“Todo está en orden, lo único es la altura”, la frase se le adjudicó a la presidente de bloque de la UCR y de la Comisión de Obras, contadora Cristina Coria, y encierra en sí misma como la caída en un descuido o una inocentada. La Justicia no lo consideró así y dejó al desnudo con su fallo, una maniobra que estaba atada a un negocio de U$S 40.000.000.
mdphoy.com , se ocupó profusamente del tema en forma exclusiva, que la prensa ignoró completa o parcialmente, según los casos. Los vecinos afectados y organizaciones civiles, ambientalistas y defensoras del patrimonio histórico, judicializaron el tema y demandaron la intervención de la Justicia, que se expidió con fundamentos que anulan el carácter de excepción de esa construcción, que involucra a conocidos y viejos actores de estos beneficios exclusivos, donde danzan millones y millones de dólares, en clara contravención a las normas existentes.
El juez del Juzgado de Garantías 1, Dr. Federico Guillermo Atencio, suspendió la construcción de la torre de 22 pisos, en el predio ubicado en Alem 2499, lindero al chalet “Ave María” (conocido también como la casa de veraneo del recordado músico Mariano Mores), cuya excepción había sido otorgada bajo un manto de sospechas por el HCD, a la firma Illariy Emprendimientos.
La medida cautelar, peticionada por la Asociación Civil para la Defensa y Protección Urbanística del barrio Stella Maris, representada por los Sres. Ana María Ferradas y Pedro Alberto Marabini, con el patrocinio letrado del Dr. José Alberto Esain, suspendió la ejecución de las obras hasta tanto se realice un estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) y paralelamente una audiencia pública.
La resolución advierte que “de las constancias obrantes en autos, surge que la obra proyectada en el predio donde se encuentra el Chalet Ave María no podría ejecutarse en el mismo, por haber sido autorizado por excepción sin previa evaluación de impacto ambiental, con una altura total de 25 pisos, excediendo el máximo autorizado para esa manzana -6 pisos-, y sin participación ciudadana”.
Asimismo, precisa que “el informe producido por el Arquitecto Guillermo Bengoa indica que: 1) la manzana donde se emplaza el Chalet Ave María pertenece al distrito R3, en el cual la altura máxima permitida asciende a 18,8 metros, siendo el proyecto casi cuatro veces más alto que lo permitido, cuyo destino es el de uso residencial de densidad media con viviendas individuales y colectivas; 2) la excepción se basa en que el proyecto unifica seis parcelas, una de las cuales pertenece al chalet el cual sería donado a la MGP; 3) en el expediente de excepción no se realizó EIA ni Audiencia Pública; 4) la obra proyectada produciría la transformación de esta zona de la ciudad: chalets patrimoniales ensombrecidos por altos edificios exentos, generando un ambiguo tejido urbano, provocando aumento de la impermeabilización del suelo con los consiguientes peligros de inundación en zonas bajas y causando peligrosos túneles de viento, que magnifican su peligro ante las cada vez más frecuentes tormentas provocadas por el cambio climático global. Es decir, graves daños ambientales”.
“A ello se suma -prosigue- la circunstancia de no existir constancia alguna que permita verificar si la MGP evaluó las eventuales consecuencias perniciosas de la obra desde el punto de vista urbano ambiental o en su caso previsto medios alternativos de mitigación, si ellos resultaren imprescindibles frente a la edificación que se propone llevar a cabo”.
El chalet Ave María ha sido declarado “bien de interés patrimonial protegido” por la Municipalidad de General Pueyrredón (Ordenanza 10075), “bien de interés turístico” por la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires (Resolución Nº 3/2014) y “bien de interés histórico” por el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto Nº 714/2015). El edificio a construirse se efectuará en lo que constituye el jardín del inmueble.
Como se recordará en ocasión de la reunión plenaria del 24 de agosto pasado, la polémica excepción para el “Obelisco de 40 millones de dólares”, fue convalidada tras una reñida votación que dividió al bloque oficialista Cambiemos.
Votaron por la afirmativa los concejales Juan Aicega (PRO), Guillermo Arroyo, Patricia Leniz y Guillermo Sáenz Saralegui, Federico Santalla y Patricia Serventich (Agrupación Atlántica), por el Frente Renovador Cristian Azcona, Alejandro Carrancio y Lucas Fiorini, por la UCR Cristina Coria, Nicolás Maiorano y Gonzalo Quevedo, por Acción Marplatense, Marcelo Fernández, Claudia Rodríguez y Héctor Rosso, totalizando 15 votos.
En tanto que 7 ediles se pronunciaron por la negativa: Eduardo Abud y Mario Rodríguez (UCR), José Cano (Agrupación Atlántica), Marcos Gutiérrez, Daniel Rodríguez y Marina Santoro (Frente para la Victoria), y Balut Tarifa Arenas, se abstuvieron los concejales Santiago Bonifatti y Alejandro Ferro de Acción Marplatense.
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