La palabra exento, usada en la primera versión del proyecto que debió tratarse el 13 de junio, sesión que el oficialismo dejó sin quorum, fue cambiada durante el tratamiento en particular del proyecto, por la palabra salvo. Se trató de una picardía para que el término exento evite que el significado de la palabra (exceptuado de algo) lleve a pensar que efectivamente el Concejo hizo una excepción al Código.

Fueron llamativos la persistencia, el apuro y hasta la casi obstinada compulsión del oficialismo y sus seguidores por aprobar el proyecto. Todos los concejales de la oposición hicieron notar, incluida la edil Socorro Villamayor que hace poco más de un mes dejó el bloque oficialista, pero se identifica con la política del intendente Miguel Isa, en que el Estado no se podía exceptuar a sí mismo de las obligaciones.

Hugo Sumaria, del bloque del PJ y presidente de la comisión de Obras Públicas, defendió el proyecto por el oficialismo. Dijo que así como está el Código, propone sólo el soterrado de alumbrado público y red eléctrica, mientras que la nueva redacción plantea todos los servicios. Dijo que tras la obligación de soterrar servicios, el IPV tiene pendientes de escriturar 3557 viviendas y unos 8.000 terrenos de Tierra y Hábitat están en la misma condición.

Habló de los costos: enterrar ductos, representa entre el 17 y el 20 % del total de una obra; "si la Provincia accediera a un plan de 5000 viviendas, debería claudicar el 50 % de ellas", dijo Sumaria

Villamayor dijo que "costó mucho aprobar los códigos y no estaba dispuesta a retroceder en materia urbanística y que es contradictorio votar una norma que genera trato desigual". Angela Di Bez, recordó que César Alvarez, cuyo voto fue clave en el empate para que desempate el presidente, había dicho hace poco que no iba a legislar con excepciones, sino con los vecinos".

Alvarez dijo después que su frase fue en orden a un problema con un edificio en particular y dijo que "entre mis convicciones y la necesidad de ayudar a gobernar, prefiero ayudar a gobernar".

Alvarez no confirmó, pero tampoco desmintió haber recibido un llamado del intendente Miguel Isa, con un "dame una mano", pero al momento de hablar deslizó sus críticas al IPV, por no haberse ajustado en su momento a las normas y al propio Ejecutivo Municipal. Martín Poma, vocero in pectore del oficialismo, preocupado por las prohibiciones seriarles, dijo que “no era una excepción, porque no se trata de una norma individual”.

Aroldo Tonini atribuyó el proyecto a la presión de cinco o seis empresas que participaron de la última licitación del IPV que no quieren asumir el costo del cableado subterráneo y que el Estado debe dar cuenta del fiel cumplimiento a las normas y de ejemplaridad”. La votación del proyecto se hizo 10 minutos antes que termine el miércoles 27.

Se votó en tres ocasiones, en todos los casos votación nominal, que resultó también confusa en algún momento. “Consideró que el proyecto está rechazado dijo Martín Pérez Estrada que exigio los 2/3. El PO, el Frente Salteño, Fe Peronista, Salta Somos Todos, Propuesta Salteña y Salta Federal votaron en contra. PJ, MMS, Lealtad Popular y Lealtad para la Victoria, a favor.