Ordenan quitar las casas que habían sido adjudicadas a sus dos hijas y a funcionarios
Se trata de un complejo construido a mediados de 2000 en pleno centro de la ciudad balnearia (Palometa y Valle Fértil) a través de un convenio entre el organismo bonaerense y la -hoy desaparecida- Fundación Eco-Pinar, por el que originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares (programas Bonaerenses II y VI y Solidaridad Entidades). Finalmente sólo se construyeron 25, bajo el paraguas del decreto 3201/70, que regula la adjudicación de las viviendas sociales.
Durante 2011 las autoridades del Instituto de la Vivienda provincial realizaron tres censos a fin de normalizar la situación dominial de las fincas, que arrojaron como resultado la decisión de "desadjudicar" a la mayoría de los habitantes en virtud de las siguientes irregularidades: "falta de ocupación real y efectiva, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad en las declaraciones juradas", según consta en la resolución N° 1099, rubricada el 16 del actual por el administrador general del organismo bonaerense, Gustavo Aguilera.
En su dictamen, Aguilera tuvo en cuenta la marcha de una causa penal iniciada hace dos años por el abogado Lucas Ventoso y que hoy sigue la fiscalía de Mar del Tuyú, a cargo de Martín Prieto, en la que se acusa a Altieri de constituir una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
De ese expediente surge que los apoderados de la Fundación Eco-Pinar, encargada de la construcción y hoy desmembrada, eran Eduardo Oricchio y Luis Abruzzese. Ambos mantienen lazos comerciales con el jefe comunal. En el caso ya interviene, en defensa de los intereses del fisco provincial, el fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, que pretende ser considerado "particular damnificado". Según consta en la causa, la Fundación Eco-Pinar, entidad responsable de absorber los dineros del instituto, fue creada el 1° de junio de 2000, "justo un día antes de recibir 500.000 dólares, primera parte del subsidio provincial que sumaba dos millones de dólares", denunció Ventoso.
Entre los beneficiarios del plan están las hijas del jefe comunal: María Constanza y Elena María.
Ambas aparecen como socias fundadoras junto con su padre en las empresas Pinar del Mar SRL -de la que también participó Oricchio- y Los Cucos SA. En el cuestionado plan de viviendas resultaron adjudicados, asimismo, los hijos del secretario de Servicios Urbanos de la municipalidad de Pinamar, Juan Alberto Morales.
La defensa
"Acá hay un trasfondo político de un personaje que busca perjudicarme", se defendió Altieri, que se declaró ajeno a toda la situación y aseguró que la municipalidad "no tuvo ninguna intervención en la adjudicación de las casas".
Además, sostuvo: "A mis hijas nunca se les pidió otro requisito que el de no tener otra vivienda. Y ahora, después de 12 años, nos dicen que no califican. En todo caso -agregó- ellas se sienten estafadas en su buena fe".
Según el intendente dijo a LA NACION, sus hijas "no tenían entonces ni ahora la posibilidad de conseguir una vivienda de otra manera".
Altieri gobernó Pinamar entre 1991 y 2007. Volvió al poder en 2010, después de la caída de su sucesor, Roberto Porreti. Y el año pasado revalidó su cargo hasta 2015, con un partido vecinal que contó con apoyo del gobernador Scioli..
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