Requieren además a los legisladores nacionales por Salta que impulsen el pronto tratamiento y aprobación del proyecto que está siendo analizado en el Senado de la Nación e invita a los Concejos Deliberantes de las capitales provinciales de nuestro país a dictar normas similares.

La iniciativa fue elaborada por el concejal Matías Cánepa (PJ), y contó con el apoyo de los ediles Frida Fonseca Lardies, Eliana Chuchuy, Fernando Echazú, Gastón Galíndez (todos del PJ), Mario Moreno y Abel Moya (ambos del FPV).

La Resolución considera que los proyectos a nivel nacional buscan establecer un marco regulatorio que impida a las empresas prestatarias implementar ajustes de tarifas y garantice al usuario la posibilidad de rescindir el contrato sin tener penalidades. Los proyectos en el Senado designan a la Comisión Nacional de Comunicaciones como autoridad competente y buscan declarar a la telefonía móvil en todas sus modalidades, como servicio público, lo que implica entenderla como la actividad orientada a satisfacer una necesidad colectiva que provee condiciones determinantes para el desarrollo social del país.

Al tomar la palabra, el concejal Cánepa manifestó que "la telefonía móvil es una actividad que tiene un impacto importante en la comunidad y los proyectos nacionales buscan dictar un marco regulatorio para que se proteja al usuario". Por otro lado, agregó que "la empresa tiene que cumplir con las inversiones y no lo hace, además el precio del servicio no está regulado. Creemos en una economía libre pero cuando una actividad tiene impacto social directo, es de interés público".

A su vez la concejal Ángela Di Bez, se expresó a favor del proyecto y argumentó que: "el sistema deficitario tiene tres pilares, la falta de inversión, el espectro radioeléctrico limitado y la carencia de nuevas antenas".