-¿Qué hago?-, preguntó Horacio Rodríguez Larreta al procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, cuando se conoció que un fallo de primera instancia de la justicia federal decidía suspender las clases presenciales en la Capital Federal como exigía Alberto Fernández.

-El fallo es arbitrario e inconstitucional. Viola la decisión de la Corte Suprema que ya dijo que tiene competencia originaria para los casos en que la Ciudad es parte. El juez debió abstenerse, ya sabía que el caso de las clases presenciales estaba en manos de la Corte. Esa decisión es contraria a derecho-, evaluó Astarloa, el abogado jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con los argumentos jurídicos explicados por el Procurador General, Rodríguez Larreta consultó a su Gabinete. Y la respuesta fue unánime: no se podía avalar una decisión judicial que se consideraba ilegal, y tampoco permitir que Alberto Fernández apareciera revalorizado en la opinión publica por su estrategia diseñada para enfrentar la segunda ola del COVID-19.

El Presidente sostiene que la llegada a las clases presenciales multiplican los contagios, mientras que el jefe de Gobierno porteño asegura que la actividad educativa en las aulas no incide en la actividad invisible del coronavirus. Esta diferencia sanitaria al momento de fijar una estrategia común para contener la segunda ola, se transformó en un litigo judicial que derivó en un enfrentamiento político y en una crisis institucional con final abierto.

Ya no se trata de resolver el método para aplacar las consecuencias mortales del COVID-19, ahora está en juego la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el liderazgo público de Alberto Fernández y Rodríguez Larreta. Sin un acuerdo institucional, como sucedió durante el primer año de la pandemia, las desavenencias políticas terminaron judicializadas.

Los cinco titulares de la Corte Suprema: (de izquierda a derecha) Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti

La Corte Suprema fundará con exacto criterio un fallo que será histórico y que se conocerá hacia fines de abril. Pero en términos de realpolitik, y a pocos meses de las elecciones, la decisión del máximo tribunal se leerá como el resultado de un juego de suma cero: uno ganó, y el otro fue derrotado.

En este contexto, Rodríguez Larreta evaluó que debía reforzar su ofensiva contra Alberto Fernández, que estaba conforme con los argumentos jurídicos presentados para avalar la decisión de suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

“Se ajusta a derecho, el fallo está muy bien”, opinó el Presidente en Olivos, mientras retuiteaba todos los tuits de miembros del Frente de Todos que cuestionaban la decisión de Rodríguez Larreta de preservar la concurrencia a las aulas apoyado en la resolución de la Cámara porteña.

El movimiento político-judicial del jefe de Gobierno sorprendió al oficialismo. Ayer a la tarde, cuando se conoció el fallo de Esteban Furnari, Alberto Fernández pensó que Rodríguez Larreta aceptaría la decisión del juez federal designado en épocas de Néstor Kirchner.

El cálculo presidencial tenía su lógica: el DNU suspendiendo las clases presenciales atacaba la autonomía de la Ciudad y hacía referencia al AMBA, un territorio de hecho que no podía estar sujeto a una decisión legal tomada por el Poder Ejecutivo. Rodríguez Larreta había aceptado esta peculiar situación jurídica, y en Gobierno pensaban que el titular de la Ciudad repetiría la misma reacción condescendiente.

Alberto Fernández podría alegar que su DNU tiene una razón de política sanitaria y que no afecta la autonomía del distrito porteño para regular sus propios planes educativos, pero le sería difícil justificar desde el derecho administrativo la aplicación de una norma de emergencia sobre un territorio que no existe desde la perspectiva de las normas positivas.

Al margen del debate jurídico, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández pisarán la arena pública para explicar sus posiciones políticas antes que decida la Corte Suprema. Los dos saben que juegan su proyecto de poder y que será muy complicado recuperar la relación institucional en medio del avance del COVID-19.

El Presidente y el jefe de Gobierno asumen que la pandemia no dará tregua y que esta situación de emergencia puede extenderse por un tiempo indeterminado. Por eso aguardan con muchísima expectativa el fallo del máximo tribunal: su contenido impactará sobre las decisiones políticas que tomen hacia adelante, mientras la vida sigue a merced de un enemigo silencioso que no sabe adonde queda el Palacio de Justicia.