Así lo confirmó el edil Eraldo González a EL CIVISMO Digital tras la reunión que llevaron a cabo los ediles en la Presidencia. Los vecinos y militantes mantuvieron la guardia dentro de la Municipalidad. Salvatto y Tonini se fueron entre medio de los insultos. Hay presencia policial.
Por su parte, César Siror, Daniel Silva y Eraldo González hablaron con los vecinos y plantearon su desacuerdo con la denuncia que pretende presentar un grupo de concejales. Lo que sí manifestaron es la necesidad de darle un cierre a la sesión, pero en forma normal y con la presencia del público. Además, confirmaron que el expediente no está ingresado formalmente como tampoco el cuarto intermedio a pesar de lo manifestado por la Presidencia.
Desde temprano, cerca de 30 personas se encuentran esperando en el recinto del Concejo. A pesar de la intención de la Presidencia de llevar a cabo la sesión a puertas cerradas, finalmente los vecinos pudieron ingresar. Cerca de las 7.30, arribó a la Municipalidad el presidente del cuerpo legislativo, Santiago Sarobe, y el edil Norberto Lasala. Después fueron llegando algunos otros concejales como Mónica Laporte, Leopoldo Miglioranza, Carlos Pedro Pérez, Hidla Colombo, Eraldo González, Andrés Salvatto, Pablo Tonini, Héctor Artero, Silvio Martini, Marisol Tafi y César Siror. La única ausente por ahora es Adriana Rosso.
En tanto, de a poco se van conociendo las intenciones de los ediles sobre el COU. Además del FPV-PJ que ya había anunciado su abstención, trascendió que Norberto Froiz votaría en contra del ingreso del expediente. Mientras que Silva confirmó que solamente lo votará si antes aprueban el proyecto de Plusvalía presentado por él y si el intendente explica el apuro de la elevación de la normativa.
Por su parte, Leopoldo Miglioranza, Andrés Salvatto, Pablo Tonini y el bloque oficialista ya adelantaron que votarán por la aprobación del COU.
En tanto, el grupo de manifestantes habló con Sarobe y le plantearon si no creía conveniente suspender el tratamiento. Por eso, a las 9 va a realizará una reunión de labor con los presidentes de bloque para evaluar qué hacen con la sesión. Lo único claro es que los concejales deberán al menos sentarse en sus bancas para definir la situación incierta que quedó desde el viernes, cuando debió suspenderse el debate al momento en que Pérez pidió el ingreso del expediente para votar el COU.
Con los bombos, los manifestantes se apostar en una de las puertas laterales de la Presidencia, tratando de generar un clima para que no puedan sesionar ni definir cuestiones a escondidas. Por eso, Eraldo González le pidió a la gente que les diera 5 minutos sin ruidos para discutir puertas adentro. La respuesta fue clara: que lo que tenga que hablar lo hagan en el recinto, delante de los vecinos con claridad. "Yo no voy a sesionar a espaldas de la gente. Yo no tengo nada para ocultar", sostuvo González y se volvió a meter en la oficina de Presidencia.
Sobre las bancas se colocaron un carteles que dicen: "Señores concejales, llamen a audiencias públicas. No voten el COU".
En los últimos días, el tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano quedó como principal tema de la agenda pública local. Tras la escandalosa y sospechosa sesión del viernes -que terminó suspendida-, el Departamento Ejecutivo aceleró durante el fin de semana las negociaciones para buscar su apurada aprobación. Por eso, desde la Presidencia convocaron a una reunión de urgencia ayer que finalmente no se concretó después de cambiar varias veces de lugar. Hoy intentarán primero conseguir el quórum necesario para entrar en sesión, para luego lograr que la normativa sea confirmada. La situación se da justo un día antes de la renovación del cuerpo legislativo.
Desde el bloque del Frente para la Victoria – PJ ya adelantaron que se abstendrá al momento de votar. Así lo confirmó el presidente César Siror: "Si se da el marco de sesionar y el tema ingresa, el bloque va a votar por la abstención". Además, criticó el pedido de llevar adelante el debate a puertas cerradas y con la presencia de la Policía.
Mientras tanto, las organizaciones políticas y sociales, junto a vecinos particulares, que el viernes lograron detener la polémica aprobación, marcharán a la puerta de la Municipalidad. Incluso, durante todo el domingo mantuvieron una guardia en el edificio de San Martín 550 ante el temor de que los ediles se reunieran de urgencia y la aprobaran en forma express.
Uno de los puntos clave es el quórum. Desde el oficialismo, aún no saben si contarán con las presencias necesarias para iniciar la sesión, después de los cuestionamientos tanto internos como externos por los manejos poco claros y sospechosos para debatir la normativa fundamental para el desarrollo de la ciudad. A eso se le sumaron los cuestionamientos por favorecer la llegada de Eidico (que finalmente desistió en desembarcar con su barrio cerrado San Felipe) y los proyectos para la instalación de centros comerciales que, hasta el momento, no están permitidos. Uno de ellos, se proyecta dentro del country Los Juncos, mientras que otro se levantaría en el cruce de Acceso Oeste y ruta 5.
El 30 de septiembre, a espaldas de las organizaciones vinculadas con su tratamiento y sin previo aviso, el Concejo Deliberante aprobó en forma unánime el Código de Ordenamiento Urbano que se venía dilatando desde hace años y que regía desde 1979. Lo extraño fue la forma en que se llevó a cabo la sesión: iniciada el jueves de la semana anterior, continuó ese lunes y sin convocar a actores sociales vinculados con el tema.
Lo cierto es que los ediles votaron afirmativamente el proyecto presentado en su momento por el gobierno de Graciela Rosso, con mínimas modificaciones. Una de ellas es que no hubo consenso para la creación de una zona industrial exclusiva entre las localidades de Olivera y Jáuregui. Aunque con el correr de los días se desataron las críticas de fondo ante cambios que ingresaron a último momento y sin discutir. Entre ellos, la rezonificación de una parcela sobre la avenida Beschtedt que favorecía a la empresa Eidico, que desde hacía varias semanas publicitaba el barrio cerrado San Felipe, a pesar de estar hasta ese momento fuera de la normativa.
Estas irregularidades llevaron al Departamento Ejecutivo a vetar la normativa el 24 de octubre pasado. Allí, el intendente Oscar Luciani prometió audiencias públicas para llegar a un consenso generalizado. Sin embargo, nunca se convocaron ni se dieron detalles para su realización.
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