La "disposición" a sumarse a la convocatoria extraordinaria convocada para mañana por la presidencia del Concejo Municipal para avanzar en la agenda de seguridad y analizar el mensaje del Ejecutivo, es plena desde los diferentes bloques políticos. Sin embargo, no faltan los disensos sobre la iniciativa oficial. El más crítico es el pedido para que las cámaras de videovigilancia también sancionen infracciones, aunque algunos sectores apuntaron contra la disposición para que los motociclistas utilicen el casco reglamentario con la patente del vehículo grabada en el mismo. A eso se sumará la declaración de la emergencia en seguridad, un punto en el que el titular de esa comisión, Diego Giuliano, volverá a insistir.

Los diferentes sectores recalcaron que el Concejo "ya viene trabajando en una agenda de seguridad" y en ese punto hizo hincapié el edil de Rosario Federal y presidente de la comisión, que anticipó su pedido de declaración de la emergencia por 180 días, más allá de la adhesión a la declaración provincial.

"Esto significa partidas presupuestarias en este sentido", insistió Giuliano, y recalcó que "la intendenta debe cumplir con lo ya sancionado, que va desde el plan de seguridad hospitalaria hasta el control de accesos".

Y dejó en claro su disenso con permitir que las cámaras de vigilancia se usen para el cobro de multas. "Es un tema ya tratado y sin consenso", afirmó.

El titular del PRO, Alejandro Roselló, también apuntó a los proyectos aprobados y pidió que "el Ejecutivo escuche más a este cuerpo". Para el edil, "mayor inversión social, mayor control y mayor presencia" son acciones fundamentales del municipio, que "debe responder rápidamente a los reclamos de los vecinos, como lo está haciendo la Nación".

Competencias

Desde el peronismo, el concejal Eduardo Toniolli advirtió la necesidad de "no generar expectativas donde el Estado municipal no tiene injerencia, y trabajar donde sí la tiene, como es transporte, apertura de calles, iluminación, políticas sociales en prevención del delito, y control de los circuitos económicos".

Para Toniolli, el mensaje oficial no es más que "lo que se viene trabajando en el Concejo"; y consideró que lo que tiene que ver con los controles no genere mayores diferencias. Sí anticipó pedirán sumar rubros como financieras, concesionarias de vehículos y fideicomisos para la construcción.

Y si bien señaló que puede parecer ajeno en la urgencia, pidió "revisar la política de desarrollo urbanístico fundada exclusivamente en los intereses de los grandes desarrolladores inmobiliarios" y volvió a defender "el uso público de las tierras fiscales que quedan en Puerto Norte".

Además de sumarse a las críticas sobre el uso de las cámaras de videovigilancia y recordar que esa ordenanza no fue reglamentada, la concejala Norma López insistió en que el sistema "no fue pensado para infracciones", y apuntó contra el pedido de grabado de las patentes de las motos en los cascos por considerarla una medida que "sólo estigmatiza" a los motociclistas.

Si bien no apuntó contra el aumento de los controles, sí advirtió que en el caso de las armas "el problema no está en las armerías, sino en el circuito ilegal". Y criticó el pedido del municipio de sumar jueces de faltas subrogantes en un concurso interno.

"El Concejo aprobó que debe hacerse por concurso abierto, un concurso al que la Municipalidad nunca convocó", y además opinó que "no son más jueces de Faltas lo que se necesitan, sino un cuerpo de inspectores que pueda estar fiscalizando en la vía pública".