La presidenta de la Banca Mujer del Senado, una de las Comisiones que dictaminó sobre la ley de aborto en la Cámara alta, Norma Durango, confirmó esta mañana, desde sus redes sociales, que el jueves 14 será promulgada la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en un acto que prepara el gobierno nacional.

La legisladora pampeana del Frente de Todos contó también que recibió la invitación de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta para un acto que realizará el oficialismo por promulgación de la ley el jueves próximo, en el Museo Bicentenario.

A cargo de Gómez Acorta, de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la reglamentación y promulgación de la ley 27.610 cumple esta semana los 10 días hábiles desde la sanción del Senado, el 29 de diciembre pasado: el plazo establecido para que entre en vigencia.

Aunque la reglamentación de la ley no siempre es necesaria para que las leyes se apliquen, los cambios que negoció el oficialismo con los sectores antiderechos para la aprobación definitiva del Senado requieren de ese procedimiento, ya que se trata de acuerdos que no fueron plasmados en el texto final para evitar que la iniciativa volviera a la Cámara de Diputados.

Esa negociación, que sólo sus protagonistas conocen verdaderamente, abre numerosas incógnitas acerca del alcance que efectivamente tendrá la nueva ley. Cómo será el seguimiento de los profesionales, establecimientos de salud, localidades y provincias donde haya objetores de conciencia; cómo se garantizará la derivación en el sector público, el privado y las obras sociales cuando se trate de establecimientos, profesionales o localidades objetoras; cómo se garantizará el acceso gratuito en los distintos niveles de atención de la salud y con los distintos métodos que permiten interrumpir un embarazo; qué sucederá con la definición de “salud integral” que incorporó la ley para las causales de aborto no punible, son algunos de los interrogantes.

Por este motivo, según declaraciones de la propia Gómez Alcorta, la implementación “va a depender mucho de las redes de profesionales que ya hoy existen”. “La ley es de alcance nacional pero la implementación puede costar en algunas provincias más que en otras”, dijo, y señaló como ejemplo aquellas que no tienen protocolos de acceso a los abortos no punibles, que ya tienen profesionales objetores o que prohíben la venta de los medicamentos que permiten la interrupción por vía oral. Es el caso de provincias como Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, entre varias otras.

Asimismo, Alcorta ratificó que una vez que se promulgue la ley, “tanto los médicos, las médicas, como las personas, no van a estar cometiendo un delito y todas las personas que están imputadas en causas o condenadas por haber llevado adelante un aborto hasta la semana 14 de gestación serán sobreseídas”. Se aplica, advirtió, el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna, que en este caso señala que la interrupción en ese plazo no es un delito.

Tras la sanción de la legalización del aborto en la madrugada del 30 de diciembre pasado, 10 días hábiles son necesarios para que la ley entre en vigencia y se implemente en todo el territorio nacional. La reglamentación que se conocería este jueves tiene, justamente, el objetivo de ratificar los acuerdos tejidos entretelones con los sectores antiderechos. Mantener el alerta y la movilización en las calles para garantizar que efectivamente la ley se aplique, que el derecho se garantice para todas las personas gestantes y no se impongan más limitaciones al acceso al aborto, será fundamental.

La pelea por terminar con la íntima relación que existe entre las cúpulas de las Iglesias y las instituciones del Estado, que es en gran medida la que justifica las concesiones de los distintos gobiernos cada vez que están en juego (entre tras cosas) los derechos sexuales y reproductivos, cobra aún más vigencia.

Por Sol Bajar