De todos los pedidos del gobierno argentino al Fondo Monetario, que incluyen desde mayores plazos y menores tasas hasta la posibilidad de redistribuir las reservas que repartió a países sin problemas financieros, el más importante y vital es contar con cierta autonomía en el armado de la política económica interna del país.  Las recetas de ajuste que aplica el organismo monetario casi como un acto reflejo tras la entrega de un préstamo a un país es siempre la misma: solo es exitosa cuando se desoye.

A quienes hace meses se los presentaba como expulsados por su mala praxis en el organismo por el mega-préstamo irresponsable concedido al macrismo, en una supuesta señal de autocrítica, vuelven a estar en puestos claves de decisión sobre su pésima gestión e insisten con que les le pague con un brutal ajuste del gasto, algo ampliamente probado que genera recesión y caída del consumo interno.

Este año comienzan a acumularse los principales desembolsos a los que se comprometió el anterior gobierno y la falta de divisas necesarias para hacerlos efectivo tensiona las negociaciones. Esta semana enfrenta vencimientos por 730 millones de dólares. En ese apuro está el peligro de firmar cualquier cosa, si es que continúa sin tomarse como una alternativa posible no pagar y seguir conversando. Desde el Gobierno vienen deslizando hace tiempo que cualquier acuerdo al que se llegue va a ser malo. El problema es cuán malo va a ser el que acepte el país. 

El objetivo oficial era alcanzar un acuerdo como el que hizo Portugal, casi en simultáneo con Grecia, pero logrando una negociación que evitó las restricciones que imponía la entonces directora gerente del organismo, Christine Lagarde, la que le firmó el préstamo a Macri y actualmente presidenta de del Banco Central Europea. El resultado de Portugal fue que logró recuperarse y comenzar a crecer, mientras que Grecia perdió un cuarto de su producto en los diez años en lo que aplicó a rajatabla el plan del Fondo. Sin embargo, los actuales burócratas parecen más intransigentes pese a ser corresponsables de la crisis macrista. 

Una receta mal diseñada

Si bien la receta que suele exigir el Fondo tiene algunas excepciones cuando los países acreedores son economías desarrolladas y tienen asientos de importancia en el Board del organismo, en líneas generales se resume en ajustar la economía hasta que genere un excedente que permita pagar las cuotas comprometidas. En términos macroeconómicos sería achicar el déficit primario para volcarlo al pago de intereses y capital, la receta que vimos en varios momentos en la Argentina y el recuerdo más reciente fue el ajustado aplicado entre 2018 y 2019 para alcanzar el equilibrio. 

En las últimas horas se pretende simplificar la recta final del acuerdo aduciendo que se está trabajado por un punto porcentual más o menos de déficit el año próximo o si se empieza a pagar en 2025 y 2026. El problema es quién va a dictar la política en los próximos años o, siendo benevolentes, qué posibilidad de injerir tendrán los argentinos y argentinas en decidir su propia suerte. Mientras el organismo publica en su blog extensas opiniones plagadas de buenas intenciones, como apuntalar el crecimiento y el desarrollo, sigue recetando ajuste y diagnosticando cada vez peor.

En plena aplicación de los dictado por el organismo, como fue 2018 y 2019, el propio Fondo no fue capaz de prever lo que le sucedería al país con un mínimo grado de precisión. Habían proyectado una caída de 0,4 por ciento para el 2018 y una recuperación de 1,6 por ciento para el 2019. El resultado fue una caída, la tercera consecutiva, en 2018 de 2,1 por ciento, profundizándose al 2,2 por ciento el año siguiente. Otro error de pronóstico que fue la inflación para 2018. Se estimó una suba de precios en torno al 16 por ciento pero cerró arriba del 47 por ciento y para 2019 tocó su máximo en tres décadas con el 54 por ciento.

Tampoco hace alguna diferencia el mea culpa que hacen de no haber supervisado el programa y del rotundo fracaso de sus recetas en la mayoría de los países aplicados, especialmente en la región. El diagnóstico y la receta son las mismas en todas las misiones técnicas del organismo en las revisiones anuales previstas en el artículo IV de su Convenio Constitutivo. 

En 2016 el FMI completó la auditoría del artículo IV en nueve países sudamericanos: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador (2015), Paraguay, Perú y Uruguay. En todos los casos se revela un retroceso de distinto grado en el desarrollo de los países,  en sus estructuras productivas y en los niveles de desigualdad. Desde la crisis el organismo entregó 40 nuevos créditos, aunque ninguno de la magnitud del que otorgó al macrismo. En los casos en lo que se siguió a rajatabla la receta, más allá de que el FMI culpe de una mala implementación de sus "ideas" a los malos resultados", se registró altos niveles de pobreza, estancamiento y desempleo. 

No pegaron una y redoblan

Los programas de financiación en América Latina comenzaron con un acuerdo firmado con Perú en 1953. El organismo que hoy conduce Kristalina Georgieva tuvo un papel central durante los ochenta, conocida como la década perdida, que estuvo signada por profundas crisis económicas. Después vinieron el paquetazo en Venezuela, el corralito en Argentina y el impuestazo en Bolivia.

En de 1989, el gobierno venezolano aplicó una serie de reformas económicas impuestas por el FMI, conocidas como 'paquetazo', a cambio de recibir un préstamo de 4.500 millones de dólares. El resultado fue aumentos de la gasolina, del transporte público, de los alimentos y de primera necesidad, mientras se congelaron los salarios. La situación estalló en una crisis socio-económica sin precedentes. 

Cinco años después, Bolivia accedió a una línea de crédito de 124,5 millones de dólares por parte del FMI, que se incrementó luego a un total de 248,9 millones de dólares. El entonces gobierno Ignacio Sánchez de Lozada aplicó una serie de medidas económicas de austeridad, más la privatización de varios recursos estatales, el gobierno de intentó avanzar en un plan para exportar gas a Estados Unidos a través de Chile. Esto derivó en una fuere revuelta. La nacionalización de recusos implementada por el entonces presidente Evo Morales, años después, sacó al país de la crisis. 

En Ecuador, con una economía dolarizada, e gobierno tomó deuda por más de 4200 millones de dólares en 2019. Ese año el presidente Lenín Moreno dispuso una serie de medidas económicas que apuntan, de acuerdo a la organización internacional financiera, a "proteger a los pobres y los más vulnerables".  En ese marco, se anunció una ley de flexibilización laboral y el fin a los subsidios de los combustibles. 

El FMI no es un organismo neutral técnico que pretenda sanear las economías, sino que responde a los intereses de los países potencia, principalmente Estados Unidos. Esa pérdida de soberanía y los efectos de las políticas neoliberales de los noventa sigue pesando en las economías latinoamericana, las que cada tanto se revelan en protestas, como sucedió ante la mera posibilidad de un nuevo ajuste en Brasil o en Chile.