El Tribunal de Cuentas lleva adelante el juicio de responsabilidad contra ex funcionarios del área de Servicios Públicos de la gestión del FCS por diversas irregularidades relacionadas con los laxos controles a la empresa de Guido Mogeta que tuvo la concesión de la Terminal de Ómnibus desde 1993. El proceso es para determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes por el daño patrimonial y el perjuicio fiscal que podría haber sufrido la Provincia.

El área Sumarios del TC recomendó aplicar multas para el ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Roberto Claudio Zalazar, al ex subsecretario de Servicios Públicos, Miguel Yadón- había asumido en el cargo en marzo de 2004- y a Rafael Assante, quien se desempeñó como subsecretario en la misma área. También sugiere penas para Carlos Daniel Regalado, ex director de Transporte.

En 2008, el organismo inició una auditoría que advirtió irregularidades y ordenó sustanciar y luego el sumario administrativo de responsabilidad en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos a los efectos de determinar responsables por el daño a la hacienda pública.

El sumario ratificó que se debían aplicar multas a los ex funcionarios por distintos hechos y es por eso que se inició el juicio de responsabilidad. Según pudo averiguar El Ancasti, ya fueron notificados y ahora están en la etapa en la que ejercen su defensa y presentan sus pruebas. Según trascendió, existen algunos obstáculos para la investigación ya que los involucrados argumentaron que, por de distintos cambios que se habían producido en el organigrama del área de Servicios Públicos, no estaba claro quién tenía la responsabilidad en el control de la concesión.

La investigación que realizó el Tribunal de Cuentas fue tomada como base en la fundamentación del decreto del Poder Ejecutivo por el que decidió rechazar el pedido de prórroga del contrato de concesión de la Estación Terminal.

El informe de auditoría se inició en el año 2008 y allí se determinó como irregular la operación de escisión societaria en inscripción en el Registro Público de Tucumán. Esto es porque se constató que la empresa Líneas GM SRL realizó una "escisión” con la firma Catamarca Shopping Terminal SRL, el 30 de junio de 2001. La operación se inscribió en el Registro Público de Comercio. Se trataría de un incumplimiento del contrato de concesión que expresa que para efectuar la transferencia se necesita la autorización del poder concedente, "el que podrá denegar el pedido de transferencia sin derecho a reclamo alguno por parte del concesionario”.

El segundo hecho por que se propone una sanción es debido a que la auditoría verificó que la firma concesionaria se presentó en un concurso preventivo y se advierte que esto presupone un estado de cesión de pago por parte de la concursada. El tercer hecho es por el incumplimiento de ceder a título gratuito un local a la ex dirección de Turismo.

También por el pago del canon fuera de término y en una moneda distinta a la convenida. Por esta situación se propone "formular cargo” a Zalazar, Yadón y Assante.

Y, por último, por el incumplimiento del Régimen Provincial de Transporte por parte de la División Recaudación de la Dirección Provincial de Transporte, se propone multa para Daniel Regalado y para Ramón Nicolás Roldán.