El Poder Ejecutivo presentó esta última semana su proyecto de ley de compre argentino ante tres comisiones de la Cámara de Diputados. Varias cámaras empresarias aplaudieron la iniciativa, entendiendo que, en medio de “la malaria económica”, era una gran noticia que se reparta “algo”. Otros representantes del sector pyme, junto a una rama de la dirigencia sindical (Corriente Federal), analizan la necesidad de una legislación en la materia pero desde otra perspectiva, que confrontaría con el proyecto oficial. El Frente para la Victoria también expondrá una propuesta diferenciada de la presentada por el oficialismo, y varios de los demás bloques de oposición trazan algunas líneas que también cuestionan a esta última. El debate ya se inició, pero no todos coinciden en lo que está en juego: si simplemente el porcentaje en el reparto de la obra pública, o el rol de la industria nacional en el modelo de desarrollo productivo. El respaldo que vaya a otorgar o retacear el Estado nacional, en este último caso, es fundamental. No faltan análisis que indiquen que, una vez más, el gobierno de Cambiemos oculta sus reales intenciones detrás de un proyecto que presume de “potenciar las capacidades productivas de las pymes” y que, en cambio, podría ser una nueva vía de captura de los negocios con el Estado por parte del capital extranjero.

 El secretario de Industria, Martín Etchegoyen, defendió el proyecto ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Pymes y de Obra Pública. “Se trata de una medida desarrollista, no proteccionista, busca potenciar las capacidades tecnológicas y productivas de las Pymes locales”, afirmó. “Queremos que las compras públicas sean una palanca para el desarrollo de la industria nacional”, afirmó el funcionario. Mencionó que “la ley actual no se cumple, y no hay sanciones ni autoridad de aplicación”. Pero, en vez de avanzar en la reglamentación de la ley existente y no aplicada, se opta por elaborar un nuevo cuerpo que reemplace (elimine) a la que está vigente pero no se respeta, en muchos aspectos mucho más conveniente a la industria nacional que el cuerpo legal que ahora se propone. El que se eliminará contó, entre sus autores, al experto en planeamiento económico Aldo Ferrer, ya fallecido. 

En cambio, el proyecto que elevó el Ejecutivo al Congreso tiene una perceptible línea de contacto con la propuesta que el gobierno nacional llevó al mini foro de Davos a mediados del año pasado, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad autónoma. Allí, ante decenas de altos ejecutivos a nivel global de las mayores corporaciones internacionales occidentales, las autoridades nacionales desplegaron un menú de ofertas para tentar a la inversión extranjera. El titular de Trabajo, Jorge Triaca, llegó al extremo de proponer: “nuestro ministerio está a su disposición”. Pero en términos estructurales hubo un ofrecimiento más específico: el modelo de participación público-privada en la obra pública. No son pocos los que ven la sombra de ese megaplan detrás de la supuestamente generosa nueva ley de compre argentino. 

 Dicho plan actuaría como un facilitador de la obra pública, al dejar que la gran empresa privada sea la que promueva su realización y el Estado sea el que pague el negocio que aquélla creó en favor de sí misma. Tal como fue la intención de su presentación ante el mini foro, lo que se espera es que sean grandes grupos extranjeros las que se “asocien” con el Estado para hacer estos meganegocios.

 En un comunicado emitido a mitad de semana, a propósito del inicio del debate del proyecto de compre argentino, el Ministerio de Producción alude al vínculo entre esos megacontratos y el rol de los proveedores locales. “Como ejemplo de esta política que el Gobierno quiere impulsar con la ley, el Ministerio realizó tres reuniones con las pymes del sector ferroviario y las compañías multinacionales que participarán de la licitación para la compra de trenes eléctricos por más de 3000 millones de dólares (...). Gracias a esta articulación, más de 50 empresas argentinas proveedoras de la industria ferroviaria se beneficiarán de la inversión pública para mejorar el transporte en el país”. La información no habla de los rubros y los roles que cumplirán las empresas argentinas que se integren como proveedores. ¿Participarán de los procesos tecnológicos más complejos? ¿Qué aprendizaje específico tendrán como proveedores de infraestructura del transporte? 

 El proyecto de ley del Ejecutivo plantea incentivos a la participación de las empresas nacionales en las compras del Estado fijando pisos mínimos de integración local. Prevé aumentar los márgenes de preferencia para la industria local del 7 al 12 por ciento para las pymes, y pasar del 5 al 8 por ciento para las grandes empresas en las compras públicas. En las grandes compras, cuando no exista producción nacional, se exigirá a los proveedores adjudicatarios que subcontraten al menos el 20 por ciento del valor de la licitación con proveedores locales. “Queremos que las compras públicas sean una palanca para el desarrollo de la industria nacional”, afirmó Etchegoyen esta semana frente a las comisiones de la cámara baja. 

 Uno de los cuestionamientos de fondo que recibirá el proyecto oficial, de parte de dirigentes industriales pymes y de representantes laborales, es que con este esquema se pretende que la industria y el trabajo local “acompañen” un proyecto de desarrollo (el propio funcionario lo calificó de “desarrollista”) que quedará definido en una negociación entre el Estado y los grupos concentrados, principalmente extranjeros, que motoricen la obra pública. 

 “El proyecto de compre argentino del gobierno tiende a allanarle el camino al programa de participación público privada en la obra pública, poniendo los proyectos a disposición del capital extranjero”, sostuvo ante este diario uno de los especialistas que está estudiando el tema junto a los mencionados sectores. El cuestionamiento es que si se deja en manos de la corporación extranjera la decisión de qué parte subcontratará o comprarán a empresas nacionales, queda enterrada toda posibilidad de participar de las etapas de mayor complejidad tecnológica. Además, no se descarta –porque hay experiencia– que la firma extranjera subcontrate con empresas propias que se radiquen en el país parte de la facturación que pague para justificar el cumplimiento de los umbrales de la futura ley. O, lo que es aun más probable, se limite a operar con empresas socias en las que difícilmente se haga control de los valores facturados. “La corporación privada arma el negocio, el Estado lo paga, pero es el primero el que elige a quien le deja participar en la operación. La posibilidad de generar un desarrollo productivo queda subordinada a la voluntad del capital extranjero, lo cual desvirtúa el proyecto de compre argentino”, advirtió el mismo especialista consultado.  

 Los partidos de oposición empiezan a escuchar con más atención argumentos que no habían sido considerados previamente. Incluso varias cámaras pymes que celebraron anticipadamente el anuncio del envío del proyecto al Congreso parecen ahora más dispuestos a hacer una pausa para escuchar otras voces. El debate puede exceder una simple pulseada por elevar los porcentajes de participación. Incluso se plantea que ese debate estará teñido de imprecisiones si parte de las cifras que presenta el Ejecutivo. Un caso que vale como ejemplo: el gobierno sostiene que las compras públicas representan el 5 por ciento del PBI, de allí su “potencialidad a la industria nacional”. Desde estas usinas de análisis del tema que se van gestando sostienen que la incidencia real de las compras públicas es mucho mayor. Alcanza al 20 por ciento del PIB, “porque involucra al conjunto de los gastos por compras para organismos públicos nacionales, contratos de obras y servicios, así como también las contrataciones de las empresas privadas que prestan servicios públicos y sociales como licenciatarias, porque eso también se hace con fondos públicos”. Este enunciado anticipa que habrá debate sobre los alcances de la ley, es decir, qué gastos o compras quedan en la órbita del compre argentino. Y más aun, sobre quién ostentará el control de los procedimientos productivos derivados de la obra pública, la llave para promover el desarrollo.