En la escena política, independientemente del respaldo público del gobierno de Miguel Lunghi horas después de conocerse el revés judicial, la oposición en el Concejo Deliberante alzó su voz frente a los acontecimientos.

Con matices, distintos tonos e incluso cuestionamientos, los concejales Beatriz Fernández (Frente Renovador), Claudio Ersinger (PRO), Rogelio Iparraguirre (FVP-PJ) y Corina Alexander (Justicialista) coincidieron en exhortar al Ejecutivo al cumplimiento de la resolución de la Justicia y sugirieron apartar del cargo al funcionario condenado, actualmente coordinador de Prevención Social y Comunitaria.

“Hay que aceptar los

fallos de la Justicia”

En representación del bloque del Frente Renovador, Beatriz Fernández fue categórica al señalar que “hay que aceptar los fallos de la Justicia” y opinó que la actitud adoptada por el Ejecutivo “no corresponde, porque si algo está mal, hay que aceptarlo”.

Corroborado el delito por el que fue condenado Diéguez, Fernández expresó que “me llama la atención que no acepten que hay errores” y calificó como un “error serio” que “más allá de que la condena queda en suspenso, está inhibido de ocupar cargos públicos”, entonces “no corresponde seguir sosteniéndolo”.

Destacó también la denuncia penal que oportunamente realizaron los concejales en función de las advertencias públicas efectuadas por el delegado Marcelo Hidalgo y estimó que el funcionamiento del área que actualmente dirige Alejandra Marcieri “seguramente va a requerir una mirada más crítica, se va a dar naturalmente”.

Una licencia

A su turno, el concejal del PRO, Claudio Ersinger, uno de los impulsores de la denuncia penal a partir de las irregularidades detectadas por el delegado municipal, se mostró conforme con el fallo del Juzgado Correccional, adelantó que seguirá muy de cerca los avances en instancias superiores y advirtió que “cuando existe una desprolijidad hay que llevarlo a la Justicia para que se investigue y tiene que hacerse en cualquier lugar donde se encuentre”.

En primer término resaltó que en esta primera instancia “quedó demostrado que efectivamente hubo un manejo indebido, que no hubo una estafa o un robo pero sí una desprolijidad en la administración de los recursos destinados para la ayuda social directa”.

En diálogo con El Eco de Tandil, el edil macrista evitó confrontar y opinar sobre la decisión del Ejecutivo de mantener a Diéguez en su cargo en la Secretaría de Protección Ciudadana pero sugirió, para bajarle el tenor, una alternativa media: “Yo le hubiera pedido una licencia hasta que haya una sentencia definitiva”.

En esa línea sostuvo que si el Gobierno “considera que el fallo es injusto, y en eso se basa para mantenerlo en el cargo, está bien. No estamos hablando de un delincuente ni de un delito grave, por eso es que respeto su decisión”.

“Pero si hubiese sido una persona bajo mi conducción, le hubiese pedido una licencia”, insistió Ersinger, que ratificó que “si la Justicia falla y condena, hay que respetar el fallo”.

Avance sobre

las instituciones

De manera más tajante se pronunció el concejal del Frente para la Victoria – PJ, Rogelio Iparraguirre. En conversación con este Diario calificó de “alarmante y escandaloso que el Ejecutivo no reconozca un fallo de la Justicia y que no actúe en consecuencia” y achacó que “lo que tiene que hacer el lunes, a primera hora, es apartar a este funcionario de la función”.

“La única forma de tomar un fallo de la Justicia es respetándolo”, sentenció, y acentuó que a partir de ahora “ya no podemos poner en cuestión si hubo una malversación de fondos o no, sino que estamos ante un hecho dado”, tal cual fue denunciado oportunamente por los concejales mandato cumplido.

A su vez expresó preocupación por la postura adoptada por el Ejecutivo, primero por las declaraciones del intendente Miguel Lunghi, que en medio del juicio oral “salió a decir que estaba seguro”, y después por las expresiones del jefe de Gabinete, Mario Civalleri, y el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora.

En concreto, una vez conocido el caso, ambos funcionarios salieron a informar la decisión de mantener a Diéguez en el Gobierno, en una medida que Iparraguirre calificó de “inaudita, vergonzosa y amenazante para las instituciones de la ciudad”.

Así, fustigó que con un fallo que “lo condena a un año y medio de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y lo primero que nos dicen de otro poder, el Ejecutivo, es que han tomado la decisión de mantenerlo, nos parece una afrenta a la Justicia y al conjunto de los ciudadanos”.

Pero también consideró que representa “una falta de respeto para aquellos sectores más vulnerables de la ciudad, que no recibieron los fondos que debían recibir si el funcionario hubiera cumplido con su deber acorde a la ley y a las responsabilidades que tenía”.

A su vez advirtió que es un “juego dialéctico y bastante tramposo el de decir que no hubo corrupción”, tal como justificaron ambos funcionarios para sostener a Diéguez en el cargo.

El concejal derribó el argumento al indicar que “la corrupción no es una figura penal sino que es un término muy amplio que abarca un montón de figuras”, entre ellas, la malversación de fondos. “Que no haya habido peculado, nadie está diciendo que Diéguez se llevó dinero a su casa, pero no quiere decir que no exista un acto de corrupción”, sostuvo.

Completó su lectura al enunciar que “lo que la Justicia probó, malversación de fondos, es un acto y un hecho de corrupción”, y especuló que “aquí intentan utilizar políticamente una serie de situaciones conocidas a nivel nacional, como el escandaloso caso de (José) López, para sacar un provecho y tapar una situación de corrupción”.