Ayer por la mañana, lo ediles de la oposición presentaron al Ejecutivo una nota solicitando en en carácter de “pronto despacho” todas las actuaciones realizadas con el IPVU en el loteo social “431”.

Asimismo, en la nota instan a “suspender toda acción que conlleve incumplir el Convenio aprobado por Ordenanza N°3106, hasta que este Concejo Deliberante actúe de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 inciso 31 y artículo 120 inciso 20 de la Carta Orgánica”.

Cabe recordar que ayer por la tarde los ediles del PJ, CC-ARI, Movimiento Evita-FPV y PRO difundieron un comunicado cuestionando el accionar del Ejecutivo Municipal, en cuanto contrató a tres profesionales para hacer un estudio “ambiental” de los macrolotes conflictivos de las tierras del canje, y no presentó el estudio de factibilidad urbanística que habían firmado por convenio con el IPVU.

A  tres años del inicio del canje de tierras, aún el Ejecutivo no tiene un estudio que establezca cuantos lotes entran en las tierras que recibe.

La demora y la reticencia a elaborar un informe exhaustivo sólo confirma lo que se viene anticipando desde hace años: en los macrolotes 5 y 6 hay sectores que son inviables para la implantación de viviendas sociales. Se estima que al menos 100 familias se quedarían sin tierra, confirmando además que fue como mínimo un mal negocio orquestado por la gestión municipal del ex intendente Roberto Cacault. 

Polémicos contratos

Uno de los tres contratados es Teresita Gómez, mujer de Hugo Benitez y autora de un pseudo informe ambiental que aseguraba  que las tierras del Parque Industrial tienen las mismas características que las que recibió el Municipio por el canje, obviando todo accidente topográfico y la presencia de zonas mallinosa.