"¿Existirá la revancha?", se pregunta un camarista con despacho en Comodoro Py, mientras repasa un expediente sobre el que se debe pronunciar pronto, en el que hay personajes de peso del gobierno kirchnerista implicados. Ese juez, que ya firmó fallos de alto impacto, da por descontado un triunfo del Frente de Todos en las elecciones de mañana. Así se vive la contienda electoral en los tribunales federales.

"Esto es vida o muerte. Los heridos de muerte por las decisiones que acá se tomaron ganaron las PASO y, ahora, están por salvarse la vida", dijo otro magistrado. Y confesó que no cree que todos los expedientes que avanzaron en los últimos años vayan a seguir su curso. Se refiere a las decenas de causas por corrupción que mantuvieron a exfuncionarios kirchneristas detenidos y que fueron a juicio oral en los últimos cuatro años, y puntualiza sobre la causa de los cuadernos: "Esa causa está en medio de una guerra que se inició y no se sabe cómo termina, la contraparte está en Dolores". Alude, así, al expediente que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, en el que exfuncionarios kirchneristas querellan contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos.

El resultado de las PASO cambió el clima de los tribunales federales, donde se tramitaron decenas de causas por corrupción a ritmo acelerado. Tras la votación del 11 de agosto, algunos jueces y fiscales reconocían que las palabras de Alberto Fernández -dio nombres propios de los magistrados que debían "explicar sus sentencias"- habían caído pesadas. Otro juez minimizó la idea de una posible "venganza kirchnerista". Se mostró expectante por la impronta que podría imprimirle Alberto Fernández a su gestión judicial, y, como si trabajara en un campo minado, dijo: "Fernández tiene la oportunidad de corregir este lugar".

Decisiones post-PASO

En el juicio de Oil Combustibles, los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, investigados por defraudación al Estado, quedaron libres después de dos años. También recuperaron la libertad el empresario Gerardo Ferreyra -el único que quedaba detenido por la causa de los cuadernos- y Fernando Esteche. Además, se suspendió por "razones de agenda" el juicio oral por la causa Vialidad, en la que está acusada Cristina Kirchner. Será retomado el 4 de noviembre. Los magistrados se molestan cuando sus decisiones son leídas en clave electoral.

En simultáneo, el gabinete de Mauricio Macri tiene funcionarios a tiro de procesamientos y algunos jueces que durante el macrismo debieron dar explicaciones en el Consejo de la Magistratura por su patrimonio ya mostraron los dientes.

El juez Luis Rodríguez, con una denuncia en el Consejo por el supuesto cobro de un soborno millonario, citó a indagatoria para después de las elecciones -20 y 21 de noviembre- al exministro Juan José Aranguren y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

Esa causa se inició en 2016, por una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, según la cual Aranguren benefició a la petrolera Shell mientras era ministro de Energía, sin haberse desprendido de las acciones de la firma y Alonso lo habría encubierto al no denunciar un conflicto de intereses. Ambos estuvieron imputados en este expediente durante tres años, pero todavía no habían sido citados a declarar.

El juez federal Ariel Lijo, que también tuvo una causa en el Consejo -desestimada el año pasado-, tiene el expediente que apunta al corazón de la familia presidencial: el del Correo, en el que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo del pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado. Los imputados -el ministro Oscar Aguad y abogados de la firma Correo- habían sido indagados en marzo. Lijo aún no resolvió sobre la situación de los imputados y ordenó un peritaje contable el mes pasado.

Otro magistrado que levantó su perfil después de las PASO es Rodolfo Canicoba Corral, quien acumuló denuncias en su contra por su crecimiento patrimonial. El juez federal avanzó en una causa por espionaje ilegal, que estaba adormecida. Había sido iniciada por una denuncia de la AFI para determinar si eran ciertas las revelaciones de una nota periodística de LA NACION en la que se enumeraban actividades de espionaje ilegal. Pero, hace pocas semanas, Canicoba pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informara por qué motivos habría accedido a los datos migratorios de él y de su colega Luis Rodríguez, entre otros actores del mundo judicial que habrían sido espiados. Apenas días después de las PASO, reconstruyó LA NACION, Canicoba festejó la victoria peronista y se consagró ganador de algunas apuestas.