A la ex directora de Niñez y Adolescencia se le dictaron ocho meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y se la sentenció a pagar una multa de 6.000 pesos. Por otra parte, al ex subdirector del Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (Ipesa), Carlos San Miguel, se le prohibió ejercer cargos de orden público por cuatro meses y está obligado al pago de 3.000 pesos.

Los dos ex funcionarios llegaron al juicio por la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, surgido a través de las situaciones de maltratos y los encubrimientos de delitos hacia niños y adolescentes. La semana pasada, el fiscal Carlos Ordás había pedido durante los alegatos, una condena de ocho meses de inhabilitación especial para cumplir funciones públicas y una multa de 6 mil pesos a los dos imputados.

Los defensores de los condenados, Francisco Marull y Santiago Moronta, habían solicitado la absolución de sus clientes.

Hechos.

Los dos ex funcionarios renunciaron en 2009, cuando las denuncias de lo que sucedía en el Ipesa también provocaron la dimisión de quien fuera en aquel momento titular del Ministerio de Bienestar Social, Cristina Regazzolli; que fue reemplazada por el actual ministro Gustavo Fernández Mendía.

El incumplimiento es una figura penal que se reprime con entre un mes y dos años de prisión, e inhabilitación especial por el doble de tiempo. Se aplica al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Entre quienes declararon en el juicio, estuvo una joven que quedó embarazada cuando estaba en uno de los hogares. Ella dijo que las chicas solían escaparse y que en esas circunstancias se prostituían y consumían estupefacientes. Otro testigo que pasó ante la jueza, los defensores y el fiscal fue el ex abogado de la dirección, Kevin Christensen.

El juicio había comenzado el lunes 11 de febrero. La causa investigó si los ex directivos tuvieron alguna responsabilidad en los maltratos y abusos a niños y adolescentes de los hogares de menores, que salieron a la luz a través de las denuncias públicas realizadas en las páginas de este diario.