Al fundamentar la iniciativa, Cristina Sosa planteó la necesidad de conservar la propiedad de dicho terreno dentro del patrimonio del municipio, por tratarse, dijo, de “un predio lindante a un sector de la ciudad que se ha ido constituyendo en un espacio de gran circulación y disfrute de las familias paranaenses en torno a distintas ofertas deportivas”.

También cuestionó la forma de pago en que se enajenaría el bien, y tomó como referencia la propuesta formulada por las concesionarias: “Ofrecen un pago en 73 cuotas mensuales en pesos y sin interés, mientras que la Municipalidad compra bienes inmuebles en dólares, como es el caso de la reciente adquisición de un sector de la exfábrica de cemento Portland”.

En su alocución trajo a colación un informe recibido por el bloque del “Frente para la Victoria”, remitido por el Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Garay, donde éste formula objeciones a la venta del referido inmueble, señalando al respecto: “La Defensoría objetó in voce, al conocer el proyecto del Pliego de Condiciones Generales (para la nueva concesión del transporte urbano de pasajeros), el ofrecimiento de dicho terreno”.

Además, Garay referencia que la oferta de las empresas concesionarias “no se consideró suficiente y la financiación ofrecida es demasiado extensa, exigiéndose que la oferta se considere de contado y en el hipotético caso de otorgarse alguna facilidad de pago, se le aplique un tasa de interés, y que la misma no exceda de 36 meses”.

• Réplica de Zuiani

Al responder al planteo de la concejal Sosa, la titular de la Comisión de Legislación, María Marta Zuiani (Cambiemos), responsabilizó a la Edila preopinante de “decir cosas que no son ciertas y poner un manto de sospecha sobre los órganos de control, que están funcionando debidamente”.

Sobre el particular planteó que el Órgano de Control del “SITU” (Sistema Integral de Transporte Urbano), cuenta con la representación de tres integrantes del Concejo Deliberante, los ediles Emanuel Gainza (Cambiemos), Luis Díaz (Una – Frente Renovador) y Enrique Ríos (FpV), que con sus firmas y la del Defensor del Pueblo, Luis Garay, aconsejó la venta del aludido inmueble, tomando como referencia el valor establecido por la Comisión de Avalúo Municipal, organismo que estableció el valor de la tierra en 10 dólares el metro cuadrado libre de mejoras.

Añadió que todo se cumplimentó en el marco del resguardo legal establecido por las ordenanzas que fijaron el Marco Regulatorio del Transporte y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, “aprobados oportunamente por este cuerpo”.

• Fundamentos de Gainza

Su colega de bancada Emanuel Gainza, uno de los integrantes del Concejo paranaense en el referido Órgano de Control y Monitoreo, refrendando lo expuesto por Zuiani, sostuvo que el Pliego de Condiciones en su artículo 19, habilitó la alternativa de ofrecer el referido inmueble municipal para ser utilizado como base operativa de las firmas prestatarias del mencionado servicio público.

Si bien reconoció que éstas ofrecieron pagar el mismo en pesos y 73 cuotas mensuales, la Comisión Evaluadora fijó que ese plazo no podía exceder los 36 meses, estableciendo el valor del metro cuadrado en dólares.

Reiteró que el dictamen del Órgano de Control del “SITU”, que habilita la venta del inmueble de referencia fue rubricado por él, los concejales Ríos y Díaz, y el Defensor del Pueblo, Luis Garay, aclarando que “no hubo ni siquiera un dictamen en disidencia”.

Finalmente, Gainza enfatizó: “Se realizó un trabajo responsable, minucioso y en el más estricto marco de legalidad, que de ninguna manera puede ser puesto en tela de juicio”.

• Conceptos del concejal Ríos

Al pedir el uso de la palabra, el edil Enrique Ríos (FpV) recordó la posición asumida por su bloque al momento de tratarse en el recinto las ordenanzas del Marco Regulatorio del Transporte y el Pliego de Bases y Condiciones para la nueva concesión.

“Si bien dimos nuestro voto favorable al tratamiento general de la primera de esas iniciativas, no acompañamos la votación en particular al no haberse tenido en cuenta algunas observaciones formuladas desde nuestro bloque, por lo cual no participamos de su sanción concreta”, recordó el Concejal.

En relación al Pliego de Bases y Condiciones, sostuvo: “Pusimos nuestro aporte para modificar e incluir algunas inquietudes planteadas por los usuarios del servicio, pero al no lograr que fueran receptadas, tampoco acompañamos su sanción”.

Al abordar el tema en debate, Ríos fijó su posición contraria “a la cesión de un espacio público a las empresas prestatarias”, y en cuanto al dictamen del Órgano de Control que él integra, puntualizó que la venta de esos terrenos “estaba habilitada en el Pliego de Bases y Condiciones” que, reiteró, su bloque “no votó”.

El Concejal subrayó que la enajenación de ese inmueble deberá tratarse oportunamente por el Concejo Deliberante y que para su sanción se requerirá una mayoría especial de los dos tercios de los integrantes del cuerpo, y anticipó: “Será allí donde fijaremos claramente nuestra posición”.

“De todas maneras no creemos oportuno que se vendan estas siete hectáreas, de las cuales se ha apropiado la ciudadanía para su disfrute”, agregó.

Ríos planteó la hipótesis de qué ocurriría con esa propiedad si una vez transferida a las empresas prestatarias se cae o finaliza el plazo de la concesión, para seguidamente preguntarse “si habrá que transferir otras siete hectáreas a las futuras firmas concesionarias”.

“La ciudadanía de Paraná será quien finalmente nos juzgará por la transferencia de estos terrenos públicos a manos privadas”, concluyó.

• Consideraciones de la viceintendenta Etienot

Al referirse a este tema, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, reflexionó: “Las leyes, por ser leyes, son obligatorias, pero ello no significa que sean justas”.

Al profundizar sus consideraciones al respecto, indicó que “la ciudadanía debe saber cuál será la situación dominial de ese terreno, es decir, en carácter de qué se va a ejercer ese título por parte de las empresas, ya que radica ahí la gran duda”.

Sobre los diversos interrogantes e inquietudes planteados en el marco del debate por la oposición, Etienot dijo: “El concepto de buen gobierno implica que no nos sintamos incómodos con las preguntas, a las cuales hay que dar respuesta sin inquietarnos”.

Asimismo, la Viceintendenta solicitó que los dictámenes del Órgano de Control y Monitoreo del “SITU”, organismo en el que el cuerpo legislativo está representado por ediles de las distintas bancadas, sean informados en tiempo y forma al Concejo Deliberante para que estos tengan la debida difusión, en el marco de lo que debe ser una democracia republicana.

• Parque Tecnológico

Durante la sesión, el Presidente del bloque de “Cambiemos” solicitó la vuelta a Comisión del proyecto impulsado por su bancada, en virtud del cual se afectan 10 hectáreas del Parque Nuevo con destino a la instalación de un Parque Científico Tecnológico y la construcción del edificio propio de la Escuela N° 78 “Intendente Juan Carlos Esparza”.

En declaraciones a la prensa, y tras reseñar que la citada iniciativa “ha venido siendo trabajada con entidades intermedias y diferentes actores de la comunidad, que han realizado un valioso aporte”, acotó: “En el ámbito de las comisiones que han tenido a su cargo el tratamiento del proyecto, aspiramos a mejorarlo, pues entendemos que debe tener un nacimiento virtuoso, respetando su objetivo que es cambiar la matriz económica de la ciudad”.

Con relación al proyecto de Consulta Popular para determinar el lugar de emplazamiento del referido Parque, presentado por los ediles Silvina Fadel y Luis Díaz (Una – Frente Renovador) y Elsa Ermácora (Cambiemos), González explicó que “en realidad lo que la concejal Fadel había promovido era un intercambio de ideas entre los presidentes de las distintas bancadas de este cuerpo, para ver la viabilidad de llevar a cabo una Consulta Popular”.

“Nosotros venimos recorriendo un largo itinerario de consultas con diferentes entidades”, sostuvo el legislador, y referenció que la creación del Parque Tecnológico fue oportunamente presentado ante la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Oro Verde) con la participación de representantes de otras unidades académicas, de los gobiernos provincial, municipal y del Polo Científico Tecnológico, abriendo asimismo el espacio a entidades ambientalistas que llevaron a un especialista en el tema.

“Es decir, que ha habido ya un debate lo suficientemente amplio para tener elementos de consideración, por lo que resolvimos remitir el proyecto nuevamente a Comisión, para resolver algunas cuestiones que se han ido aportando y que entendemos, pueden dar más seguridad a un aspecto importante como es la conservación del Parque Varisco, implementando un plan de manejo y cuidado que permita asegurarlo en cuanto a su permanencia”, concluyó.