El titular de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Bariloche, Wálter Cortés, el secretario Gremial de UTHGRA, Ovidio Zúñiga, el destituido Intendente Omar Goye, y el interventor de la UOCRA de Neuquéun, Víctor Cárcar, fueron condenados a cuatro años de prisión, por la defraudación al Policlínico sindical Arbos, hecho ocurrido en 1999. Los dirigentes sindicales y políticos fueron además inhabilitados para ejercer cargos gremiales -en el caso de Cortés, Zúñiga y Carcar-, y la profesión de contador -Goye-, y al pago de multas. Los cuatro condenados deberán pagar 45 mil pesos cada uno, más costas.

En su fallo leído este lunes, el Tribunal Oral Federal de General Roca instruyó además el inicio de una causa para investigar la participación de funcionarios de la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud de la Nación en la defraudación al Estado.

El único condenado que escuchó la sentencia en la sala de audiencias fue Ovidio Zúñiga, quien consultado por ANB si se había hecho Justicia, respondió "no", ya que, argumentó, el responsable del manejo de los fondos -por Gonzalo Madrazo-, no estuvo presente. Adelantó que brindará en Bariloche una conferencia de prensa en los próximos días.

La lectura

El tribunal aplicó las pena por entender que los integrantes de la comisión directiva del policlínico Arbos, tramitaron en 1999 dos subsidios para mejoramiento institucional y fueron destinados para otros fines, incluso transfirieron los fondos a dos sociedades fantasmas abiertas y conformadas por los propios procesados. Es por ello que el delito tuvo la calificación de "reiterado".

Apremiados por la fecha de prescripción que estaba fijada para el 29 de abril a las 8 de la mañana, la Cámara Federal debió realizar el juicio sin la presencia de un quinto imputado, Gonzalo Madrazo, abogado de Arbos y quien tuvo el manejo de los fondos, producto de una enfermedad que le impedía comparecer en Roca.

Luego de varias suspensiones, el proceso llegó a su fin cuando poco minutos antes de las 13 –pese a que el horario previsto era a las 11-, Márquez ejerció por primera vez la presidencia del Tribunal para leer la sentencia.

Sólo con la presencia de Zúñiga, sin abogados y sin los demás imputados, se escucharon los siete puntos de la parte resolutiva del fallo. En primer término se desechó los planteos realizados por las defensas y luego comenzó con la condena para cada uno de los acusados de la estafa.

Por ser el presidente del Concejo de Administración de Arbos en el momento de cometerse el delito, la primera condena que se conoció fue la de gastronómico. Con la mirada puesta en el Tribunal, Zúñiga escuchó: “Condenarlo por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública reiterada en dos oportunidades, a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el mismo lapso de tiempo para ejercer cargos sindicales y aplicarle una multa de 45 mil pesos, más las costas del proceso”.

Luego, Márquez siguió con los demás imputados, el mercantil Walter Cortés (ex vicepresidente de Arbos) y el dirigente de la construcción Carcar (ex tesorero), a quienes se les aplicó la misma pena que a Zúñiga.

Luego se escuchó el fallo con respecto a Goye. Al intendente destituido de Bariloche se le aplicó la misma pena de cuatro años de prisión y como no es sindicalista, se le prohibió ejercer su profesión de Contador Público Nacional por el mismo período. Además de la multa de 45 mil pesos y el pago de las costas del proceso.

Los cuatro condenados no cumplirán de manera efectiva los cuatro años de prisión hasta que el fallo correspondiente no quede firme. Los abogados defensores tienen la posibilidad de plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que consideren que la pena no fue correcta.

Tanto Zúñiga, como Cortés y Carcar formaban parte de la conducción del policlínico Arbos al momento de tramitar dos fondos ante el Ministerio de Salud de la Nación. Para ello debieron elaborar dos proyectos de fortalecimiento institucional y así consiguieron dos subsidios por 185.000 pesos/dólares y por 1.750.000 pesos/dólares que fueron destinados al pago de servicios a dos empresas constituidas días antes que tenían en sus directorios a Cortés y Carcar (Fox Valley) y a Madrazo y Goye (Surtsey) que cobraron esos montos.

El papel del ex Intendente, en su ro de contador externo, fue el de completar todos los requisitos contables para que los subsidios sean otorgados, además del contacto con el estudio en Buenos Aires que armó las sociedades. Asumió además el cargo de vicepresidente en la empresa que facturó 1.750.000 pesos a Arbos, por servicios que nunca prestó.

Del mismo modo, en el juicio quedó en claro que los fondos fueron cobrados en efectivo, y que parte de esos montos se depositaron en cuentas de Madrazo.

En su defensa los sindicalistas sostuvieron que el dinero fue utilizado para pagar deudas con acreedores y que “intentaron salvar de la quiebra” la institución.

Alegatos

Oportunamente, la querella, ejercida por la Oficina Anticorrupción había solicitado para Ovidio Zúñiga, Wálter Cortés y Víctor Carcar 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para desempeñarse en actividades gremiales. Para el ex Intendente Omar Goye pidió la misma pena y 10 de inhabilitación para ejercer como contador. Los acusó de ser coautores penalmente responsables de defraudación a la administración pública, y el reintegro de 1,9 millones de pesos.

Por su parte, la Fiscal de Cámara, Mónica Belenguer, reclamó 6 años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer actividades sindicales para los tres gremialistas procesados. Para Goye pidió la misma pena y 5 años de imposibilidad de ejercer como contador. Al igual que la querella, planteó que se gestionaron "fraudulentamente" los dos subsidios "invocando como destino objetivos que de antemano se sabían ficticios". Detalló la maniobra de conformación de las sociedades anónimas y la metodología de extracción del dinero.

En tanto, la defensa, solicitó la absolución de los 4 procesados, luego del corrimiento de Gonzalo Madrazo, quien por problemas de salud no pudo concurrir a la instancia oral y pública del juicio, y fue apartado del expediente para poder continuar con el proceso.

El abogado del destituido Intendente de Bariloche Omar Goye, utilizó pocos minutos para realizar su alegato y solicitar al Tribunal la absolución de su defendido. Edgar García Sánchez edificó su argumentación sobre los hechos sucedidos en 1999, en que Goye era un contador externo, contratado, por el Policlínico Arbos; y consideró que la causa es "política" y "apoyada por los medios amarillistas". El letrado no sólo pidió la absolución, sino que además reclamó que las costas del juicio sean aplicadas a la parte querellante, es decir la Oficina Anticorrupción.

Ricardo Mendaña, abogado de Ovidio Zúñiga, al exponer su alegato en el que solicitó la absolución de su defendido. Argumentó que no está demostrado el engaño, ni se pudo determinar -es más, dijo que la fiscalía no se preocupó en buscar- que "un sólo peso" de los dos millones de los subsidios hayan terminado en manos del dirigente gastronómico.

El abogado Gustavo Palmieri también solicitó la absolución de sus defendidos Wálter Cortés y Víctor Carcar. Fundamentó el pedido en lo que interpretó fue una "doble acusación", modificada por la fiscalía en medio del proceso. Para Palmieri "no hay pruebas" que los imputados "se hayan quedado con los fondos", y al igual que el abogado de Ovidio Zúñiga indicó que "no existió un engaño" a la Administración de Programas Especiales (APE) del ministerio de Salud de la Nación, para la obtención de los subsidios.