El verano en la Patagonia se caracteriza por un aumento en la incidencia de incendios forestales, con un impacto significativo en los ecosistemas locales y la seguridad de las comunidades. Las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz enfrenta diversos desafíos en este ámbito, especialmente relacionados con el cambio climático, la desinversión estatal, y la gestión de recursos.

Para hacer un recuento, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, los incendios arrasaron 7.747 hectáreas en la región de los bosques andino-patagónicos. Chubut fue la más afectada, con el 90% del área quemada, seguida de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Las causas predominantes incluyeron la actividad humana negligente, como fogatas mal apagadas, y fenómenos climáticos extremos, como tormentas eléctricas más frecuentes debido al cambio climático

A nivel nacional, la Ley 26.815, promulgada en 2013, establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales. Esta normativa creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SNMF), coordinado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y con participación de la Administración de Parques Nacionales (APN), las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en los últimos años, las asignaciones presupuestarias y la gestión de este sistema viene enfrentado críticas significativas.

Es que el presupuesto asignado al SNMF para 2025, de 28.000 millones de pesos según el proyecto presentado por el gobierno de Javier Milei, es significativamente menor al requerido para mantener las capacidades operativas del sistema. A pesar de estas necesidades, durante el primer trimestre de 2024 no se ejecutó ningún fondo asignado, y a septiembre solo se había utilizado el 39% del presupuesto disponible, lo que representa una caída real del 67% en términos presupuestarios y limita la capacidad de respuesta rápida y efectiva ante incendios.

En ese sentido, la falta de recursos no solo afecta la adquisición de herramientas y equipos, sino también la formación y mantenimiento de los aproximadamente 500 brigadistas del SNMF.

El debate sobre la Ley de Manejo del Fuego

En 2020, la Ley de Manejo del Fuego fue modificada para restringir el uso de suelos afectados por incendios forestales. La normativa prohíbe durante 30 a 60 años, dependiendo de si el área es protegida o no, los negocios inmobiliarios y actividades comerciales que no existieran previamente al incendio. 

Dicha modificación busca desalentar los incendios intencionales por intereses especulativos y garantizar la restauración de los territorios afectados.

Sin embargo, sectores agropecuarios y legisladores libertarios promovieron este año la derogación de esta modificatoria, argumentando que impone restricciones excesivas y que invade atribuciones provinciales. Esta propuesta de derogación amenaza con debilitar las protecciones ambientales y podría aumentar la frecuencia de incendios provocados por intereses económicos.

El cuadro de situación en la Patagonia

La Patagonia argentina enfrenta una temporada crítica de incendios forestales, que se intensificó en 2024 debido a las condiciones meteorológicas adversas, como la falta de lluvias y los vientos intensos, que han provocado en más de una ocasión el estado alerta máxima, con numerosos focos activos que han afectado vastas áreas de bosque nativo y comunidades cercanas.

Tal como se ha venido evidenciando a lo largo del año con el recorte de fondos por parte del Gobierno Nacional en diversas áreas, se que espera que las provincias tengan que lidiar con los eventuales incendios con recursos propios, y tomando eso en cuenta, hasta el momento la intensidad se ha enfocado generalmente en los programas de prevención.

De este modo, en Chubut Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) a prohibió la quema de desechos forestales desde octubre pasado. Este servicio tiene una infraestructura compuesta por 13 bases de brigada distribuidas a lo largo de la cordillera, 2 anexos, una Central de Coordinación y Despacho, y una Subcentral de Incendios Forestales

Aun así, la zona de la cordillera de la provincia experimenta un riesgo elevado de incendios, con condiciones de sequía que aumentan la combustibilidad del material vegetal.

En Neuquén, la preparación para la temporada de incendios incluyó un llamado a licitación para la adquisición de equipos especializados, como camisas y pantalones ignífugos y borceguíes de alta montaña, por un valor de 158 millones de pesos, lo que busca proteger a los brigadistas y aumentar su capacidad para enfrentar condiciones extremas durante el combate de incendios. 

A pesar de estos esfuerzos, expertos locales advierten sobre la necesidad de una planificación más integral, que considere no solo la disponibilidad de equipos, sino también el despliegue estratégico de recursos humanos y aéreos.

En Río Negro, la preocupación es evidente en localidades como El Bolsón, donde el intendente Bruno Pogliano solicitó garantías para la llegada de aviones hidrantes, esenciales para el "primer ataque" contra incendios. 

Aunque se han realizado mejoras en infraestructuras clave, como la adecuación del aeródromo local por un costo de 40 millones de pesos, persisten las dudas sobre la disponibilidad de medios aéreos, que dependen del Estado nacional. Los incendios en Las Golondrinas, Lago Puelo y Cuesta del Ternero son antecedentes graves, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva.

Hace unos meses Santa Cruz implementó medidas normativas estrictas para prevenir incendios, incluyendo la veda de quemas durante los períodos de mayor riesgo. La provincia cuenta con Brigadas Voluntarias de Lucha Contra Incendios Forestales y Rurales, creadas por la Ley Provincial 2.475, y establece multas basadas en el precio del gasoil premium para sancionar el uso indebido del fuego. 

Sin embargo, las limitaciones presupuestarias y la dependencia de recursos nacionales dificultan una respuesta integral a las emergencias.

Algunos puntos en común para la región

La Patagonia comparte varios desafíos en su lucha contra los incendios forestales. Entre ellos se encuentra la creciente incidencia de incendios de interfase, donde el fuego afecta tanto áreas boscosas como zonas urbanas, exponiendo a la población a riesgos significativos. Como ya se mencionó, la falta de lluvias y las altas temperaturas, combinadas con el viento constante, exacerban la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

Además, el incremento del turismo en la región aumenta el riesgo de incendios causados por actividades humanas, como fogatas mal apagadas.

Aunque las provincias reforzaron sus sistemas locales de manejo del fuego, la dependencia de recursos nacionales, especialmente para la disponibilidad de aviones hidrantes, sigue siendo un obstáculo. La falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la ausencia de un canal de diálogo claro entre las autoridades locales y nacionales complican la implementación de estrategias efectivas.

Sobre esa línea, también es importante resaltar que, a nivel nacional, falta de inversión en protección ambiental, evidenciada por los recortes presupuestarios, pone en peligro la capacidad del país para cumplir con compromisos internacionales, aunque ya renegados por el actual gobierno de Javier Milei, como los acuerdos de París y Escazú.