Por ahora, el intendente Facundo Prades no está obligado a aclarar por escrito al Concejo Deliberante su comprometida situación por la denuncia de corrupción vinculada con la venta de terrenos fiscales a empresarios chinos. Tampoco deberá responder al pedido de apartarse del cargo hasta tanto el caso sea aclarado en estrados judiciales.
El tema quedó definido ayer en una agitada sesión ordinaria del cuerpo deliberativo comunal, al no prosperar del tratamiento sobre tablas del proyecto de comunicación presentado por la concejal Liliana Andrade (Caleta hacia el futuro).
La edil contó con el apoyo de Pablo Calicate (Frente Para la Victoria), pero esa postura fue rechazada por Rubén Martínez (Partido Vecinalista) y el presidente del cuerpo, Javier Aybar (Por Caleta y su gente). Aybar hizo valer su doble voto cuando la moción resultó empatada e hizo lo propio a la hora de proponer que el proyecto sea derivado a la comisión de Legislación General y Reglamento Interno.
No obstante, se mostró proclive a dar lugar a otra iniciativa elevada por Calicate, referida a requerir informes al Departamento Ejecutivo sobre ventas y subastas de terrenos fiscales.
"ENTIENDO QUE ES SU AMIGO"
Fue entonces cuando Andrade pidió la palabra y con evidente indignación la dirigió al presidente del cuerpo diciéndole que lamentaba su postura ya que este delicado tema no debía circunscribirse a una cuestión meramente política y además le resultaba llamativo que el proyecto de su autoría fuera enviado a una comisión que presidía el propio Aybar.
"Yo entiendo que es su amigo personal y está bien; entiendo que tiene convenios con él y también está muy bien -puntualizó-, pero necesitamos una respuesta como cuerpo y que la gente sepa qué hizo el intendente en esa habitación de hotel" de la Capital Federal.
Por ello reiteró que "aquí no hay cuestiones políticas ni personales, sino institucionales", y añadió a modo de ironía que el pedido que ella formulara seguramente tendrá despacho favorable en la comisión que preside Aybar a fines del año 2019 cuando las actuales autoridades de la corporación municipal finalicen su mandato.
"QUE DEVUELVA LA PLATA"
Por su parte Calicate sostuvo que los ediles tenían la obligación de emitir su opinión en representación de toda la comunidad y actuar ante la gravedad de un hecho "bochornoso y lamentable" que a nivel nacional dejó mal vista a la sociedad caletense.
Inmediatamente después dijo que no tenía dudas que "el intendente se guardó dos millones de pesos al facilitar un negocio de tierras fiscales" y también le pidió al concejal Martínez que emitiera su opinión porque él fue quien recibió en su despacho a los inversores chinos que vinieron a comprar tierras fiscales.
"Que diga qué vio, que manifieste su posicionamiento ya que en una ocasión él dijo que a la justicia se la pasaba por las piernas y ahora pretende decir que todo sea sometido a la justicia", aseveró.
Finalmente, con voz alzada, Calicate expresó que "no queremos más chorros en ningún lado e insisto con esto: que devuelva la plata que se llevó".
Posteriormente expuso Martínez, quien en principio remarcó que "nosotros no somos jueces" y que por ello la denuncia sobre Prades debía ser resuelta en el ámbito de ese Poder.
Por otro lado respondió a las críticas que se le hicieron cuando no retornó con urgencia desde Buenos Aires al momento de estallar el escándalo.
En ese sentido dijo que él priorizaba problemáticas sociales, sobre todo de orden laboral, y que por ello se quedó varios días más para motorizar ante organismos nacionales una serie de obras públicas para la ciudad, a las cuales en la sesión de ayer describió de manera detallada.
EL CASO DE LA MOCHILA
Vale recordar que el miércoles de esta semana se cumplió un mes del estallido del escándalo que cobró notoriedad nacional cuando Fermín Valdivia Jara, vecino de esta ciudad y ex asesor del senador Alfredo Martínez (UCR), acusó al intendente a través de la señal televisiva de Todo Noticias de haber percibido ilegalmente una suma de dos millones de pesos.
Ese monto, según Valdivia, fue aportado por empresarios chinos que se beneficiaron con los favores de Prades al facilitarles la compra de tres terrenos para la construcción de supermercados.
El denunciante se mostró arrepentido del rol que cumplió, pero igualmente aportó un video casero en el cual se ve al jefe comunal ingresando a la (supuesta) habitación de un hotel de Capital Federal portando una mochila para recoger el dinero que se observa en una mesa.
En razón de que el presunto hecho de corrupción databa de hacía más de un año, referentes del intendente no solo cuestionaron la veracidad de la denuncia sino que además la vincularon a una burda estrategia política que atribuyeron al empresario Eduardo Costa, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones primarias legislativas, en las que el padre del jefe comunal, Carlos Alfonso Prades, iba a competir precisamente contra Costa por una banca en el Senado.
El padre del intendente también llegó a decir que el video fue un montaje, en tanto que su hijo solo accedió a hablar con algunos medios de comunicación, asegurando que él no se guardó ni un peso y que se pondría a disposición de la justicia, en tanto que aún no está definido el juzgado metropolitano en el que se ventilará la causa.
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