Ediles de los bloques del Frente Renovador, Justicialista y Frente para la Victoria-PJ consideran que el funcionario lunghista debe ser removido del cargo. Critican al intendente Miguel Lunghi por no cumplir con la resolución de la justicia.
Durante gran parte de la jornada, ediles de distintos bloques fueron consultados por periodistas de AM 1140, con el objetivo de conocer la opinión en torno a la decisión de la justicia de condenar al ex subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Dieguez.
Desde el Bloque de concejales del Frente Renovador, la ingeniera Beatriz Fernández, dijo que “estamos ante una situación de varios años, donde concejales de la oposición en conformaciones anteriores, habían presentado denuncias por desvío de fondos, por malversación de fondos, y que nada menos que afecta a desarrollo social y las personas indigentes. Falsificando información, posiblemente para otras áreas o pagos que no correspondían, y quizás para favores políticos”.
Agregó que “da lugar a esta causa y recae en la figura de Rubén Dieguez. Fue contundente el fallo. Un año y diez meses de prisión en suspenso y dos años para no ocupar cargos públicos. Creo que es muy claro, no debería seguir el funcionario en su puesto más allá de una posible apelación que pueda realizarse desde el municipio”.
Siguió marcando que “los lugares son públicos, los funcionarios los elige el intendente, me extraño que diga que no pasa nada y que está todo bien, y tuvieron un revés muy fuerte de la justicia”, y manifestando que “O el intendente está pecando demasiado de soberbia, que sería muy lamentable; u otra cosa más grave aún, la posibilidad que a Lunghi no le cuenten toda la verdad, a veces me parece que vive con una prensa amarilla, que busca que le muestren su cara más feliz, como que está todo bien”.
Terminó señalando que “acá hay problemas, tuvimos que ir a personas jurídicas denunciar funcionarios que salieron de la gestión. Al tribunal de cuentas que había desprolijidad en economía y se ratificó con varios dictámenes del tribunal de cuentas. Generalmente cuando uno hace comete desprolijidad, se deben corregir los errores, y quienes tienen mayor peso de lo que hacen, no deben continuar con su lugar en la función”.
Por su parte, la concejal María Eugenia Poumé, desde el bloque del FpV-PJ, dijo que “es culpable, por transferir recursos correspondientes a subsidios para fines meramente políticos. Como dice Lunghi, Dieguez no se llevó un peso de su bolsillo, puede ser, pero sí se desviaron fondos, y el único responsable, es el responsable político de la gestión, el propio intendente”.
Añadió que “recuerdo el caso Balbin, desviando recursos municipales para un acto político en campaña. Se encubre a quien es el responsable. Puede ser que no es para beneficio propio. Pero si para beneficio de una gestión municipal, que lejos de ser transparente tiene muchos grises, nos lleva pensar que están tapando con esto a los verdaderos responsables”.
Completó su mirada, “se da cada vez que el ejecutivo se niega a contestar los pedidos de informes del Concejo Deliberante, como en el tema de la Usina, el Fondo Educativo, es una forma de hacer política de Lunghi, los funcionarios de menor rango son los que pagan el pato y considero que no está bien”.
Finalmente, el presidente del bloque Justicialista, Pablo Bossio, marcó su postura, indicando que “es una lectura para toda la gente, no es grato este tipo de condenas. Un funcionario condenado producto de la malversación de fondos públicos. Esta práctica se llevó a cabo por un tiempo importante en desarrollo social cuando era secretario Julio Elichiribehety, y ahora es repudiada políticamente y condenada por la justicia”.
Al igual que otros sectores de la oposición en el HCD local, dijo que “el funcionario debe ser apartado del cargo. Independientemente de las personas, y si bien no tengo contacto con Deguez, que puede ser una persona dedicada, las prácticas y temáticas de un organismo como desarrollo social lo encaminaron a esta situación de poca transparencia y presencia de un delito más importante en el marco de una administración como es la malversación”.
Completó su mirada “debe ser apartado del cargo y no hay excusas, más allá de las apelaciones. Los procesados deben ser apartados del cargo, hay una condena, el tribunal se expidió y el ejecutivo debe ser respetuoso de ese fallo”.
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