Así, el pedido de renuncia, o la inicial decisión -luego desestimada- de renunciar al cargo por parte de José Manuel Inza; o la presión para que saque nueve funcionarios políticos del gabinete con su reemplazo digitado, para "someterlo" a alguna de las líneas partidarias; el ofrecimiento de un acuerdo político por Hernán Bertellys, desestimado; el intento de "alinear" desde el gobierno nacional al bloque de Concejales oficialistas, para que no haya riesgo de suspensión o destitución; etcétera.

Los vecinos observan azorados. Por una parte, las gravísimas denuncias administrativas en contra de la gestión municipal, incluso con procesos penales en curso. Por otra, la pasividad cómplice de Inza, que se niega a separar a los funcionarios sospechados de corrupción o violencia, y su tozudez para oponerse a todo diálogo constructivo. Los azuleños tienen temor de que haya un nuevo retroceso, y muchos dan por perdido los años que restan hasta 2015.

Para buscar una solución, es importante tener presente las ideas básicas de todo estado social y democrático de derecho.

El Intendente fue electo por casi el 48 por ciento de los votos para gobernar el municipio durante cuatro años. El resultado de las PASO 2013 no empaña esa legitimación democrática porque, aunque tuvo la mala idea de hacer campaña pegándose a la lista del oficialismo, Inza mismo no fue candidato.

A partir de su designación, es el Intendente de todos los azuleños y no sólo de una fracción partidaria, sea el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria.

Por eso, la crisis no es un asunto exclusivo de los referentes partidarios. Más aún, habría que preguntarse si ellos son parte de la solución o forman parte del problema.

El Intendente se ha abroquelado sobre sí, designando innumerables funcionarios políticos a los que remunera por izquierda y por derecha, en el marco de una pulseada interna y partidaria que es de público conocimiento. Y también escondió actos y documentación, sin que sepamos si los ocultaba a propios o a extraños.

Esa legitimación democrática no impide su enjuiciamiento por falta grave (Art. 123 Ley Orgánica de las Municipalidades). Pero la gente tiene derecho a tener toda la información:

a) si hay responsabilidad de algunos funcionarios políticos, que no puede ni debe sustituirse con la del Intendente, porque la corrupción no se exime por obediencia debida; b) cuáles son los actos incriminados, cuál el perjuicio sufrido y cómo se van a reponer los dineros públicos; y c) por qué no fueron observados por los funcionarios que ejercen la cadena de control municipal, de legalidad y del gasto.

La interpelación no es el medio adecuado para averiguar la verdad. Tal vez sirva para humillar al Intendente, para instalar un revanchismo o confrontación más fuerte o para lograr rédito político en la opinión pública, pero no es útil para solucionar la crisis institucional. Ya tenemos la experiencia con lo que ocurrió la vez anterior.

Además, no aporta a la solución del problema más acuciante: la protección del personal municipal sometido a violencia laboral. Lo primero es la gente, y poco ha hecho el Concejo Deliberante con más de dos decenas de denuncias formales e informales que llegaron a su conocimiento.

Creemos que es necesario un pacto político de gobernabilidad, que debe involucrar a todas las fuerzas políticas, incluso a quienes son candidatos expectables a partir de la última elección, para reemplazar a los Concejales que están concluyendo su mandato.

Ello no impide que la investigación que se realice pueda concluir comprobando conductas graves que impiden la continuidad del mandato. O que avancen las denuncias penales incriminando al Intendente. Pero debe ser un resultado y no un presupuesto.

Las bases del compromiso político deben ser simples, pero eficaces para prevenir futuros comportamientos indebidos:

1) El cumplimiento irrestricto de las normas, es decir, de la Constitución, de las leyes y también de las ordenanzas.

2) La supresión de toda violencia laboral, y el respeto irrestricto de la dignidad y autonomía funcional, de los empleados y funcionarios municipales de planta.

3) Asegurar la transparencia de la gestión comunal, permitiendo el acceso de los Concejales a todas las bases de información del ejecutivo, y una directiva especial de acceso, para lo no digitalizado.

4) Designación de nuevos funcionarios políticos del gabinete, por su probidad e idoneidad, prescindiendo de la filiación partidaria.

5) El acceso y ascenso de los empleados públicos por concurso, a partir de ahora, y el pase a planta del personal precarizado.

Con estas condiciones, la crisis puede transformarse en oportunidad. Oportunidad de cambio, de mejoramiento institucional, de concertación fructífera y pluralista. Oportunidad de empezar a crecer, como dice el slogan oficial, que hoy se estrella contra la realidad de la intolerancia, la opacidad y el desgobierno.