El concejal Saúl Bajamón tomo la palabra para pedir fundamentar un decreto que solicita la profundización de los trabajos de investigación y pasar a una comisión que tenga la facultad de suspender y hasta destituir a Ezequiel Gali, o no.

El proyecto fue aprobado por el voto de la Oposición. Araneo solicitó que pase a comisión de Legislación, cosa que fue apoyada por la Oposición, excepto FPV Miles y Cambiemos.

La concejal Capuano repasó el motivo de la creación de la Comisión que ha emitido los dictámenes que se tratan este jueves. Solicitó que empiecen a justificar las posiciones de cada uno de los bloques.

El primero de los que habló fue el concejal Aramburu.

El edil se refirió a los incidentes en la Terminal. Hizo hincapié en el testimonio del concesionario de El Rápido que, según declaró en la comisión, advirtió a las autoridades en reuniones previas acerca de la probabilidad de incidentes, dada su experiencia en recitales anteriores en Tandil.

En otro punto, afirmó que hay contradicciones entre lo dicho por el intendente en la interpelación y lo que han informado el comisario Busto y el titular de seguridad, Simón.

Para Aramburu está claro que no alcanzaban los efectivos policiales ya en días previos, debido al interés que había suscitado el recital.

También el concejal arremetió contra los controles que Bromatología debió realizar, tanto dentro como fuera del predio.

Concluyó afirmando que el Departamento Ejecutivo es responsable de lo sucedido, también en lo que tiene que ver con el compromiso del patrimonio municipal, sin pasar por el concejo Deliberante. Esto referido a que la comuna fue garante entre los productores y el juzgado.

La concejal Capuano, para complementar al anterior edil, afirmó que un insumo fundamental para el dictamen, fueron las respuestas del intendente en la interpelación.

Tienen el foco puesto en la idoneidad de los funcionarios que intervinieron en el recital, explicó.

Recordó que el intendente sostuvo que cada área cumplió con lo que tenía que hacer.

Puso como funcionarios clave, ya que han sido mencionados por el intendente muchas veces, al responsable de Legales, Luciano Blanco y al titular de Seguridad, Eduardo Simón.

La edil responsabilizó a Luciano Blanco por las consultas en torno a la posibilidad de que el municipio sea fiador. Consideró que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Iguerategui tomo la palabra para decir que el revanchismo nubló la lógica del gobierno municipal. Denuncio que jamás se consultó a gente con experiencia, como el intendente de Tandil, Miguel Lunghi.

Agregó que se le hizo mucho daño a la ciudad con la exposición negativa en los medios de comunicación durante seis meses.

Citó al intendente con una frase que le adjudicó: ‘La verdad duele, pero con la verdad se llega lejos’.

Anheló que la justicia, independiente, pueda desarrollar su tarea.

Empezó a repasar inconsistencias que ellos han encontrado: el factor ocupacional por el que se habilitó; no consta la inspección de Bomberos de Azul en las 24 horas previas; violación a la ordenanza fiscal impositiva por la forma en que se pagó la tasa de espectáculo; también encontraron fallas en el cobro del canon a los puestos, que debería ser devuelto porque no se cumplió con lo que se prometía como contraprestación; incluyó el traslado de personas en camiones y la falta de previsibilidad, además de la inacción de la policía y el juzgado de faltas.

Siguió la lista con una justificación que dio el intendente acerca de un decreto que cabría para poder haber tomado la decisión, omitiendo, dijo el concejal, que se trata de una norma que busca intervenir en situaciones climáticas.

Iguerategui además puso de manifiesto el tema del municipio como fiador. Para él, el intendente hipotecó el futuro de la ciudad por no haber consultado al Tribunal de Cuentas. Denunció que el intendente ofició de intermediario del negocio, y que esto está penado por el Tribunal, en caso que la comuna deba hacer frente a algún tipo de erogación. En realidad, dijo Iguerategui, el HTC sostiene que deben responder con su patrimonio y no con el del erario público.

Iguerategui sostuvo que ya ha habido erogaciones relacionadas con el hecho y que hay que solicitar que las mismas sean abonadas por los funcionarios, como el intendente, y no por las arcas de la comuna.

El concejal Fal consideró que la Comisión Especial ha trabajado de manera impecable.

Después de aclarar que en todo momento el bloque ha asumido un serio rol en todo el proceso, afirmó que ellos no van a emitir dictamen y acompañarán lo que salga en la resolución.

Agregó que como todos en el Recinto quieren llegar a la verdad.

Araneo saludó que los concejales oficialistas reconozcan que las autoridades del municipio hicieron las cosas mal.

Descartó que con la declaración de visitante ilustre los ediles estén involucrados en algún tipo de conocimiento de lo que sucedió en la organización, de la que no fueron consultados para nada.

La concejal también puso el ojo en el factor ocupacional que no está claro, señaló.

Consideró un avasallamiento que la comuna no sepa cuantas personas asistieron, pero si se haya preocupado por aparecer como garante.

Respecto al pago del derecho de espectáculo, afirmó que fue pagado después del 21 de marzo.

Advirtió que ‘entre todos’ estamos pagando indemnizaciones, según los expedientes que han podido observar en Jefatura de Gabinete. Aproximadamente un millón de pesos, explicó.

También repasó las erogaciones que fueron mencionados por el intendente en la interpelación.

Denunció que el dinero que se cobró por los puestos no está asentado en ningún lugar que ellos hayan visto.

La concejal también sostuvo que el HTC no habilita a las municipalidades a salir de fiadores.

El edil Vitale puso en palabras el por qué citaron a declarar al intendente en su momento. Considero que Ezequiel Galli respondió con muchas evasivas.

Agregó que muchos de los funcionarios no concurrieron luego al cuerpo cuando fueron citados y otros, dejaron de ser funcionarios en el camino.

Destacó, como hizo Araneo, que nunca el cuerpo fue consultado

El concejal Bajamón resaltó el rol que ocupó el concejal suplente Juan Sánchez.

Finalmente, Aramburu tomó la palabra para separar ‘al artista Indio’ y traer al debate la responsabilidad que le cabe la gobernadora Vidal y al ministro Ritondo en todo el asunto. También resaltó la colaboración y solidaridad de los vecinos de Olavarría que suplió, muchas veces, la ausencia del Estado.

La resolución fue aprobada por unanimidad. Será enviada a la Justicia y colgada en la página web del cuerpo.