¿Qué pasó? ¿Por qué cambió el viejo discurso ortodoxo del FMI que les pedía a los gobiernos argentinos que cerraran las manos cuando se trataba de administrar los recursos públicos, no que las abrieran? ¿Acaso Cristina Kirchner aterrizó de sopetón, sin dejar huellas, en las elegantes oficinas del Fondo en Washington? ¿O Sergio Massa y Alberto Fernández han sido contratados como populistas asesores del organismo multilateral? Tranquilos. No pasó nada raro. Sucede que a ese organismo le interesa que la ideas de Javier Milei no naufraguen en un país donde una mayoría social prefirió desde la gran crisis de 2001/2002 abrazar cualquier propuesta heterodoxa, aferrarse al derroche estatal y a los subsidios que protegían a los pobres y también a los ricos. Los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y un dólar subvaluados fueron decisiones que beneficiaron más a los ricos que a los pobres. Merodea en los despachos del Fondo la sospecha de que un sufrimiento social más profundo que el actual podría devolver rápidamente a la sociedad argentina a los brazos del populismo. Cualquier economista está en condiciones de asegurar que el ajuste que se vivió hasta ahora dejó una economía exhausta cuando está a punto de entrar en su peor momento. La consultora de Orlando Ferreres y Fausto Spotorno, que suele medir las actividad económica, detectó una fuerte caída en las ventas de comercios minoristas en enero. El retroceso del consumo es tan profundo que varias industrias automotrices decidieron extender las vacaciones del personal que habían iniciado a principios de año, algunas por tiempo indefinido. Marzo llegó también con aumentos importantes en prepagas, electricidad, gas y colegios privados, entre varios más. Con todo, los alimentos y los medicamentos están entre los rubros que registraron en los últimos meses una mayor caída de consumo. En las farmacias cuentan que hay enfermos de edad avanzada que deben elegir uno o dos medicamentos entre cuatro o cinco recetados por los médicos. Son las pócimas que deciden entre la vida y la muerte. Los aumentos de los medicamentos, que produce una de las industrias con mayor margen histórico de ganancias, nunca se anuncian públicamente. Tal como es, la política del Presidente, guste o no guste, debería complementarse con la importación de productos terminados en condiciones de competir con los nacionales. Pero no podrá hacer eso mientras exista el cepo al dólar, cuya permanencia impide todo, desde las importaciones hasta el arribo de inversiones productivas. El fin del cepo será también el fin del impuesto PAIS, que Alberto Fernández le aplicó al precio del dólar el primer día de su gobierno; ese gravamen es ahora uno de los de mayor recaudación. Los alcances de ese impuesto, que no es coparticipable con las provincias, fueron ampliados y empeorados por Massa, que ordenó que se aplicara también para los dólares destinados a la importaciones de insumos industriales. Por lo demás, mientras exista el Bopreal (un bono del Banco Central que rinde entre el 11 y el 20 por ciento anual en dólares en el mercado secundario) hasta el dólar paralelo estará planchado. Sin embargo, el Presidente conserva el mismo nivel de simpatía social que tenía el día del balotaje. Inexplicable, según los clásicos manuales de ciencias políticas.

El Fondo Monetario se preocupó por las jubilaciones porque en su licuación se cifra gran parte del duro ajuste fiscal en marcha, que es la consecuencia lógica del despilfarro populista de los últimos 20 años de kirchnerismo. Antes de asumir, Milei se proponía una fórmula que consistía en darles aumentos a los jubilados según la inflación mensual y dejar en el olvido la licuación que ya había aplicado Massa durante su gestión al frente del Ministerio de Economía. Era una injusticia olvidarse de la licuación de Massa, pero esa vieja injusticia se extendió en el tiempo porque la licuación no cesó nunca. Nicolás Posse les dijo a los gobernadores que insistirán ahora con los aumentos por inflación para los jubilados. Veremos. También se están licuando los salarios en general (en particular, los de la administración pública) porque los aumentos que se autorizan en las negociaciones paritarias tienen un techo de entre el 15 y el 16 por ciento mensual; la inflación acumulada de diciembre, enero y febrero fue superior al 65 por ciento.

A pesar del apoyo empresario a las políticas de Milei, la habitual medición de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) sobre el estado de ánimo de los empresarios para los próximos meses detectó una muy baja expectativa. Significa, según la experiencia histórica, que la retracción de la economía continuará en los meses por venir. De hecho, el propio Presidente señaló que marzo y abril serán los peores meses para la sociedad argentina. Un ajuste más sofisticado debería aplicarse en los próximos meses, aunque ningún economista serio imagina que habrá expansión económica antes de fin de año. Salvo los casos de Télam y el Inadi, el gobierno de Milei no hurgó todavía en los lugares que ocupan miles de empleados de La Cámpora que medran en la Anses, en Aerolíneas Argentinas, en YPF y en muchos organismos centralizados y descentralizados de la administración pública. Un funcionario de Milei se lamentó de que el Gobierno no haya tenido los reflejos como para tomar decisiones importantes sobre Aerolíneas Argentinas luego del miércoles salvaje de hace diez días, cuando una huelga de personal de la empresa aérea estatal impidió a los pasajeros hasta ingresar a los baños de los aeropuertos. “Ese día debimos cerrar Aerolíneas Argentina o anunciar su inmediata privatización. La gente común no quería saber más nada de Aerolíneas”, dijo ese funcionario. En efecto, no hicieron nada.

El Gobierno dibuja todavía sus primeros garabatos. Hoy se cumplen solo tres meses desde que Milei accedió al poder. Muchas de sus ideas son homologables por cualquier dirigente serio, pero resalta la necesidad de funcionarios en condiciones de implementar esos programas. El Presidente parece creer a veces que basta con exponer una idea para que esta se concrete. Otras ideas ni siquiera se exponen, como el final del subsidio a los empresarios de Tierra del Fuego, que le costaron al Estado nacional en 2023 unos 2400 millones de dólares en exenciones impositivas. Son 30 empresas, pero sobresalen dos por su enorme tamaño: Mirgor, de Nicolás Caputo, y Newsan, de Rubén Cherñajovsky, ambos con una notable capacidad para influir en la política argentina. Exministros de extracciones muy distintas, como Dante Sica (de Mauricio Macri) y Matías Kulfas (de Alberto Fernández), cuestionaron ese régimen; algo está mal desde hace mucho tiempo en el fin del mundo. La situación de los jubilados es más injusta cuando se la observa a la luz de esos contrastes. Fuentes cercanas al oficialismo se preguntaron si esos empresarios fueguinos no podrían pretextar que tienen derechos adquiridos porque el gobierno de Alberto Fernández les hizo un favor increíble: en 2021, prorrogó ese régimen especial hasta el año 2038. Incalculable la cantidad de dinero estatal que se iría en beneficio de tan pocos durante tanto tiempo. Una eventual gestión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ante la Corte Suprema de Justicia podría dejarle a la administración una idea, al menos, de hasta dónde regirán los derechos adquiridos y a quiénes beneficiarán en primer lugar.

No solo el peronismo o el kirchnerismo derrapan en el populismo. También destila demagogia explícita el cuestionamiento de periodistas y del Presidente a los legisladores nacionales por un aumento del 30 por ciento en sus dietas, muy lejos de la inflación acumulada en los tres últimos meses. Si los miembros del Parlamento tendrán en adelante sueldos miserables, entonces el Poder Legislativo será un club exclusivo de corruptos y de ricos. En cambio, es intolerable que Cristina Kirchner sea la única expresidenta que acumula dos jubilaciones presidenciales, la suya y la de su marido muerto. Isabel Perón, pésima presidenta sin duda, solo cobra una tercera parte de lo que percibe Cristina Kirchner; la viuda de Perón tiene también un marido muerto que fue tres veces elegido presidente de la Nación y que fue, además, teniente general del Ejército. Pero el caso más injusto de todos es el de Adolfo Rodríguez Saá, miembro de una familia rica, quien cobra jubilación de presidente cuando ocupó ese cargo solo durante una semana; huyó de su compromiso presidencial aterrorizado por la revuelta social de fines de 2001. No se trata de una cuestión legal; es una cuestión moral. Nadie puede reclamar una jubilación tan importante por una función que cumplió solo durante siete días. La ética es la estética del comportamiento.