Uno de los aprobados por mayoría fue el de la convalidación del decreto para la asistencia técnica en el marco de la auditoría municipal solicitada por el propio jefe comunal Esteban Reino ni bien asumió su cargo.

Desde el oficialismo, sostuvieron que “la auditoría no es un gasto, sino una inversión porque brindará herramientas para resolver las dificultades económicas del Municipio”. En este sentido, el edil Raúl Teijeiro aseguró: “Podrá discutirse que estamos en una situación crítica. Pero la crisis requiere actuar rápido”.

Por su parte, desde el Frente Para la Victoria expresaron que “la auditoría es un gasto debido a que desde el propio cuerpo legislativo se declaró la emergencia económica, financiera y administrativa”. Asimismo, la oposición dejó en claro que no está en contra de la realización de la auditoría, pero lamentaron el poco tiempo que fue analizado en comisión y acusaron a Cambiemos de abusar de la mayoría.

“Queremos saber quién es el estudio contable encargado de la autoría y cuáles son sus antecedentes en otros municipios”, manifestó Martín Pérez.

Mientras que por el Frente Renovador, Gabriel Petruccelli acompañó al oficialismo “porque la auditoría permitirá mejorar los procesos para solucionar la situación económica y, a su vez, se podrán conocer los culpables en caso de que haya existido malversación de fondos”.

Finalmente, se aprobó el decreto por 12 votos (Cambiemos, Petruccelli y Cavuotti) y seis abstenciones (FPV y Guillén).

El otro proyecto aprobado por mayoría (17 votos positivos y una abstención de Guillén) fue el de la suscripción del convenio con la Cooperativa de Electricidad para la contribución especial a la Asociación Bomberos Voluntarios y otras instituciones. Dicho proyecto fue aprobado con una modificación: para no “castigar” al bolsillo de los vecinos, el cobro de esta tasa será troquelado.

Por otro lado, los proyectos devueltos a sus respectivas comisiones fueron la prórroga del contrato de alquiler donde funciona la Sub DDI (hasta que se sepa qué es lo que ocurrirá con los cambios en las fuerzas de seguridad) y el incremento en el costo del boleto universitario para el transporte de pasajeros a INTA.

Enrique Guillén (FR) expresó: “¿Con qué criterio se determina este aumento? El llamado a licitación es inminente, según lo acordado por este propio recinto algunos meses atrás. Para hablar de incrementos, primero habría que analizar el estado de los colectivos, por ejemplo”.

A lo que Petruccelli agregó: “No se escucha al usuario del servicio. Viene el empresario al Concejo con un monto y nosotros como corderitos vamos y lo aprobamos”.

Por su parte, Pérez y Juan Pablo Vismara (FPV) cerraron: “INTA no le genera costos como sí podrían ser Los Pinos y San Agustín. A INTA no viaja fines de semana ni feriados y cuando viaja de lunes a viernes lo hace con los colectivos llenos, cosa que no ocurre con las localidades del distrito. Además, nadie piensa qué pasará con aquellos estudiantes que no puedan afrontar el incremento. Es necesario oír y conocer su opinión”.