Finalmente, el equipo de Guillermo Montenegro confirmó que las bonificaciones docentes comenzarán a ser abonadas a partir de febrero. Así lo informó el titular de Educación, Sebastián Puglisi.

 Para concretar el anuncio que Montenegro ya había hecho en campaña y ratificó el día que asumió, fueron cruciales los $258 millones que giró Nación para el financiamiento de la educación municipal a comienzos de diciembre. No obstante, Puglisi señaló hoy que “seguirán trabajando” para abonar el beneficio con retroactividad.

 Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), por su parte, señalaron que aún no fueron notificados por parte de las autoridades. De todos modos, el Ejecutivo está elaborando una resolución que se daría a conocer próximamente, y contaría con la firma de Puglisi y el titular de Hacienda, Germán Blanco.

 El Código 59 fue quitado por el ex intendente Carlos Arroyo en noviembre de 2018, a través de un decreto con su firma y la de los ex funcionarios Hernán Mourelle (Hacienda) y Luis Distéfano (Educación).

 La situación desembocó en un profundo conflicto político, donde no sólo fueron protagonistas los docentes afectados sino el propio Concejo Deliberante que, a excepción del bloque de Agrupación Atlántica, se pronunció en contra de la decisión del ex mandatario.

 A raíz de ello, el Legislativo aprobó por insistencia una ordenanza que había sido vetada por Arroyo para devolver las bonificaciones. Esto derivó en una presentación legal del Ejecutivo saliente ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La batalla judicial

El 13 de diciembre de 2018, el Ejecutivo comandado por Arroyo presentó su denuncia ante la Suprema Corte bonaerense por conflicto de poderes con el Concejo Deliberante. Fueron dos los argumentos centrales de la presentación realizada por el abogado Miguel Oroz, contratado por la Municipalidad.

Por un lado, que no es competencia del Concejo modificar un presupuesto ya aprobado. “Si nos remitimos a un examen de las normas que regulan esta cuestión en el plano legislativo y reglamentario, se advierten numerosas disposiciones que impiden al Honorable Concejo Deliberante modificar el presupuesto una vez que éste se encuentra aprobado, y que en todo caso, a esos fines la iniciativa corresponde al Departamento Ejecutivo”, sostuvo el ex Ejecutivo en la denuncia.

Sáenz Saralegui y Arroyo, de ser amigos a estar enfrentados

En segundo término, discutió el procedimiento por el que se aprobó por insistencia la ordenanza. “Finalmente un aspecto vinculado al desarrollo irregular en el trámite de sanción, que afecta seriamente la validez de lo actuado por el Honorable Concejo Deliberante. Adviértase, que la sesión del 04/12/2018, tenía un único y excluyente objetivo, que era exigir a los Auxiliares del Departamento Ejecutivo (Secretarios de Economía y Hacienda como de Educación), que brindaran explicaciones acerca del Decreto 2272/2018, emitido en fecha 25/10/2018, por el Departamento Ejecutivo de General Pueyrredon, por el cual se reglamentó el pago de las bonificaciones a los docentes.

Todo hacía presuponer que de haberse cumplido con lo previsto en el orden del día, el Honorable Concejo Deliberante no tenía otros temas que tratar. Sin embargo, la realidad de lo acontecido contradice esta afirmación”, plantearon. Pero lo más jugoso de la denuncia fueron las apreciaciones políticas. Luego de hablar de unos primeros tres años de gobierno de coalición entre los partidos integrantes de Cambiemos en Mar del Plata, “en los últimos meses, este marco de concordia, se ha visto sustancialmente alterado, debido al venidero calendario electoral y la proximidad de renovación de autoridades municipales convocadas para el año próximo”.

“Por eso, muchas decisiones ordinarias, que antes discurrían con toda normalidad, actualmente, se tiñen de una clara connotación política, ante la necesaria reagrupación de fuerzas internas, incluso dentro de la propia alianza CAMBIEMOS”, planteó el gobierno de Arroyo.

La respuesta al Ejecutivo

Con la firma del ex presidente del Concejo, Guillermo Sáenz Saralegui, y el patrocinio de la abogada Carolina Morteo, la presentación fue incorporada al expediente judicial el pasado 26 de febrero. En el escrito, el Concejo no solamente rebatió técnicamente los argumentos presentados por el Ejecutivo, sino que realizó duras consideraciones políticas en el caso donde se dirime la continuidad o no de las bonificaciones docentes.

“Vengo a contestar la insólita denuncia planteada en estos autos, sólo demostrativa de la incapacidad de la política para consensuar y resolver los disensos, e intentar judicializar los mismos, pretendiendo que los órganos judiciales los resuelvan”, dice el escrito de 22 fojas que fue acompañado de 20 pruebas documentales.“Pido que se rechace la demanda interpuesta por el D.E. Municipal, por improcedente, ilegítima y (sic) inconstitucional, en tanto implica la pretensión de arrogarse funciones y atribuciones propias de este Cuerpo Deliberativo, impugnando e impidiendo por esta vía impropia, la ejecución de Ordenanzas sancionadas por el mismo”, continúa.

En esta misma línea, el Concejo sostuvo que en realidad la figura de competencia de poderes es una maniobra para limitar su iniciativa. Entre otras consideraciones, el HCD negó “que en realidad exista un caso configurativo de verdadero conflicto de poderes, sino de un intento jurisdiccional de suspender la ejecución de dos Ordenanzas sancionados por el HCD en ejercicio de su competencia”.

“La realidad es que esta bonificación la vienen percibiendo los docentes municipales desde el año 1989, en forma pacífica y continua, siendo reconocida y abonada por todos los gobiernos municipales desde esa época, incluso por el actual D.E. Municipal durante los dos primeros años y nueve meses de su gestión”.“Ese decreto causó un profundo malestar en los docentes municipales, pues ---implica una reducción de sus haberes de Aproximadamente $6.000 mensuales, ocurrida en pleno transcurso del ciclo lectivo 2018”, concluyó.

Con estos antecedentes, tras la presentación de ambas partes, la Suprema Corte suspendió la ordenanza que restituyó la bonificación de forma cautelar hasta tanto haya una resolución de fondo. Algo que, hasta el momento, todavía no fue resuelto por el máximo tribunal de justicia provincial. Sin embargo, la postura del nuevo gobierno, coincidente con la del Concejo, dejaría de lado el conflicto de poderes y la resolución judicial al respecto.