Muy lejos en el tiempo parece haber quedado la época en la que el PAMI y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) bonaerense vivían momentos felices y la atención a sus afiliados eran un ejemplo a imitar por otros países. Tras el paso del kirchnerismo por el poder, se comenzó a observar cómo los organismos fueron desguazados en su accionar, ya que se vivió una verdadera “fiesta de la corrupción”. 

Eso llevó a que fuera común en el PAMI ver denuncias como el abandono de casi 20.000 sillas de ruedas en un galpón porteño, o el entramado ilegal de una red de empleados que vendían recetas fraudulentas de remedios de alto costo. En el IOMA sucedió algo parecido con los medicamentos, por lo que existe en ámbitos judiciales una serie de acusaciones a los principales funcionarios sciolistas que condujeron la obra social a la destrucción.

Hoy, la situación del PAMI y el IOMA dista mucho de estar entre las ideales. Las promesas de cambio que se esgrimieron desde las autoridades nacionales y provinciales todavía no se han llevado adelante, y los dirigentes kirchneristas que condujeron a los organismos al desastre todavía siguen cumpliendo importantes funciones púbicas.

Preocupación creciente

Idéntica posición puede contemplarse con el régimen de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que recibió grandes favores por parte del gobierno K, los cuales le reportaron a las empresas miles de millones de pesos al año, sin que con ello se pudiera brindar una atención mínima e indispensable a sus afiliados.

De acuerdo a cifras oficiales, las compañías del sector mueven alrededor de $25.000 millones anuales, destacándose que en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, las ART pasaron de un negocio que involucraba $1.400 millones anuales a $25.000 millones, un 1.785% de ganancia en poco más de una década.

¿Será que existe una intención de vaciamiento de las obras sociales estatales y que buscan desvirtuar el poder de los trabajadores?

Para contestar a esta pregunta, este diario consultó a destacados especialistas que brindaron su opinión sobre este tema y lo que se viene a futuro.

Los números de la propuesta oficial

- 6.000.000 de jubilados hay en la Argentina

- 1.700.000 consultas hicieron para ser incluidos en la reparación histórica

- 600.000 fueron aceptados en el reacomodamiento de sus haberes

- 200.000 recibieron aumentos promedio del 10%

- 21% es la media de incrementos que recibiránlos adultos mayores

Jubilados: ¿y la reparación histórica?

El 27 de mayo de este año, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que propone la actualización de haberes para jubilados y pensionados, abonar los juicios previsionales y la creación de la pensión universal para adultos mayores. Esta normativa fue sancionada el 29 de junio por el Congreso de la Nación, pero la pregunta es si ha tenido la misma una inserción masiva entre los adultos mayores para mejorar su nivel de vida.

Hoy en la Argentina existen 6 millones de jubilados, de los cuales iniciaron trámites para acceder a esta reparación 1.700.000. De estos últimos, solo el 42%, es decir, unos 600.000, fueron aceptados para el reacomodamiento de haberes, de los cuales al 95% se le dio el visto bueno para acceder al plan oficial.

Entre los que pudieron ingresar a la compensación, un tercio de ellos recibirá aumentos promedio del 10%, mientras que por los incrementos dados a los haberes más altos, la media total en las subas alcanza al 21%.

En diálogo con este diario, el abogado especialista en temas previsionales y en Derecho de las personas mayores, Christian González D’Alessandro, destacó que “lo lanzado por el Gobierno fue una gran mentira. La gran mayoría de los jubilados no pudieron acceder al reajuste de haberes, y entre los que sí lograron entrar, un tercio recibe aumentos promedio de hasta el 10%, lo que en cifras reales hace que la mayoría reciba subas que van de los $60 hasta los $550, muy poco para la situación inflacionaria del país”.

“El total del promedio de aumentos que hubo en la reparación histórica hecha por Cambiemos es del 21%, lejos de lo que anunciaron al momento de su anuncio, cuando hablaban de un aumento promedio que iba a estar entre el 35 y el 40%. Dada esta situación, lejos de disminuir los juicios de reajuste, en el interanual subieron los litigios, y se incrementaron en 55.000 los nuevos procesos que fueron iniciados en lo que va del año hasta octubre”, remarcó González D’Alessandro.

Polémico recorte a la salud de los jubilados

Carlos Regazzoni, titular del PAMI, redujo el grupo de profesionales que intervenían como médicos de cabecera de los afiliados a la obra social, provocando graves inconvenientes en la atención de la clase pasiva. Nueva restricción a los derechos de los más viejos.

La resolución n° 1895/DE/16, firmada por el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, que recorta el plantel de médicos de cabecera del organismo que atienden a los jubilados a lo largo y ancho del país, desató la polémica en la sociedad por la reducción que vienen sufriendo los más viejos en su atención mínima y esencial.

Buena parte de los profesionales que prestan servicios dentro de la obra social quedarán excluidos de los convenios por la normativa oficial, lo que para muchos tiene que ver con una intención de querer “privatizar” una parte del cuidado primario hacia la clase pasiva que brinda el Estado nacional. 

Esta situación se suma a las múltiples denuncias que existen por parte de los organismos defensores de los jubilados, que hablan de la mala prestación del instituto en todo el país, lo que ha llevado a que en gran parte de las farmacias no se vendan medicamentos con descuento para los afiliados al PAMI y un número indeterminado de profesionales médicos y clínicas no atiendan a los miembros de la obra social.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, le dijo a este diario que “la situación hoy dentro del PAMI es de un colapso casi total. Sacar un servicio esencial como el de los médicos de cabecera para instalar vaya saber qué programa, no hace más que disminuir un servicio que presta la obra social que en las últimas décadas ha ido en franca decadencia”.

Para el funcionario público, “esto se debe a la corrupción que reinó y reina todavía en el PAMI, que hizo que los jubilados paguen una fiesta de la cual ellos nunca participaron. Fiesta que pagaron, en muchos casos, incluso con su vida, por no poder contar a tiempo con la atención o la prestación necesaria”.

“El PAMI debería ser normalizado y no seguir intervenido. El último tratamiento que hizo el Congreso de esto fue en el año 2003, así que hoy es todo vía de facto. Lamentablemente, el PAMI funciona como un financiador de la política partidaria, es un resguardo para el gran negocio de la industria de los medicamentos”, resaltó Semino.

La reducción del plantel de médicos de cabecera por parte del Gobierno nacional es una postal que evidencia el descalabro que aún hoy se sigue mostrando hacia los jubilados, que, en vez de brindar soluciones concretas y urgentes a la clase pasiva, la sumergió en la más profunda de las agonías.

Ioma: el descontrol continúa

“Solo hubo un cambio de nombres, pero continúa prácticamente todo igual, sin control”, define a este diario el titular del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma), Idelmar Seillant, la situación actual en la obra social.

Según el responsable del gremio que viene denunciando maniobras irregulares en la obra médico asistencial, “han dejado en sus cargos a la gran mayoría de los funcionarios que habrían participado en forma directa de estos ilícitos. Es decir que, en vez de sacarlos o crear sumarios para que no tengan injerencia en los procesos de gestión interna del Ioma, prácticamente han quedado todos y a algunos hasta se los jerarquizó más”.

Entre las 20 causas de delitos complejos que involucran a ex y actuales administrativos del IOMA, la más escandalosa es la iniciada en 2001 por una estafa millonaria con medicamentos oncológicos. Por otra parte, la Justicia platense investiga los vínculos del expresidente de la obra social, Antonio La Scaleia, con dos empresarios del rubro “internación domiciliaria”, quienes tuvieron abultados contratos con la prestataria y habrían cometido estafas millonarias. 

A su vez, en mayo de este año fue detenido el último de los cinco acusados por el cobro de cheques falsos en perjuicio del IOMA por 1.740.000 pesos. Y el mes pasado el Supttioma presentó una denuncia por maniobras irregulares y presuntamente fraudulentas con facturaciones sin respaldo en el pago de gastos a la totalidad de los sanatorios de la Provincia, además de complicidades en las auditorías. 

Aún con este prontuario, Seillant asegura: “No hay auditorías de corte, contables, de prestación domiciliaria o del terreno, y lo más significativo es que se les han ido pagando sumas millonarias a empresas que están documentadas ser testaferros de exfuncionarios o de funcionarios actuales del Ioma”.

Así las cosas, el titular del Supttioma adelantó que pedirán “la renuncia de todos los funcionarios que han estado involucrados en los procesos de vaciamiento del Ioma”.

El oscuro negociado detrás de las ART

Una de las características del modelo K fue la ambición de cosechar dinero y grandes negocios para ellos y sus amigos. En uno de los sectores donde mejor se vio este accionar fue en el de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que recibió grandes favores que le reportaron a las empresas miles de millones de pesos al año.

Las ART no se hacen cargo del traslado de los pacientes, sino que contratan a una tercera empresa, la cual contrata a pequeños coordinadores, que a su vez tercerizan con los choferes que hacen los traslados de enfermos, fenómeno que se advierte como una “tercerización de la tercerización”. 

Todo esto hace que de los 250.000 trabajadores que trasladan pacientes, el 85% se encuentre en negro, solo un 2 o 3% en blanco, mientras que el resto está bajo el régimen de monotributo; pero todos tienen un denominador común, no tienen ninguna cobertura social.

“Las ART contratan a una empresa de traslado, la cuales terceriza con coordinadores, quienes a su vez tercerizan con particulares para trasladar pacientes, cometiendo las empresas un megafraude laboral y fiscal”, señaló a este diario el titular del Sindicato Único de Trabajadores de Unidades de Traslados (Sutut), Paris Duarte.

Para el dirigente gremial, “esto hace que las ART sean los empleadores principales, pero el coordinador es una remisería y los choferes dedicados al traslado de pacientes no están reconocidos sino que figura como que trasladan pasajeros, lo que hace que, ante cualquier accidente, la empresa no se haga cargo y tanto el trabajador como el trasladado queden al margen de la ley”.