Esta semana Andrés Manuel López Obrador lanzó varios obuses para distraer la atención de los verdaderos temas que preocupan a la población: inseguridad, desabasto de medicinas y resurgimiento del Covid.

Inició con el destape de sus candidatos a la Presidencia, siguió con la orden de aprehensión contra el empresario Miguel Alemán Magnani y cerró ayer con la vinculación a proceso del exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

El más mediático fue el de los suspirantes a sucederlo en el 2024. La alrahaca tuvo un doble propósito: atraer los reflectores a otros asuntos y arropar a la que es considerada la candidata de Palacio Nacional, la jefa de Gobierno de la CDMX: Claudia Sheinbaum.

El presidente piensa que despistando con Marcelo Ebrard, Esteban Moctezuma, Juan Ramón de la Fuente y ahora Tatiana Clouthier y Rocío Nahle, le quitará presión a su pupila, jalando la atención hacia otros candidatos que la verdad no están en su corazoncito.

Sin embargo, el tabasqueño está haciendo una apuesta muy riesgosa porque lejos de quitarle golpes le está subiendo todavía más la vara a la exdelega de Tlalpan y la está poniendo, hoy más que nunca, en la mira de un electorado que ya le dio un voto de castigo.

López Obrador está incurriendo en dos errores tácticos cuya pagana va ser, sin duda, Sheinbaum, lo cual abona a favor de Ebrard y Ricardo Monreal, lo dos precandidatos reales porque los demás son de relleno.

La narrativa cuasi diaria contra las clases medias, la hostilidad innecesaria contra la comunidad científica y académica y el favoritismo obsesivo por la clase más pobre, representan un portazo en la cara del electorado que históricamente apoyó a Sheinbaum.

Y Sheinbaum tampoco se ayuda ni tantito porque a todo lo que le ordena López Obrador dice sí, lo que enardece a los sectores que alguna vez la vieron con simpatía.

El otro balazo en el pie que el presidente se está dando, y que nuevamente pone en la mira de sus opositores y adversarios políticos a la jefa de Gobierno, es la famosa revocación de mandato.

AMLO está empecinado en realizarla el año próximo, sin considerar que ese ejercicio va repetir su desaprobación entre el electorado de la CDMX e impedirá que supuren las heridas que todavía tiene a flor de piel su consentida.

La revocación de mandato terminará siendo una reprobación a la que desde esta semana tiene los dados más cargados para estar en la boleta del 2024 como candidata a la Presidencia por el partido Morena.

EL GOBERNADOR ELECTO de Nuevo León, Samuel García, va estar bien custodiado por el Grupo de los 10 de Monterrey, particularmente por FEMSA, de El Diablo’ José Antonio Fernández Carbajal, y Cemex, que preside Rogelio Zambrano. Son dos temas los que preocupan a los industriales regios: seguridad y economía. En el primer caso quieren sellar el estado, especialmente las fronteras con Zacatecas y Tamaulipas, entidades cooptadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. Y en el segundo, aprovechar al máximo las bondades del T-MEC. El nuevo Gobierno estaría arropado con integrantes del sector privado, priístas e integrantes de la sociedad civil. La seguridad pública la retendría Aldo Fasci, quien cuenta con el beneplácito de los empresarios más relevantes de Monterrey. Un expriista, Germán Villarreal, sería el secretario general de gobierno; Carlos Garza, quien es actualmente secretario y tesorero de finanzas de Jaime ‘El Broco’ Rodríguez Calderón y que fue impulsado por Cemex, también repetiría en el puesto; Martha Herrera, otra exejecutiva de la cementera, iría como secretaria de Desarrollo Social; como secretario del Deporte apunte a Frank González, exdirector técnico de los Borregos del Tec de Monterrey, enclave de FEMSA; Alicia Guajardo, del Consejo Cívico de Nuevo León, otro organismo del sector privado, escalaría como secretaria de Desarrollo Urbano; Carmen Gasca T. Junco, sobrina del dueño del Grupo Reforma, Alejandro Junco, iría al Consejo de Desarrollo Social. Uno de los principales asesores de Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, es Javier Treviño, exvicepresidente de Cemex, exdiputado del PRI, exsecretario general de gobierno de Rodrigo Medina, exsubsecretario de Hacienda y Educación Pública.

A PROPÓSITO DE regios, los operadores políticos de la 4T apretaron el paso y vincularon a proceso el expediente que le habían abierto meses atrás a Ildefonso Guajardo. El diputado electo fue uno de los principales asesores del excandidato priísta a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. El también exsecretario de Economía y principal negociador del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá fue clave en la caída al tercer lugar en las preferencias electorales de Clara Luz Flores, la candidata de Morena a la gubernatura, que al final ganó Samuel García. La premura con la que se movió la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero, fue precisamente para evitar que Guajardo tomara protesta como legislador y obtener así fuero. Pero esta batalla apenas comienza. El excolaborador de Enrique Peña Nieto tiene como penalista a Juan Luis Montero, que ha sido abogado del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul contra Guillermo Álvarez, litigante de Paola Durante en el asesinato de Paco Stanley y de las nanas de la niña Paulette Gebara Farah que murió misteriosamente.

EL PROCESO QUE se paró en seco fue la judicialización de la carpeta de investigación contra Ricardo Anaya. Le comenté hace exactamente una semana que ya estaba dispuesto todo para que la FGR iniciará acciones contra el excandidato presidencial por el PAN, en el contexto de la denuncia que hizo Emilio Lozoya Austin. El exdirector de Pemex acusó al queretano de haber recibido dinero de la constructora Odebrecht para aprobar la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto. Sin embargo algo pasó en la semana que nuevamente de Palacio Nacional salió la instrucción de dejar el asunto en espera. No se sabe por cuánto tiempo, pero la pausa no debería ser prolongada porque julio es el mes límite para que Lozoya se acoja a un criterio de oportunidad.

LA OPOSICIÓN EN la Cámara de Diputados le quiere complicar al Presidente Andrés Manuel López Obrador el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda. La fecha para que sea ratificado por el pleno está programada para la próxima semana, el jueves 15 de julio para ser exactos. Pero sería en periodo extraordinario de sesiones, lo que rechazan PRI, PAN y PRD. Y es que los institutos políticos que lideran Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano están dispuestos a mandar la aprobación de Ramírez de la O hasta septiembre, cuando se instale el nuevo periodo ordinario. Sin embargo hay quien dice que eso no sería necesario porque la Comisión Permanante será la que dé su aval.