Si en una o dos semanas, cuando la iniciativa se someta a votación, se confirman las posiciones que adelantaron ayer referentes de los bloques opositores, le sobrará apoyo político al proyecto de ley que envió José Manuel de la Sota para denunciar el Pacto Fiscal y reclamar luego recursos a la Nación.

Presidentes y miembros de las bancadas del juecismo y del radicalismo, y de dos de los tres bloques uninominales que conforman la oposición provincial, expresaron coincidencias generales con la iniciativa oficialista. Y si bien antepusieron cuestionamientos a los modos de De la Sota y las políticas que impulsa en la gestión provincial, concluyeron en que aprobarían la ley.

Como anticipó este diario en la edición de ayer, la Provincia envió a la Unicameral un proyecto de ley que pretende revocar la adhesión de Córdoba al Pacto fiscal de 1992, por el cual todas las provincias cedieron el 15 por ciento de coparticipación para sostener el sistema previsional nacional.

Se trata de un paso previo que debe dar la Provincia para luego plantear una demanda ante la Corte por esos recursos, tal como le reclaman al gobernador, desde hace varios meses, dirigentes juecistas y radicales, entre otros.

Críticas y condiciones. El legislador Roberto Birri, titular del bloque del Frente Cívico, dijo que a pesar de que De la Sota “ha perdido una enorme cantidad de tiempo”, la iniciativa que presentó en la Unicameral “está en el recorrido de lo que se tiene que hacer”.

En este sentido, consultado sobre cómo votarán el proyecto, señaló: “Lo vamos a discutir en el bloque pero, personalmente, creo que hay que apoyarlo porque va en la misma dirección que reclamamos desde el Frente Cívico”.

Su compañero de bancada, Ricardo Fonseca, agregó: “De la Sota está haciendo lo que nosotros le marcamos, aunque lo hace de manera tardía. El problema es que ensucia todo en el marco de su campaña presidencial, en una especie de juego a dos puntas porque sabe que mientras sigue gastando millones de pesos en publicidad, la Provincia afronta graves problemas financieros sin esos montos”.

Por el radicalismo también hablaron dos parlamentarios. El mestrista Orlando Arduh dijo que “la posición de la UCR se va a delinear institucionalmente en el marco de un plenario partidario”. Aunque inmediatamente aclaró que está “conforme” con esta medida “porque es una propuesta que también formuló la UCR”.

Puso como condición “lograr la certeza” de que los recursos que se obtengan “cubran el déficit de la Caja”.

El aguadista Rodrigo de Loredo condicionó su voto a que el oficialismo incluya modificaciones, y propició cambiar la modalidad del reclamo: “Creo que la Provincia no debe denunciar el convenio, sino demandar una acción de inconstitucionalidad, porque la vía de la denuncia del convenio implicará la renuncia a unos 10.000 millones de pesos que del 2006 en adelante le adeuda la Nación a la Provincia por retención indebida del 15 por ciento de la coparticipación”. Y agregó: “La irresponsabilidad cortoplacista del Gobernador no puede resignar millonarios fondos que les pertenecen a los cordobeses”. Mencionó las “pretensiones presidenciales” como un obstáculo.

Para el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal), “antes que votar esa ley habría que buscar un modo de asegurar que no se corte el diálogo con la Nación”. No obstante, dijo que si no receptan su inquietud, votará a favor.

Rubén Borello (Consenso Córdoba) adelantó su voto a favor. La legisladora Liliana Olivero está de licencia por enfermedad.