"Creemos que se va a caer. Cambiamos abogados y de estrategia judicial y tenemos buenas perspectivas", comentaron desde la dirección ejecutiva de YPF. Si se llegara a perder el juicio, aclararon, el pago corresponderá al Estado argentino y no a la empresa. Por otro lado, aseguraron que "hay reservas" para pagar un eventual fallo en contra por la demanda ambiental contra Maxus (una empresa que YPF compró en 1995), que es por u$s 14.000 millones.

Antes de este jueves, la empresa y el Gobierno argentino deben presentar un writ of certiorari, que es un recurso para que no venza el stay (cautelar) otorgado la semana pasada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que culmina el 1° de noviembre. Con esa presentación, se prorrogará automáticamente el stay hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos rechace o acepte el certiorari y, si lo toma, decida sobre la cuestión de fondo.

La estrategia de los abogados argentinos es demorar cuanto más se pueda el tratamiento del tema y apelar a que la medida de estatizar las acciones de YPF corresponden a una decisión soberana, que no puede ser juzgada en el exterior como una cuestión comercial.

La decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial, busca facilitar la logística y la seguridad de los líderes mundiales que se reunirán en Costa Salguero.

Fuentes oficiales consideran que la Corte Suprema de Estados Unidos no se demoraría muchos meses en tomar el caso, pero mientras tanto celebran el tiempo transcurrido.

En paralelo, la diputada de Cambiemos Elisa Carrió impulsó al Gobierno a presentarse como querellante en la Justicia argentina por la reestatización de acciones que pertenecían a Reposo y a Petersen. En esa causa están imputados la ex presidente Cristina Kirchner, su ministro de Economía, Axel Kicillof, y el empresario español Antonio Brufau.