Por mayoría apoyaron lo actuado por la anterior conformación del cuerpo respecto a la presentación que suspendió el procedimiento administrativo de la comisión investigadora. Votaron en contra de esta ratificación los concejales del Frente para la Victoria; y los ediles Ulises Urquiza y Diego Colman. Además, resolvieron que mediante una resolución impulsarán que se sigan investigando las 9 irregularidades detectadas por la comisión investigadora.
La famosa ratificación
Se citó a una sesión especial, luego del fracaso de la anterior por falta quórum, para ratificar o no lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Nº 3.328/2013, de acuerdo a lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso-Administrativo, con asiento en Mar del Plata, en la causa C-4646-AZ1 “INZA, JOSÉ MANUEL C/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL S/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA-OTROS JUICIOS”.
El Concejo lo que hizo por mayoría fue ratificar la apelación que presentó el cuerpo con la anterior conformación, contra la medida cautelar que suspendió el procedimiento administrativo de la comisión investigadora.
Los concejales además manifestaron su voluntad de seguir trabajando para clarificar los hechos denunciados y avanzar en la investigación, lo que plasmarán en una resolución que elevarán a la Cámara que entiende en esta causa.
Votaron en contra de esta ratificación de lo actuado por el Concejo los concejales del Frente para la Victoria (Estela Cerone, Omar Seoane y Rodolfo Rancez), y los ediles Ulises Urquiza (Frente Renovador) y Diego Colman (bloque Cultura, Educación y Trabajo).
La primera en tomar la palabra fue la concejal Maya Vena, quien se desempeñó como presidenta de la comisión investigadora.
Entendió que hubo una intromisión de la Justicia en un tema puramente político e hizo hincapié en que aún no se pudo tratar la cuestión de fondo.
Sostuvo que algunos de los puntos por los que fue investigado el intendente José Inza aún hoy siguen vigentes.
Los 9 puntos son: pago arbitrario de horas extras, sobresueldos de funcionarios, tercerización del cobro de las tasas municipales, la licitación para la extensión de las cloacas en Villa Piazza adjudicada a la empresas Korvial, el contrato del municipio con la empresa Malvinas que está vencido y cuyas actualizaciones de precios no han pasado por el Concejo, la no información de los actos de gobierno, violencia laboral hacia dos periodistas que se desempeñaban en el área de Prensa municipal, entrega de la base de datos de los contribuyentes y decretos sin la correspondiente fundamentación.
Vena apuntó que continúa el pago en modo arbitrario de horas extras en forma excesiva, especificando que el mes pasado se abonaron 500.000 pesos.
Dijo además que “no tuvimos más conocimiento de los sobresueldos. Sólo el contador Lucio Egyptien devolvió la plata”.
A su vez, manifestó que “se reanudó la obra de cloacas en Villa Piazza Norte y queremos saber que ha hecho la comuna respecto a los trabajadores que fallecieron”.
En relación al caso de las periodistas víctimas de violencia laboral, precisó que si bien la causa penal se archivó, el funcionario judicial interviniente dejó en claro que hay indicios de que hubo violencia laboral.
Además, la concejal comentó que “no sabemos que pasó con el sumario que inició el municipio”.
Remarcó que en la Justicia no se está tratando la cuestión de fondo, sino de forma y “estamos dilatando una cuestión que perjudica a la administración judicial”.
Finalmente puntualizó que “no sabemos que pasó con la base de datos de los contribuyentes que se entregó”.
“La decisión debe volver al Concejo”
El concejal Ulises Urquiza, uno de los dos que no apoyó esta ratificación y paradójicamente se desempeña como abogado patrocinante del cuerpo en esta causa, propuso que se solicite la desjudicialización de este tema y que sea el Concejo el que continúe con la investigación de las irregularidades detectadas.
“El pueblo de Azul necesita saber que pasó con ese trabajo que hizo la comisión investigadora”, opinó.
Manifestó que, a su entender, “la decisión debe volver al Concejo y dejar de ser judicial”.
También consideró que “debemos permitir al Intendente el derecho de defensa que requirió”.
La cautelar que no permitió al legislativo seguir con la evaluación de los 9 puntos se vinculó con la presentación que realizó Inza manifestando que se derecho a defensa había sido vulnerado.
Respecto a este punto hubo posiciones encontradas entre los concejales, ya que por ejemplo Vena entendió que “es una tomada de pelo lo del juez al considerar que se vulneró el derecho a defensa. Hubo dos oportunidades en las interpelaciones”.
Puntualizó asimismo que los mismos funcionarios no declararon a favor del Intendente Inza.
También hizo hincapié en que el concejal Rancez tuvo la oportunidad de participar de la comisión y no lo hizo.
El otro edil que rechazó la ratificación de la apelación contra la cautelar fue Diego Colman, quien se pronunció en el mismo sentido que Urquiza. Es decir, que deje de intervenir el juez y desde el cuerpo evalúan las 9 acusaciones.
Al mismo tiempo, hizo una valoración de las irregularidades que se investigaron y opinó que hubo hechos no tan importantes como el caso de las periodistas que denunciaron ser víctimas de violencia laboral.
“Hubo un linchamiento”
Desde el bloque oficialista fue la concejal Estela Cerone la que llevó la voz cantante y quien sostuvo que “la comisión no pudo haber llegado a una conclusión objetiva”.
Aseguró que el Intendente no pudo defenderse y que los integrantes de la comisión tenían y tienen “un encono con Inza y su gestión”.
“Hubo un linchamiento político, hubo revanchismo político y el objetivo claro era la destitución de Inza. Hubo un golpe de estado lugareño”, subrayó.
A continuación afirmó que “queremos que se investigue con el debido proceso”, ya que hubo “una maniobra política revanchista”.
En el mismo sentido, se expidió Rodolfo Rancez, quien sostuvo que hubo una “confabulación destituyente”.
“No hicimos ningún pacto de impunidad”
Pablo Yannibelli recordó frente a los dichos de los concejales oficialistas que “muchos de quienes impulsaron esta investigación fueron de su propio bloque”.
Valoró el trabajo de la comisión investigadora y aclaró ser garantistas respecto al derecho a defensa que le asiste al Intendente.
Expresó que “nos guste o no este cuerpo tomó una determinación de apelar la medida judicial, hay una resolución”.
A su vez, remarcó que “hay que plantear la investigación hasta las últimas consecuencias”, aclarando que “no hicimos ningún pacto de impunidad”
Por su parte, el edil radical, Juan Sáenz, explicó que la Cámara tiene que revocar la cautelar para que vuelva al Concejo.
Entendió además que las resoluciones no hace falta ratificarlas, ya que se bastan por sí mismas.
“Es redundante ratificar algo que se resolvió. Seguirá vigente hasta tanto haya una que la modifique”, dijo.
De esta manera, para Sáenz el pedido que hizo la Cámara no posee mayor sentido y se vincula únicamente con dilatar la cuestión de fondo.
La concejal Cristina Croharé consideró que “hubo una intervención impertinente de la Justicia. Un juez no puede venir a decirnos que reveamos lo actuado cada vez que cambia la composición del Concejo” y lamentó “estar pasando por esta situación”.
Por su parte, Ramiro Ortíz apuntó que el Ejecutivo tuvo la oportunidad de garantizar su derecho a defensa y acordó con que el juez intervino sin corresponderle.
“Hizo la gran Clarín”
En tanto, Hernán Bertellys, concejal de Peronistas sin Fronteras, afirmó que “nuestra posición es resguardar las instituciones por sobre los concejales que van pasando”, anticipando que apoyaría la ratificación de la apelación.
Sostuvo también que “está en tela de juicio la honorabilidad de Inza, así es que tiene que venir a este recinto a defender su buen nombre y honor”.
Claudio Molina consideró que “tenemos que avanzar en la cuestión de fondo. Tenemos que definir si estamos de acuerdo con la función de control que tiene el Concejo, cuando es un rol que le compete”.
Enfatizó que “Cerone niega la realidad, la comisión investigadora hizo un gran trabajo y hubo concejales de todas las bancadas, no sólo de la oposición. Se trata de hechos vinculados a la corrupción y tenemos que impedir que esto quede en la nada”.
En tanto, consideró que no se impidió el derecho a defensa del Intendente y consideró que “hizo la gran Clarín para frenar el proceso de la comisión investigadora. Hay irregularidades” y desestimó que haya habido “una confabulación destituyente”.
TRATAMIENTO DE LAS TASAS
En asamblea de concejales y mayores contribuyentes se convalidó el aumento de tasas aprobado por el Concejo por mayoría, y que incluyó una reducción en los porcentajes respecto a lo propuesto por el Ejecutivo municipal. Los concejales Cristina Croharé (FpV Néstor Kirchner) y Ulises Urquiza (Frente Renovador) , votaron en forma negativa. El voto fue nominal y uno por uno debió expresar su posición.
De acuerdo a lo establecido en esta asamblea los incrementos serán los que a continuación se detallan, aunque hay que aclarar que en algunos tributos ya se encuentran vigentes los nuevos valores, como es el caso de la tasa urbana:
- Tasa por Recolección de Residuos, Limpieza y Conservación de la Vía Pública: 25%
- Fondo Municipal de Obras Hídricas: 30%
- Fondo Especial para Pavimento: 30%
- Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene: 30%
- Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias: $ 200
- Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene: 10%
- Derechos de Oficina: 30%
- Derecho de Construcción: 30%
- Tasa por Control de Marcas y Señales: 30%
- Tasa por Conservación de la Red Vial Municipal: 15%
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