Ariel Maciel

Industriales salieron al cruce de la decisión del Gobierno de abrir y beneficiar impositivamente a las importaciones de productos terminados de la canasta familiar. Tanto grandes, como pymes fabriles, se alinearon para alertar por el inicio de un proceso que perjudicará a la producción nacional. Pero, luego de la decisión, se corrió un telón que reveló una tensión detrás de escena que enfrentó a empresas productoras con el ministro Luis Caputo: el jefe del Palacio de Hacienda los trató de especuladores; y las empresas acusaron al Gobierno de bendecir a supermercadistas.

Caputo defendió los beneficios que horas antes había anunciado para los importadores. Fue ante el círculo rojo estadounidense, cuando pasó por el AmCham Summit 2024 que se realizó en CABA. Allí aseguró que los ejecutivos de las empresas productoras admitieron especulación cuando exageraron remarcaciones en las góndolas. Semejante confesión se produjo en la charla que el funcionario mantuvo con las empresas de consumo masivo, la semana pasada, en el Palacio de Hacienda. Allí estuvieron representantes de Las Tres Niñas; Molinos Río de la Plata; Molinos Cañuelas; Quickfood SA; Establecimiento Las Marías; Procter & Gamble; Johnson & Johnson; Arcor; Mondelez; Mastellone; L'oreal; Danone; Unilever; Compañía Industrial Cervecera; Coca Cola; Nestlé; y Quilmes.

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“En la charla con los productores, que fue realmente muy buena, reconocieron que habían priciado (puesto un precio a) sus productos imaginando un escenario caótico y no se dio; y saben perfectamente que sus productos están totalmente desfasados. Y dijeron ‘los vamos a bajar’. Pero, en el mientras tanto, hay precios, algunos pertenecen a la canasta básica, que realmente no pueden estar ahí”, afirmó Caputo.

La “batalla cultural” de Caputo

El jefe del Palacio de Hacienda afirmó que “los primeros tres meses han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos” y recordó que “en general, todo el mundo o la media de los economistas esperaba un escenario bastante más disruptivo”. “Muchos esperaban hiperinflación o dólar de $2.000 o $3.000 hasta $8.000. Nadie esperaba que se pudiera reconstituir el balance del Banco Central tan rápido”, sostuvo. Entre los que esperaban ese escenario negativo incluyó a los productores de la canasta básica.

El ministro admitió que “a la gente le está costando llegar a fin de mes” y que es insostenible el relato oficial de un modelo mejor, sin programas de control como Precios Justos, ley de Abastecimiento, y ley de Góndolas, si “la gente va al supermercado y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos”. “Se pregunta ‘¿este es el modelo?, no puede estar bueno’”, se sinceró. Allí apeló a la “responsabilidad empresarial” y pidió ganar la “batalla cultural”. “Si vendemos 2x1, u 80% la segunda unidad, quiere decir que en la primera se puede vender también a un precio mucho más razonable, porque el INDEC toma el precio a una unidad, porque no podés forzar a una persona a que compre una segunda unidad”.

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“Está perfecto el INDEC y es entendible la reacción de los empresarios, pero hay que darle un empujoncito para que también las cadenas tengan poder de negociación con el productor y digan ‘si vas a traer precios de listas más altos, quedátelos que (yo) importo’. Es una manera de forzar la competencia y proteger al consumidor. Y este momento lo amerita, porque la gente hace un esfuerzo y si los precios no tienen un nivel razonable no está bueno”, argumentó.

La desmentida empresaria

Fuentes empresarias, consultadas por PERFIL, se mostraron “sorprendidas” por las declaraciones de Caputo. “Lo de precios desfasados nadie del sector lo dijo, porque no es así”, aclararon voceros de empresas que participaron del cónclave señalado por el ministro. Una de esas fuentes admitió que “algunas empresas quedaron en revisar tema promociones y descuentos por el pedido que se hizo de ‘clarificar precios’", pero enfatizó que “no se habló de remarcaciones especulativas”.

“El Gobierno se comió el verso de los supermercados. Los únicos beneficiados con la medida de hoy (martes) son los súper, que van a importar los productos de marca propia sin el impuesto PAIS”, arremetió otro ejecutivo empresario. Sucede que subyace una vieja disputa entre fabricantes y supermercadistas por la rentabilidad, con acusaciones cruzadas, que llevó a distintos funcionarios a intentar dilucidar, sin éxito. El Gobierno actual resolvió ese conflicto en tiempo récord, luego de escuchar este lunes a los dueños de las grandes cadenas, quienes apuntaron contra los productores.

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La preocupación hizo poner en punto de ebullición la situación adentro de la Coordinadora de Industrias de la Alimentación (COPAL), en donde no salen de la sorpresa. “Nunca nadie fue tan resolutivo en un tema que es complejo. En la reunión que menciona el ministro Caputo, ninguna empresa reveló ningún sistema de pricing, básicamente porque es inviable plantear estrategias de comercialización cuando en la misma mesa hay competidores directos. Y, si bien algunas empresas mostraron buena predisposición para unificar precios únicos, lo que quedó claro es que en el Gobierno no entienden nada del mercado de promociones y marketing”, se despachó otra fuente consultada por este medio.

La UIA se despereza

La Unión Industrial Argentina, controlada por multinacionales, como Techint, Arcor y automotrices, se quejó por un “trato desigual” en términos impositivos que generó la nueva medida sobre el comercio exterior. También es cierto que la primera queja pública de la UIA, a través de un comunicado de prensa, estuvo matizada por respaldos al Gobierno en materia laboral y elogios a la Corte Suprema de Justicia por el fallo en contra de las indemnizaciones.

“Los representantes manifestaron su preocupación por lo que consideran un trato desigual para la industria. Mientras los productores nacionales deben pagar en 4 cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días. El anuncio realizado hoy afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”, destacó el posicionamiento.

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La central fabril, conducida por el abogado Daniel Funes de Rioja, no pudo esquivarle a la “caída del mercado interno y el impacto del crecimiento de los costos” para las fábricas, que se escuchó en la reunión de Junta Directiva, a donde participan representantes regionales y sectoriales. Los industriales le reclamaron al Gobierno “líneas de financiamiento, medidas tributarias, laborales, entre otras”, además de “acciones para amortiguar el impacto en las pymes y en las economías regionales ante un escenario recesivo”.

Crónica de una muerte anunciada para las pymes

Más contundente fue Industriales Pymes Argentinos, una entidad que perdió más rápidamente la paciencia, desde que alertó que el presidente Javier Milei no incluyó a la producción en su agenda de campaña electoral, como tampoco de gobierno. “Echarles la culpa a los fabricantes locales de productos de la canasta básica por la suba de la inflación es una decisión tan desmesurada, como errónea. Las Pymes nos enfrentamos a una crisis de la producción desde mucho tiempo, con una inflación de costos que restringió al máximo la rentabilidad de las empresas”, sostuvo en un comunicado de prensa.

“La decisión del Gobierno de importar productos terminados, quitándole también impuestos, va a contramano de lo que sucede en la Argentina, en donde a las Pymes se les han incrementado los impuestos para producir. Lo que debería haber hecho la administración nacional es quitar impuestos y comprometer a las fábricas, pero especialmente a los grandes comercios, a bajar los precios. Destruyendo la oferta local no se encuentran soluciones, sino más problemas”, dijo el presidente de IPA, Daniel Rosato.

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La queja no apuntó sólo a los beneficios actuales, sino que el jefe de las pymes alertó por efectos futuros, al señalar que la eliminación de la producción local dejará desprovisto a los argentinos de un escenario de competencia de precios: “Si se destruye la oferta nacional, incluso por una baja de precios temporal, en un futuro conflicto inflacionario no le permitirá a la administración negociar con nadie, porque tanto los precios, como el abastecimiento, estarán en manos extranjeras. Si seguimos por ese camino, es el inicio de la crónica de una muerte anunciada para las Pymes”.