Este lunes, la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante recibió el dictamen legal de la Procuración municipal en relación a la forma en la que fueron reemplazados los concejales de la Unión Cívica Radical, quienes al pedir licencias, fueron sustituidos por el edil radical suplente Gonzalo Quevedo, cuando esa tarea debería haber sido desempeñada por la dirigente denarvaísta Rosana Morrone.

La Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires hace pocos días también emitió su dictamen. En el texto, el organismo bonaerense que preside Gustavo Ferrari, consideró que habría existido “una evidente violación a la voluntad popular” en el reemplazo de los concejales de la UCR.

Tal como reveló este diario digital, la martillera Rosana Morrone sostuvo que nunca fue notificada de su obligación de suplantar a  los ediles radicales que tomaron licencias y a los que debía  reemplazar en su condición de tercera candidata de la lista de la Udeso que participó de las elecciones de 2011.

Ya evalúan crear una Comisión Investigadora

En declaraciones a 0223, el concejal del Frente Renovador, Cristian Azcona, afirmó que “fueron cuatro horas y media de debate en la Comisión de Legislación. El radicalismo sigue sin reconocer la falta administrativa que venimos señalando los otros bloques políticos”. “No queremos hacer leña del árbol caído pero queremos que la UCR reconozca el error y proponga una solución”, explicó.

“Desde los bloques políticos, salvo la UCR, se han planteado propuestas para subsanar este tema. Por ejemplo, el Frente para la Victoria propuso la anulación de los decretos de designación de Quevedo”, manifestó el presidente de la Comisión de Legislación. Destacó: “El radicalismo está en una  situación obtusa, que no lleva a ningún lado. Está pasando lo mismo que ocurrió con el video de Vilma Baragiola. El radicalismo lo sabe pero no lo dice. Saben que cometieron errores en ambos casos”.

Para finalizar, el presidente del bloque de concejales de Sergio Massa no descartó que se conforme una Comisión Investigadora. “El Frente para la Victoria también propuso que se conforme una Comisión Especial o Investigadora para abortar este tema. No descarto esta posibilidad”.

En ese sentido, el procurador municipal, Mariano Perticalari, indicó que “lo que está en discusión es si se ha respetado un buen proceder en el actuar administrativo respecto al reemplazo o si por el contrario se ha actuado con liviandad con respecto a las debidas formalidades y no si ha intervenido en la sanción de diversas ordenanzas persona que no fuese concejal. En todo caso, la falta quedará en el ámbito interno del Honorable Cuerpo”.

“Lo que debe seguir analizándose es si se ha respetado un buen proceder en cuanto al reemplazo del concejal que solicitara licencia o si ha existido una falta administrativa”, señaló el funcionario. “Si se han producido irregularidades en la designación de concejales suplentes entiendo que ello debe ser analizado y resuelto, en definitiva, por el propio Cuerpo quien es único interprete de sus decisiones en sus distintas formas”,  concluyó el Dr. Perticalari

“No se ha cometido ninguna irregularidad”

A través de un comunicado, el bloque de concejales de la UCR sostuvo que “en el informe del Procurador municipal se ha acreditado que no se han cometido irregularidades”.  “El referido reemplazo ha sido convalidado unánimemente por el cuerpo legislativo”, destacaron los radicales y consideraron que “no puede señalarse que se hubiera incurrido en un vicio que origine nulidad alguna en la intervención de los ediles de la UCR durante las sesiones que tuvieron actuación”. “Quienes intervinieron en las sesiones del cuerpo legislativo han sido de acuerdo la normativa vigente y quienes ostentaban el carácter de concejal suplente”, agregaron los concejales opositores.

Además, remarcaron que “en opinión del asesor legal de la municipalidad las normas legales regulan quien reemplaza a un concejal pero no como debe realizarse ese reemplazo, dando por sentado que estamos en presencia de una reglamentación carente de formalidades, de manera que al convalidarse por el propio Concejo Deliberante todo lo actuado no puede, en principio, presumirse de haber incurrido en ilegalidad alguna”. 

“Los bloques políticos del oficialismo no han podido sostener una postura de ilegalidad del proceso llevado a cabo, retirándose del recinto sin propuesta alguna”, finaliza el comunicado de la UCR.