El Concejo Deliberante retomará el lunes el tratamiento de los proyectos de ordenanza vinculados con la Zona Roja. El escenario será la comisión de Legislación: su presidente, el radical Daniel Núñez, publicó ayer el orden día, en el que incluyó todos los expedientes relacionados con la problemática.

La decisión de volver a una discusión que hasta el momento solo cosechó desacuerdos con la oposición obedece a la intención del oficialismo de avanzar con la propuesta del gobierno de Guillermo Montenegro.

Se trata del proyecto que el Ejecutivo envió a fines del año pasado, que impulsa multas y arrestos de hasta un mes por ejercer la prostitución fuera de las zonas permitidas. La actividad “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”, señala la iniciativa.

En conversaciones con la oposición, el interbloque de Juntos por el Cambio manifestó la voluntad de acompañar programas complementarios presentados por el Frente de Todos, siempre que el bloque opositor respalde las sanciones establecidas en el proyecto oficial.

Uno de esos programas es el “Reparar”, destinado a promover políticas públicas integrales y focalizadas para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans “con miras a resolver la vulneración y desigualdad estructural de dicha comunidad”. Otro es el dispositivo de nocturnidad “Farola”, que tiene el objetivo de asistir a quienes se encuentren en situación de calle en las zonas en que se ejerce la prostitución.

De la misma forma, el oficialismo se mostró dispuesto a abrir un proceso de diálogo con vecinos para decidir la zona en que se desarrolle la actividad y a aprobar la creación de un “espacio mixto de participación ciudadana” para elaborar pautas que permitan prevenir la violencia, impulsado por Acción Marplatense.

Los desencuentros sobre las políticas para la Zona Roja llevan más de un año. Comenzó en abril del año pasado, cuando el entonces concejal oficialista Nicolás Lauría presentó un proyecto con el respaldo de la Secretaría de Seguridad para habilitar la prostitución en la vía pública en la diagonal Canosa.

La propuesta generó un fuerte rechazo. En noviembre del año pasado, el propio Lauría, distanciado del intendente, redactó un proyecto con Sol de la Torre (Frente de Todos) tendiente a crear un programa de “zonas seguras de protección integral” con el fin de “promover medidas focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos”.

El artículo más controvertido era el 4°, que establecía que la autoridad de aplicación (la Secretaría de Seguridad) debía acordar con quienes ejercen la prostitución en la vía pública “las condiciones que hagan al desarrollo de la actividad en forma segura”, en espacios “sin frentistas”. “¿Qué pasa si no quieren acordar? ¿Cuál es la capacidad del municipio para acomodar esa situación?”, se preguntó entonces el presidente del bloque de Vamos Juntos, Agustín Neme, al marcar la disidencia del oficialismo con el proyecto.

De todos modos, la iniciativa fue aprobada en primera instancia por la comisión de Seguridad y, luego, por la de Género, con los votos de toda la oposición: el Frente de Todos, Acción Marplatense y Crear Juntos.

Pero luego, cuando debía debatirse en la comisión de Legislación, llegó el proyecto del Ejecutivo para establecer sanciones y el debate se frenó. La última reunión en la que se consideró el asunto fue a principios de marzo, cuando los concejales acordaron unificar el tratamiento de los expedientes.

Unos días antes, en la apertura de las sesiones ordinarias, el intendente había aludido al tema como “un problema de todos” que no es “ideológico”. Allí ratificó “la necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos”, que además “conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constantes”.

“Este Concejo tiene la oportunidad de darle una herramienta a la Justicia y a la policía para que los vecinos vivan más seguros”, azuzó. Y sobre el proyecto oficial, apuntó: “Necesitamos que avance”.