadio en aquel el fallo de 347 páginas. "Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos", sostuvo el juez. "Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pmgirsu al que se habían obligado", había asegurado Bonadio. En esta causa, la Cámara Federal ya analizó el accionar de los ex jefes de Gabinete procesados y sostuvo que "quienes ostentaban el control de los Pmgirsu incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa en donde la desorganización era funcional a tales fines". En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregularidad del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país. Los fondos provenientes del Estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.