Debido a la falta de acuerdos en el monto de la plusvalía que le pedirán a los inversores, el Concejo Deliberante no otorgó ayer la excepción al Código de Planeamiento Urbano (CPU) que permitiría la construcción del complejo edilicio Crono en la esquina de Dorrego y General Paz.

La obra, que contempla la construcción de dos torres de 24 pisos y que demandará una inversión de 25 millones de dólares en un plazo de 5 años, supera los límites permitidos por el CPU, y entonces el legislativo debe aprobar o no su radicación.

“Todos estamos de acuerdo en que esta obra se haga. El problema es que algunos concejales no logran establecer el monto de la retribución social para la ciudad por el permiso de otorgar esta excepción”, explicó el concejal oficialista Lisandro Ganuza.

Las negociaciones para destrabar el expediente fueron permanentes durante el mediodía y entrada la tarde. En principio había acuerdos para que los desarrolladores se encarguen de colaborar en la apertura y en la construcción de unas 7 cuadras de la avenida del Bicentenario.

Sin embargo, con el correr de las horas, entre otras posibilidades, se mencionó pedir la construcción de un Centro de Integración Comunitario en algún barrio o el emplazamiento de alguna obra de relevancia social, lo cual obligó a suspender el tratamiento del expediente hasta nuevo aviso.

“La Comisión de Obras Públicas convocará a los inversores para la semana que viene”, confirmó Ganuza.

Si bien en el recinto se desconocía de cuánto sería el monto que se solicitará desde el Concejo, "La Nueva." pudo saber que en las reuniones de labor realizadas antes de la sesión se mencionó un valor cercano a los 15 millones de pesos.

“Para pedir una retribución se pueden tomar en cuenta muchos factores, es similar a cuando se hace una tasación. Por ejemplo, la excepción al CPU hay que darla sobre 6.000 metros cuadrados que ocupan las torres, y no sobre los 26.000 metros que ocupará todo el complejo”, destacó Ganuza.

También contó que la intención de aprobar la iniciativa se mantiene en pie y que, en caso de llegar a un acuerdo, se pondrá un plazo de 120 días para establecer derechos, obligaciones y plazos.

“A su vez está consensuado que se le dará un plazo de 180 días para que los organismos nacionales aprueben el proyecto. Queremos que la ciudad no expulse a los inversores que traen proyectos como este, que fue evaluado y tiene el visto bueno de los distintos colegios profesionales”, sostuvo Ganuza.

“Muchos creemos que la plusvalía de todo esto es poder tener un edificio de estas características en la ciudad. Comunicará al centro con Villa Mitre y permitirá revivir un sector que está desolado”, se quejó otro edil oficialista.