El concejal del Frente Renovador Ulises Urquiza elaboró un proyecto para obtener recursos con fines sociales a favor del Municipio de Azul, a partir del reciente fallo por el cual el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 dispuso el decomiso definitivo y anticipado a favor del Estado del dinero secuestrado al empresario venezolano estadounidense Guido Antonini Wilson.

El edil recordó que el 4 de agosto de 2007 a la madrugada, en un operativo por demás curioso para una época en que el kirchnerismo mantenía un fuerte control político de los organismos del Estado, la Aduana secuestró una valija que traía ese empresario con 790.550 dólares. El vuelo había llegado a Aeroparque, contratado por Enarsa y traía pasajeros poderosos, entre otros, al entonces presidente de la compañía, Exequiel Espinoza; Claudio Uberti, director del Órgano de Control de Concesiones Viales y hombre del riñón de Julio De Vido; además de varios venezolanos, entre los que estaba Daniel Uzcategui Specht, hijo del vicepresidente de la petrolera PDVSA.

Ahora, el juez Pablo Yadarola dispuso que ese dinero se utilice con fines “sociales reparatorios” y solicitó al jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Marcos Peña, que “por su intermedio se establezca cuál sería el mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad”.

En este contexto, Urquiza informó ayer que elaboró un proyecto para obtener recursos con fines sociales a favor del municipio de Azul, ya que el artículo 23 del Código Penal establece que: “En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor del Estado Nacional, de las provincias o de los municipios”.

Así, el concejal massista señaló que “existe un claro reclamo del ciudadano de a pie del cual el Poder Judicial no puede mantenerse alejado. En ese sentido, el Frente Renovador originó un debate parlamentario nacional con relación al proyecto de ley que regula el procedimiento de extinción de dominio de los bienes que provengan de actividades ilícitas, así como también de su administración y destino”.

Por último, Urquiza sostuvo que “el proyecto del Frente Renovador estipula que el decomiso es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado, de los bienes que se encuentren en una circunstancia ilícita contemplada como causal de extinción de dominio”.