Dicha norma es la que determina el ejercicio del poder fiscal de la Municipalidad, las obligaciones fiscales de los vecinos -tasas, derechos, permisos, contribuciones, patentes y demás tributos- y el régimen de los precios públicos municipales, con vigencia a partir del 1º de enero de este año.

Después de dieciséis años, fue modificada junto a la Ordenanza Impositiva (Nº3.770) el año pasado pero había sido vetada en forma parcial por el intendente.

Los vetos se habían concretado específicamente en dos puntos, las exenciones del pago de las tasas contemplado en el capítulo once de la primera parte de la norma y lo fijado en el primer capítulo de la segunda parte que se refiere a la evaluación del costo de las tasas que antes se hacía por metro lineal de frente y ahora, además, por la calidad de los servicios prestados.

En relación al primer punto de inflexión, la diferencia de criterio entre lo que propuso el Concejo y lo que sostenía el Ejecutivo en torno a la base por la cual se debían eximir a algunos vecinos del pago de tasas, el intendente continuaba sosteniendo el criterio de que el tope para las mismas debían ser fijadas en una jubilación mínima municipal más un 20 por ciento, es decir que quienes no superaran ese valor quedaría eximido del pago de tasas por servicios generales. Sin embargo, el Cuerpo Legislativo ratificó la semana pasada que el valor de exención fuera el salario básico mínimo de un empleado municipal que se encuentra entre los 1.400 pesos.

El otro punto principal de veto correspondía a la modificación del concepto sobre el hecho imponible, generador de las obligaciones tributarias reguladas en la normativa que se configura como consecuencia de la prestación de los servicios públicos.

En contraposición a lo solicitado por el intendente, los concejales reafirmaron el criterio de realizarlo a través de un índice surgido de la calidad de servicios impidiendo que el Ejecutivo pudiese alterar la valuación fiscal en la que se basaba anteriormente.

De acuerdo a la norma, la valuación fiscal queda afectada por un coeficiente que contempla la cantidad y calidad de servicios prestados a los respectivos inmuebles del distrito y los ajustes de la misma debe hacerse a través de nuevas ordenanzas.

Así, en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, desarrollada el jueves de la semana pasada, por unanimidad de los ediles presentes al momento de la votación, se rechazó el veto parcial del Ejecutivo y se ratificó en todos sus términos la ordenanza sancionada el 23 de diciembre de 2008.