El aumento de boleto que presentaron los empresarios del transporte deberá ser considerado por el Concejo Deliberante, debido a que la cesión de facultades al intendente para definir la tarifa venció al finalizar 2022.

De esta forma, y aunque el pedido ingresó al Ejecutivo, en principio no será el intendente Guillermo Montenegro el que deba determinar si es viable el aumento del 75% que propuso la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), que significaría un aumento de $ 90 en la tarifa: de los actuales $ 119,38 a $ 209,38.

Durante la gestión de Montenegro, el Concejo nunca aprobó o desechó un aumento de boleto, sino que en todas las oportunidades que le tocó tratarlo derivó las facultades al jefe comunal.

La primera vez fue el 24 de julio de 2020, cuando le otorgó 30 días para fijar la tarifa del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros “considerando las evaluaciones de costos y los valores resultantes de la metodología vigente dispuesta por la ordenanza 16789”.

La segunda, el 27 de mayo de 2021. En ese caso, el Concejo facultó al intendente a fijar la tarifa hasta el 31 de diciembre de ese año. Y la tercera y última, el 31 de marzo del año pasado, cuando otorgó las facultades durante 2022.

En el interbloque oficialista esperan que el expediente ingrese al cuerpo, donde deberá ser tratado en primer término –como es habitual– por la Comisión de Movilidad Urbana, que suele solicitarle un cálculo de costos a la Subsecretaría de Movilidad Urbana.

Los concejales volverán a tener tres posibilidades: conceder el incremento, denegarlo o volver a ceder las facultades al jefe comunal. Esa última alternativa es la que hasta ahora siempre encontró el interbloque de Juntos por el Cambio ante la falta de votos favorables para que el Concejo determine el aumento. En todos los casos fue acompañado por Acción Marplatense, que tiene el voto decisivo en la Comisión de Legislación.

Por su parte, el Frente de Todos se ha opuesto tanto a los aumentos como a la delegación de facultades.

La Cametap expresó en su pedido que sus empresas “no son ajenas al incierto contexto económico, la creciente inflación y la devaluación del tipo de cambio, lo que trae aparejadas alteraciones en la ecuación económico-financiera”. Ejemplificaron con el precio del combustible, que “se incrementó en más de un 120% en relación con el 2021”. También mencionaron el aumento de los salarios, las cubiertas, los repuestos y “otros componentes” que están “atados” al valor del dólar.