El Concejo Deliberante de Pinamar, comandado por una mayoría opositora, avanzará este lunes en la conformación de una comisión investigadora para analizar la conducta del intendente Blas Altieri y una posible sanción sobre el jefe comunal.

Según se supo en las últimas horas, para analizar las posibles irregularidades administrativas se llevará a cabo este lunes a las 15 una sesión especial en el recinto del HCD. En el decreto de convocatoria, que consta de 7 puntos, se fijó ?la formación de una Comisión Investigadora sobre irregularidades cometidas por el Departamento Ejecutivo hasta la fecha, en los términos del art. 249 y concordantes de la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades)?.

Vale señalar que todo esto surgió tras la polémica por el otorgamiento de viviendas sociales, que derivó en la intervención de la Justicia y la descalificación de adjudicatarios entre los que se encontrarían las hijas del intendente Blas Altieri y familiares de funcionarios municipales.

Además, la semana pasada este tema también derivó en un escándalo mediático por la agresión que sufrió un equipo periodístico del programa televisivo "CQC", que intentó acercarse al jefe comunal para hablar sobre esta denuncia.

En tanto, sobre la convocatoria del Concejo Deliberante muchos son los rumores, incluso hay versiones que hablan de intenciones "destituyentes".

Sin embargo, la legislación se refiere claramente a las sanciones y procedimientos que corresponden al HCD en caso de juzgar al intendente.

Los ediles podrán entonces actuar en caso de transgresiones diferentes a delitos dolosos; negligencias reiteradas que califiquen de grave la conducta en el ejercicio de sus funciones lesivas al interés patrimonial del municipio; incapacidad física o mental sobreviniente.

Según la LOM, se designará una comisión investigadora integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros. La comisión investigadora deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos. Tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de 30 días. Cumplidos los requisitos, el intendente podrá efectuar descargos y aportar pruebas, a cuyo fin se le otorgará un plazo de 10 días.

Vencido este plazo, la comisión deberá elevar al Concejo su informe en un plazo máximo de 15 días, para que en sesión especial califique la gravedad de los hechos.

En tanto, para disponer la suspensión preventiva deberá calificarse por decisión debidamente fundada la conducta juzgada, conforme lo dispuesto en los incisos del presente artículo, mediante el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Concejo.

El HCD

El Concejo Deliberante de Pinamar está compuesto por 10 bancas de las cuales 8 corresponden a partidos de la oposición y sólo 2 integran el bloque oficialista.

Alberto Germain, Alfredo Baldini, María Rosana Di Pascuale y Roberto Porretti (quien fue destituido en 2009 como intendente municipal) representan el ala justicialista; mientras que Gabriel Vidauli, Fernando Avila, Edgardo Paso y Mercedes Taurizano el sector radical, aunque con bloques diferentes. En tanto que Hernán Muriale y Daniel Lamas asumieron por el MUPP, el partido vecinalista de Altieri, en una clara minoría sobre el total.

Tras una reunión realizada el jueves, los concejales opositores a Altieri acordaron convocar a una sesión especial para el 9 de abril a las 15 y dar tratamiento a un orden del día que destaca el "decreto de formación de una Comisión Investigadora sobre irregularidades cometidas por el Departamento Ejecutivo hasta la fecha, en los términos del art. 249 y concordantes de la LOM".

Repudios

Además, la convocatoria señala que el lunes se dicte "una resolución de repudio sobre los acontecimientos de violencia acaecidos en el acto conmemoratorio del 30º aniversario de la recuperación de las islas Malvinas y de los caídos en esa contienda con el colonialismo inglés, del día 2 de abril de 2012 en Ostende, que incluya la exigencia del HCD al Departamento Ejecutivo para proceder al inmediato cese de funciones de los funcionarios municipales involucrados en los actos de violencia".

Y considera que "estos funcionarios se encuentran debida e irrefutablemente individualizados en los registros videográficos dados a conocer a la opinión pública a partir del día 2 de abril de 2012, hasta la fecha del presente".

Además se avanzaría en el dictado de un "decreto por el cual se establece que, hasta el momento en que los funcionarios partícipes de los hechos de violencia efectuados contra la prensa y contra los periodistas presentes sean separados de cualquier empleo municipal, y se produzca una declaración precisa e indudable de repudio de esos hechos lesivos por parte del Departamento Ejecutivo y un pedido de disculpa al pueblo de Pinamar y a las víctimas de esos actos lesivos".

Además, otro de los temas a tratar se también el "repudio a las amenazas lanzadas en contra el asesor del Concejo Deliberante, Lucas Ventoso, por el director de la delegación local del Anses, Leandro Reverón, y notificación de la misma al Administrador Nacional del Anses, con desarrollo de los hechos" mencionados.

Y otros de los puntos del orden del día también manifiesta el rechazo a "las amenazas y agresiones lanzadas en contra del periodismo por el responsable de la Oficina local del Instituto de Previsión Social, Liberanome, y notificación de la misma al presidente del IPS, con desarrollo de los hechos repudiados".