La problemática en las cárceles del país y, particularmente, en los servicios penitenciarios de la provincia de Buenos Aires, no desaparece. Muy por el contrario, una catarata de inconvenientes desde el punto de vista estructural y funcional cae sobre los detenidos y genera además grandes daños, patologías físicas, trastornos y problemas psicoemocionales.

Por tal motivo, la comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante de Tandil impulsó una resolución legislativa que le pide al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, y a la jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, María Florencia Piermarini, “la urgente creación de una alcaidía en la Unidad Penitenciaria Nº 37” ubicada en la zona de las localidades de Bárker y Villa Cacique, ambas pertenecientes al partido de Benito Juárez y lindantes geográficamente con Tandil.

La medida fue acordada por la mencionada área legislativa que preside la concejal del Frente para la Victoria, Corina Alexander, junto a los ediles Mercedes Fuente, Adolfo Loreal y Néstor Müller por la Unión Cívica Radical, y Pablo Díaz Cisneros del Frente Renovador. A fin de elaborar el proyecto, los integrantes del poder legislativo tandilense invitaron a sus reuniones al Defensor General Diego Fernández y a los Defensores Oficiales Diego Araujo y Carlos Kolb. 

Entre las cuestiones que motivaron la intervención de los concejales, Alexander puntualizó en “la necesidad de mejorar la situación carcelaria de la provincia, que concentra casi el 50% de todas las personas detenidas de nuestro país, siendo de las tasas de encarcelamiento más altas de la región”. 

Según los datos que manejan los ediles existen aproximadamente 30.000 detenidos, lo que contrasta con la capacidad de las cárceles en la provincia de Buenos Aires preparadas para alojar la mitad de esas personas. “Frente a este panorama es fácil advertir la superpoblación de las cárceles, lo que se estima trae como consecuencia la problemática conocida como violencia institucional”, señaló la representante del FpV. 

En esa línea, los concejales apuntaron que “la realidad de las cárceles presenta una gran cantidad de factores que afectan de forma negativa en la salud integral de las personas allí alojadas. Las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento generan riesgo de daños o patologías físicas, trastornos vinculare y problemas psicoemocionales, constituyendo una constante amenaza para la calidad de vida de las personas detenidas”.

Desde la comisión entienden que habría varios beneficios en la creación de la alcaidía: “se sentiría respecto de la actuación de los organismos judiciales, así como también en la familia de las personas detenidas, quienes en definitiva resultan ser proveedores de bienes de consumo necesarios, ropa y otros elementos que resultan indispensables para los detenidos y que no les son provistos por el sistema”. Por otra parte, las fiscalías podrían realizar con mayor comodidad las primeras diligencias procesales, la defensa contar con mayor posibilidad de contacto con el imputado, asegurando una mejor participación informativa en los actos procesales y los jueces de Garantías controlar el contexto de encierro de manera mucho más eficaz. 

Alexander puso de relieve que, en la actualidad, “la alcaidía más cercana está ubicada en la localidad de General Alvear, distante a más de 200 kilómetros de Tandil”. Allí, la Unidad Nº30 aloja aprehendidos y detenidos de las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil y presenta actualmente una importante sobrepoblación carcelaria. En ese sentido, cuenta con un cupo judicial fijado de 1500 internos pero la administración penitenciaria desoye la última resolución de enero de 2014 y aloja unos 1700 detenidos.

Los problemas alimentarios, de provisión de colchones y de atención sanitaria también se repiten en la Unidad Penitenciaria Nº 37 de Barker, donde el cupo máximo judicialmente autorizado es de 678 internos. Sin embargo, hasta agosto de este año la cantidad de internos es de 594, número por debajo del cupo judicial en razón de que existen clausuras en los pabellones 9 y 10 por estar sujetos a reparación debido al desplazamiento de las losas del techo. La unidad cuenta con serias dificultades de abastecimiento alimentario y sobre todo de cobertura del servicio médico en razón de no contar con profesionales para las guardias de 7 días por 24 horas. 

Por si fueran pocos los problemas, Alexander amplió su caótico panorama: “Respecto a nuestra región no puede perderse de vista que el Departamento Judicial de Azul (que comprende las ciudad de Azul, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Benito Juárez, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué) tiene diez centros de detención, ocho para varones mayores; uno para menores, y uno para mujeres mayores; estando todos ellos al borde de su capacidad de alojamiento, siendo incluso superados en algunos momentos críticos, en virtud de servir de alojamiento a detenidos del conurbano bonaerense”