En el dictamen elaborado por el oficialismo, se destacó que el Concejo pudo contar para el análisis con la documentación disponible suministrada por el Departamento Ejecutivo y el acceso al sistema denominado Reforma de la Administración Financiera en el ámbito Municipal (RAFAM), que se encuentra instalado en los tres bloques.

También se mencionó que la misión del Tribunal de Cuentas es ejercer el control externo sobre la administración y gestión de los recursos públicos para garantizar su adecuado uso, determinar responsabilidades y prevenir cualquier irregularidad, en un marco de compromiso con la ciudadanía y excelencia institucional.

En tal sentido, desde la bancada de UCR – Cambiemos aseguraron que en las periódicas visitas a Coronel Dorrego, este organismo no detectó irregularidades.

Además, mencionaron que la ejecución presupuestaria se enmarca en lo establecido en la normativa vigente, tanto la Ley Orgánica Municipal como el Reglamento de Contabilidad.

LAS RAZONES DEL VECINALISMO

El presidente del bloque de Juntos por Dorrego, Hugo Segurola, manifestó que si bien el Tribunal de Cuentas “hace el control de legalidad del gasto…pero no tiene punto de contacto con el mérito u oportunidad o conveniencia del gasto”.

“Y es allí donde surge la interpretación de quienes tenemos la responsabilidad deliberativa y legal del análisis de los números del municipio”, dijo.

El vecinalismo objetó inicialmente que la colaboración con las instituciones deportivas “no resultó equitativa en cuanto a la distribución de la ayuda económica, siendo beneficiadas algunas de ellas con un 100% más respecto a otras” (cuando) “en la aprobación de la pauta presupuestaria se fijó un monto mensual igualitario para todas las entidades”.

También cuestionó que en la habilitación de registros de inscripción de técnicos o profesionales nuevamente se optó por la contratación en forma directa en lugar de otorgar igualdad de posibilidades a todos aquellos que se encuentren en condiciones de prestar determinado asesoramiento, servicio o tarea profesional.

“Aún existen obras inconclusas de la administración anterior, con la salvedad que algunas de ellas no se concretaron por el incumplimiento del entonces gobierno provincial, pero en otros casos hacen a la lentitud expuesta para la terminación de las mismas por el Departamento Ejecutivo precedente y el actual”, señaló Segurola.

“Una vez más, debemos marcar la falta de operatividad y puesta en funcionamiento del pozo de agua número 18, como también que pese a la insistencia de la anterior composición de este cuerpo y la actual, se sigue careciendo de la información correspondiente que ilustre con claridad de las razones de su no funcionamiento, incluidas las económicas, técnicas y legales, de una obra de importancia que literalmente quedó ‘tapada’”, añadió.

Además, admitió que se detectó una importante cantidad de órdenes de pago a dos proveedores de una misma prestación de servicios, que coincidentemente cuentan con idéntico domicilio legal, aunque su tributación impositiva sea distinta.

“Los servicios en cuestión fueron contratados en forma directa y con frecuencia dadas las circunstancias existentes, las cuales consideramos atendibles, no dejando de preguntarnos si el procedimiento administrativo resultó el correcto”, aclaró.

Finalmente, el concejal de Juntos por Dorrego destacó que hubo una importante inversión en el pago de honorarios a médicos por la realización de guardias activas en el Hospital Municipal, aunque aseguró que el servicio no siempre se prestó como corresponde, mencionando las quejas, reclamos y hasta denuncias públicas de vecinos.

LOS ARGUMENTOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA

*Falta de documentación respaldatoria relacionada con la obra pública en la ciudad cabecera.

*No existen respuestas a requerimientos presentados oportunamente por este Cuerpo Deliberativo.

* “Existen indicadores precisos del incumplimiento de los pasos administrativos tendientes a la ejecución de obra pública, lo que puede desencadenar en importantes perjuicios económicos al Estado y, en consecuencia, a toda la comunidad”.

*”La fragmentación de las obras públicas impide, en numerosos casos, la adjudicación de las mismas por el mecanismo de licitación, perjudicando los intereses de trabajadores afectados por tal omisión”.

*Falta de órdenes de pago.

“*La no ejecución de partidas determina un incomprensible superávit, lo que perjudica irremediablemente a la concreción de proyectos que demanda la comunidad para el mejoramiento de su calidad de vida”.

*”El Departamento Ejecutivo restringe el acceso a la información necesaria y requerida oportunamente, impidiendo el análisis completo de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016”. (Agencia Coronel Dorrego diario La Nueva.).