“Las prácticas concretas que afectan al suscripto (...) están referidas virtualmente al método ordenado para la ejecución física de los subversivos prisioneros, los cuales sin ningún tipo de juicio de defensa, se me ordenaba matarlos a través de los distintos médicos a mis órdenes con inyecciones mortales de la droga Ketalar. Luego los cuerpos eran envueltos en nylon y preparados para ser arrojados de los aviones Fiat G 22 o helicópteros al Río de la Plata. Dichas máquinas partían en horarios nocturnos desde el batallón de aviación del ejército seiscientos uno (601). Las ejecuciones o asesinatos llevados a cabo por este método fueron cincuenta y tres, siendo cuatro de ellos extranjeros. Otro método de ejecución fue el fusilamiento ordenado por el comandante de Institutos Militares con la presencia de los directores de las distintas escuelas de armas y otros institutos para que dichos oficiales superiores adquieran una responsabilidad comprometedora al avalar con su presencia esta práctica aberrante.” La confesión pertenece al represor Eduardo Francisco Stigliano. No fue hecha en la Justicia, sino que figura en un reclamo administrativo ante el Ejército. Fue uno de los hallazgos que dejó el trabajo de reconstrucción que está realizando la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. El documento es una prueba fundamental en el juicio que se está realizando por el asesinato y desaparición de quienes participaron de la Contraofensiva. Y es importante porque aportó detalles en primera persona sobre delitos de lesa humanidad, confirmó que en Campo de Mayo se concentró el accionar represivo a los miembros de la organización Montoneros que regresaron al país entre 1979 y 1980 y, además, fue clave para identificar a un grupo de tareas hasta el momento desconocido: la SOE (Sección de Operaciones Especiales de la guarnición de Campo de Mayo).

Los familiares de las víctimas reclaman ahora que la jueza Alicia Vence llame a declarar a los represores que salieron a la luz a partir de esa investigación, que son varias decenas. Vence convocó en las últimas semanas a trece integrantes del Ejército, cuadros medios y superiores. Hasta el momento quedaron bajo arresto domiciliario cinco acusados, entre ellos, Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares en los años que abarca este expediente; Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela y jefe del Departamento Personal del Estado Mayor entre 1980 y 1982, y Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividad Psicológica del Batallón 601.

El martes, el juzgado retomará la actividad con la indagatoria de Marcelo Cinto Corteaux, ex jefe de la primera sección del Ejército del 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. Las querellas integradas por hijos de los militantes, sobrevivientes, madres o hermanas se alegran por los avances pero entienden que son un primer paso. Hace meses, entregaron a la Justicia decenas de nombres integrantes de las patotas, cuadros medios e inferiores con responsabilidad en la acción directa. Los datos provienen de una reconstrucción casi arqueológica realizada por familiares y distintas agencias del Estado abocadas a las políticas de desclasificación y análisis de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los familiares encontraron en los archivos documentación que confirma hipótesis supuestas desde hace treinta años o piezas del rompecabezas que todavía faltaban.

Uno de los primeros documentos importantes fue el expediente por el trámite de salud de Stigliano. El 17 de octubre de 1991, el teniente coronel hizo su descargo sobre su trastorno de salud –“una especie de neurosis con síndrome violento”– en su domicilio, ante un oficial de la Brigada de Caballería Blindada Dos de Entre Ríos, que se trasladó hasta su casa. Stigliano tenía en ese momento 48 años. Había sido jefe de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) de Campo de Mayo y había recibido una condecoración del entonces jefe del Comando de Institutos Militares Cristino Nicolaides, “por su lucha contra la delincuencia terrorista”. Es en ese trámite donde describe cómo le ordenaron ejecutar prisioneros indefensos y arrojarlos vivos al Río de la Plata. El testimonio, con el que el militar pretendía conseguir un retiro anticipado por las secuelas que le había dejado “la lucha contra la subversión”, se encontró entre 2006 y 2007. Allí, el militar afirma tener “pesadillas en forma permanente, relacionadas con las actividades que, como jefe de la Sección Operaciones Especiales de la guarnición militar de Campo de Mayo, se me ordenaron ejecutar y que constituyeron violaciones flagrantes a la Constitución, las leyes y reglamentos militares, toda vez que se identificaron con las prácticas más aberrantes que se puedan concebir, en relación al respeto básico de los derechos del prisionero de guerra consagrados en los Convenios de Ginebra, el derecho internacional de guerra y otras leyes que rigen el orden internacional”.

En su escrito, Stigliano argumenta que “sufre una especie de neurosis con síndrome violento” y que tiene “un impulso irrefrenable de venganza hacia quienes lo llevaron a esta situación, ‘combatientes de escritorio’, que mientras nos ordenaban asesinar, ellos se preocupaban por el mantenimiento de sus prebendas y de los mal llamados botines de guerra”. Stigliano relató también una visita del general Leopoldo Fortunato Galtieri a “un campo de prisioneros borrado oportunamente” dentro del ámbito de Campo de Mayo y amenazó con difundir la lista de las víctimas, las matrículas de los aviones usados en los vuelos de la muerte, los nombres de los gendarmes que vigilaron a los prisioneros y del personal que fue testigo de “los fusilamientos y otras formas de ejecución”. En ese sentido, advertía que si le sucedía “cualquier evento natural o traumático”, la información que estaba a resguardo en “dos sobres lacrados en la caja fuerte de un estudio jurídico” sería revelada.

Stigliano murió poco después de hacer este reclamo. Cuando su legajo y los valiosos datos que contenían fueron advertidos por el Ministerio de Defensa, se ordenaron allanamientos a su casa en Entre Ríos y los estudios jurídicos involucrados, pero no se encontró ninguna documentación en la que figuraran los nombres de las víctimas o las matrículas de los aviones que se usaron para asesinarlas.

Campo de Mayo

El juez Ariel Lijo condenó en 2007 a una decena de represores del 601 –Nicolaides, Jorge Luis Arias Duval, Pascual Omar Guerrieri y Santiago Manuel Hoya, entre otros– en una causa en la que se ventiló la responsabilidad del 601 en la represión de la Contraofensiva y que involucró a seis víctimas. El expediente que tiene a su cargo Vence, que abarca a 85 víctimas, intenta reunir a todos los sectores y responsables que intervinieron y reconstruir y entender el episodio completo. De acuerdo con la información obtenida hasta ahora se desprende que la persecución del grupo de la Contraofensiva fue realizada por dos estructuras del Ejército: el Batallón de Inteligencia 601, que desde 1978 estaba en Campo de Mayo (y de la que dependía el 201, de Inteligencia de Campo de Cayo) y la SOE (Sección de Operaciones Especiales) del Comando de Institutos Militares. El 601 trabajaba en las persecuciones al exterior (Brasil, Europa) y hacia adentro hacía el “trabajo” la SOE.

El hallazgo del trámite administrativo de Stigliano permitió comenzar a reconstruir la Sección Operaciones Especiales (SOE), que era casi una estructura fantasma, porque hasta ese momento no aparecía asentada como parte del organigrama de Campo de Mayo. El año pasado, Página/12 dio cuenta del trabajo de reconstrucción que realizó en los últimos años la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a cargo de Stella Segado. En ese momento se dijo que la SOE se había creado en el Comando de Institutos Militares, que era una institución educativa y no de combate. La Orden Parcial 405-76 de mayo de 1976 incorpora este lugar a la zonificación militar, nombrándola como “Zona 4”. En esta zona tomó cuerpo una estructura de inteligencia ad hoc que por falta de personal debió nutrirse de las distintas Escuelas del Comando de Institutos. Estos oficiales integraron la Sección Operaciones Especiales, la SOE, que en criollo era un grupo de tareas. La mayor parte de sus miembros estuvieron en el SOE sólo de modo transitorio. Permanecían dos o tres meses en “comisión de servicios” y solamente iban a hacer tareas operativas. El área estuvo comandado por el capitán Martín “El Toro” Rodríguez y a partir de 1979 por Stigliano. De acuerdo con la reconstrucción que hizo el Ministerio de Defensa, es posible que en cada etapa de la SOE haya habido unas 20 o 30 personas que rotaban cada dos o tres meses. De esta manera, los “operativos” que estuvieron involucrados en los dos años que se investigan en la causa son varias decenas.

La patota

En el legajo de Stigliano figura un reclamo por una herida. Eso fue fundamental para vincularlo directamente con los secuestros de la Contraofensiva. El 17 de septiembre de 1979 fueron asesinados en Munro y en una emboscada dos integrantes de la conducción nacional de Montoneros: Armando Croatto y Horacio Mendizábal. Habían vuelto al país en el marco de la primera Contraofensiva y la patota llevó a una cita a Jesús María Luján, el “Gallego Willy”, que ya estaba secuestrado. Cuando los vio, salió del auto, les gritó que era una cita cantada y se armó un tiroteo. Stigliano estaba ahí y terminó herido. En su legajo se asentó entonces la felicitación de Nicolaides por el mérito al combate. A partir de esa mención, Defensa comenzó a buscar los nombres de quienes habían recibido la misma buena nota. Sabían que podían ser 30 o 25 porque en el legajo de Stigliano aparecía en lápiz un “1sobre25”. En Defensa dicen que en ese momento se dieron cuenta de que a Nicolaides le encargaba felicitar a su gente, lo hacía frente a cada operativo y eso facilitó la tarea. Además, la relación de Stigliano con la Contraofensiva estaba confirmada por un viejo testimonio de una sobreviviente en la Conadep. Ella indicaba que él le levantó la capucha y que le tomó “declaración”. Con esos datos comenzó la reconstrucción de la SOE. Fueron encontrando integrantes de Gendarmería, del Servicio Penitenciario Federal, o sea, que el grupo de tareas estaba formado por fuerzas conjuntas. De allí sacaron la lista de decenas de imputados que tiene ahora la jueza.

La otra pata represiva en esta causa está integrada por el 601, lo que se conoce como el “grupo Hoya” y que fue en parte investigada por el juez Lijo. Pero los querellantes descubrieron que quienes trabajaban con Hoya podían ser más de veinte y aspiran a que se profundice esta línea en el expediente de Vence.

“Hicimos un trabajo de investigación y van surgiendo responsabilidades. Tenemos sospechas, testimonios. Ahora falta el trabajo de la jueza y la fiscalía”, señaló a Página/12 Florencia Tajes Albani, hermana de Daniel Crosta, desaparecido en septiembre de 1979. “Queremos que la jueza llame a todos y que no desguace la causa, que arme una megacausa”, agregó en el mismo sentido Daniel Cabezas, sobreviviente y hermano de Gustavo, secuestrado en 1976 por un grupo de la escuela de comunicaciones de Campo de Mayo. El abogado Pablo Llonto, representante de los familiares de las víctimas, cree que “lo que hizo la jueza hasta ahora es importante y estamos conformes, pero sabemos que son más y no podemos sino hacer los deberes para que todos los genocidas vayan a la cárcel. Los querellantes esperan el segundo paso, que sería la indagatoria a todos los involucrados”.