En ese mismo edificio, hace más de 35 años, supieron estudiar varias de sus víctimas, jóvenes militantes y soñadores que desaparecieron y fueron acribillados en presuntos enfrentamientos.

El juicio oral y público por la represión ordenada desde el Comando del V Cuerpo, con asiento en esta ciudad, el Batallón de Comunicaciones 181, el Destacamento de Inteligencia 181 y los policías y penitenciarios que estuvieron bajo su control operacional, llegó a su fin después de quince meses, ya que había comenzado el 28 de junio del año pasado.

El juez pampeano del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, José Mario Tripputi, que junto a sus pares Jorge Ferro y Martín Bava actuaron como subrogantes, dictaron la prisión perpetua para 14 ex integrantes del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense. En el escenario también estuvieron el secretario del TOF santarroseño Ignacio Rodríguez Berdier y el escribiente Gabriel Marino.

Aplausos.

Los delitos probados en perjuicio de 90 víctimas fueron variados: homicidio calificado por alevosía, cometido por dos o más personas y con el fin de conseguir impunidad; sustracción, retención y ocultamiento de bebés, hijos de dos de las víctimas (Graciela Alicia Romero y María Graciela Izurieta); privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia y aplicación de tormentos en perjuicio de perseguidos políticos. También se aplicó la figura legal del homicidio agravado a la desaparición forzada de personas.

La extensa parte resolutiva de la sentencia -los fundamentos se darán a conocer más adelante- fue interrumpida con aplausos ante cada condena a prisión perpetua. Los represores que recibieron esa pena fueron el general de brigada retirado Juan Manuel Bayón, los coroneles y tenientes coroneles retirados del Ejército, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen (el único domiciliado actualmente en Bahía Blanca), Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Norberto Eduardo Condal, Carlos Alberto Taffarel, Osvaldo Bernardino Páez, Walter Bartolomé Tejada, Jorge Horacio Granada y Hugo Jorge Delme; los comisarios retirados de la Policía Federal, Héctor Jorge Abelleira y Vicente Antonio Forchetti, y el sargento retirado Héctor Arturo Goncalves. Ellos tres, durante los hechos, cumplían funciones en Viedma.

A su vez, el tribunal condenó al policía federal Carlos Alberto Contreras a 18 años de cárcel; y a los oficiales retirados del Servicio Penitenciario Bonaerense, Reynaldo Miraglia y Héctor Luis Selaya a 17 años y 6 meses. Para los tres últimos, el fiscal Abel Córdoba y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que actuó como querellante, habían requerido sanciones algo más severas.

Madre.

Entre los asistentes estuvo la pampeana Celia Jinkis, testigo e integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. La mujer, nacida en Bernasconi, es madre de Eduardo Sergio Korsunsky, el pampeano que nació en esa localidad, que desapareció en San Nicolás el 4 de agosto de 1976 y que cursaba en la Universidad Nacional del Sur. También se vio al secretario provincial de Derechos Humanos, Rubén Funes, junto a sus colaboradores directos, Oscar Gatica y Claudio Montenegro.

Antes y después de la lectura de las sentencias hubo actos públicos afuera del edificio universitario. La izquierda y los movimientos sociales, por un lado, y las agrupaciones kichneristas, por el otro, celebraron el juzgamiento y la condena a los represores.

Inédita resolución

Al final, cuando ya se habían leído las condenas, volvieron los aplausos cuando el tribunal anunció otras resoluciones, entre ellas, una inédita: dispuso que se remitan al Juzgado Federal de Bahía Blanca una serie de artículos del diario local La Nueva Provincia para que se investigue si sus directivos cometieron algún delito cuando, durante la dictadura, publicaron informaciones sobre supuestos enfrentamientos donde murieron algunas de las víctimas de la causa del V Cuerpo. También se requirió que se indague al sacerdote Aldo Vara.

Los jueces, además, declararon a los delitos probados como crímenes de lesa humanidad y por mayoría, con el voto en disidencia de Tripputi, aseguraron que fueron cometidos "en el marco del genocidio" que sufrió la Argentina durante "la dictadura cívico-militar". El magistrado pampeano se opuso, indicaron fuentes judiciales, porque consideró que el genocidio legalmente no se aplica a la persecusión política sino a la religiosa, racial o poblacional.

Otra medida vivada fue la decisión de que los imputados cumplan las penas en cárceles comunes y que se les dé de baja de las fuerzas. Específicamente, el tribunal pidió que se notifique a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de las bajas de los militares pertenecientes al Ejército para que sean destituidos; a la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de los policías federales; y al gobernador bonaerense Daniel Scioli, de los penitenciarios.

"Pensamientos diferentes"

Susana Matzkin fue testigo y siguió el juicio desde su inicio. Ella ayer estuvo en el Aula Magna. Es hermana de Zulma, una de las víctimas, quien bajo la apariencia de un enfrentamiento, fue fusilada junto a Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo y Manuel Mario Tarchitzky en un episodio que se conoce como la "Masacre de calle Catriel". Susana es familiar del ex ministro del Interior, Jorge Rubén Matzkin. "Somos primos hermanos, pero tenemos pensamientos diferentes", remarcó.