Lucía Sánchez Lucero. El Cuerpo decidió, de manera unánime, convertir en ordenanza una propuesta que faculta al Ejecutivo a denunciar el convenio suscripto en 1984 con la provincia de Buenos Aires, por el cual el Complejo de balnearios Punta Mogotes es administrado por esta jurisdicción. Esto debería redundar en la restitución del bien al Municipio y, para lograr este objetivo, el intendente Gustavo Pulti tendrá un plazo de 180 días.

Al menos así lo establece la norma convalidada ayer, que le otorga al Ejecutivo la potestad de realizar las gestiones y procedimientos necesarios para la entrega a favor de la Municipalidad de la administración, uso y explotación del Complejo. Es que Punta Mogotes es tutelado por un ente interjurisdiccional –conformado mayoritariamente por la Provincia- por una deuda contraída hace más de 30 años entre una Sociedad de Estado con el Banco Provincia.

Según el acuerdo, una vez que se cancelara la totalidad de la deuda, el Complejo debía volver a al ámbito municipal, pero tres décadas después este importante patrimonio marplatense continúa bajo la esfera bonaerense, con una mínima intervención de la Comuna.

A pesar de que el aval del Concejo Deliberante fue unánime, el oficialismo tuvo un intento de último momento para echar para atrás la iniciativa, aunque sin éxito alguno. El concejal Fernando Gauna pidió la vuelta a comisión del expediente al argumentar que la deuda contraída por la Sociedad de Estado recién vencería en el año 2072. 

No obstante, el edil de la Agrupación Atlántica José Reinaldo Cano aseguró estar convencido de que el saldo deudor ya no existe y señaló que, de todas formas, la ordenanza otorgaba un plazo de 6 meses en el que se podrían hacer las correcciones necesarias. 

Como ningún bloque acompañó la moción de Acción Marplatense para que el expediente regrese a comisión, la iniciativa se sometió a votación y consiguió el apoyo de todas las bancadas. Ahora, las gestiones quedarán en manos del intendente municipal, quien deberá encarar una negociación con Provincia para la restitución de Punta Mogotes.  

TRASFONDO 

Lo ocurrido durante la sesión ordinaria celebrada durante la jornada de ayer, tal vez no tenga precedente: la aprobación de una ordenanza prácticamente por equivocación. Es que, tal como informó oportunamente El Argentino, el último lunes el proyecto fue tratado –tras años de impasse- en la comisión de Legislación y obtuvo el voto favorable de todos los integrantes.

Según expresaron los concejales en aquel encuentro, estaban de acuerdo en convalidar una resolución que instaba al intendente a iniciar las gestiones para la restitución del Complejo. De hecho, en ese momento se mencionó que había un proyecto de ordenanza del massista Lucas Fiorini en este sentido, pero los ediles optaron por avanzar con la resolución –una declaración política más que vinculante- y dejar para más adelante el tratamiento de una posible normativa de mayor peso.

Sin embargo, administrativamente lo que fue puesto en consideración, y por tanto lo que llegó al recinto con despacho de comisiones, fue un proyecto de ordenanza ya que así lo había dispuesto la comisión de Turismo en octubre de 2014. No sólo el oficialismo no se percató de esto, sino que tampoco los restantes bloques, hasta la jornada del miércoles cuando el proyecto de ordenanza ya estaba incluido en el orden del día de la sesión.

La diferencia radicó en que las otras fuerzas en el Concejo Deliberante optaron por avanzar de todas maneras, mientras que la bancada de AM buscó revertir el proceso. En vista de esta particular circunstancia, este medio consultó a fuentes del Ejecutivo sobre la posibilidad de un veto a la ordenanza, lo cual fue categóricamente desestimado.   

RECUADRO EXPEDIENTE CON HISTORIA

A principios de 2011, el por entonces concejal kirchnerista Diego Garciarena elevó un proyecto de ordenanza para autorizar al Ejecutivo a denunciar el convenio celebrado con la provincia de Buenos Aires en 1984 y disolver así el Ente Administración Punta Mogotes.

La propuesta prácticamente no obtuvo tratamiento porque casi en simultáneo, el oficialista Leandro Laserna hizo lo propio y consiguió la aprobación en la comisión de Legislación. Pero el expediente no pasó de allí, ya que tenía giro a Hacienda y nunca consiguió despacho favorable. Poco más de un año después, el edil Hernán Alcolea (ahora en las filas del Frente Renovador) presentó un proyecto en igual sentido y en un mes logró que se sancione en sesión su pedido. La diferencia esencial entre este triunfo y el fracaso anterior fue que el de Alcolea era un mero proyecto de resolución, mientras que sus antecesores revestían la denominación de ordenanza.  

El concejal no se quedó contento con esto. Es más, como la resolución fue enviada también a la Cámara de Diputados provincial, cuyos representantes se limitaron a darle el “visto” a la resolución, Alcolea pidió el desarchivo del expediente y un nuevo tratamiento. Esta situación –archivo, desarchivo, vencimiento de plazos, etc.-se repitió a lo largo del 2012, 2013 y 2014, hasta reciente abordaje en Legislación y desde ayer, su conversión en ordenanza.