La turbulencia no cesa. El escrache contra Axel Kicillof, las agresiones verbales contra Amado Boudou, el claudicante acuerdo con Irán, el control de precios, la nueva embestida contra los diarios de Buenos Aires, la escalada del dólar “blue” y los aprietes de la AFIP contra los productores para que vendan sus existencia de soja y liquiden dólares a un mercado sediento de ellos son parte de una trama cada vez más compleja que sacude a la sociedad argentina día tras día.

La horrible circunstancia que vivieron Kicillof y su familia debe ser repudiada sin medias tintas. Estas prácticas son absolutamente criticables, vengan de donde vinieren, las haga quien las hiciere. Si la sociedad se abandona inercialmente a la utilización de esta metodología como medio preponderante para expresar sus diferencias y sus críticas, se corre el riesgo de transformar al país en el reino de la intolerancia.

Por supuesto que este fenómeno tiene causas y responsables. Señalar esto debe servir sólo para entender por qué se ha llegado a esta situación. La primera responsabilidad le cabe al Gobierno. La práctica de la intolerancia y la descalificación pública es una herramienta que el kirchnerismo puso en práctica desde el comienzo de su gestión para, después, acentuarla fuertemente el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner a partir de la crisis con el campo. Desde ahí se ha vivido un crescendo que no ha cesado. Prácticas similares por sectores de la oposición merecen el mismo reproche. Sin embargo, las responsabilidades no son las mismas. Nada puede igualar el nivel de descalificación y de agresión que genera la Presidenta cuando, por la Cadena Nacional trata de delincuente al agente inmobiliario que habla de la baja actividad en el sector o vilipendia al abuelo que quiere comprar un dólar o maltrata a jueces porque le disgustan sus fallos o cuando, con sus silencio, avala los escraches, campañas de difamación y linchamientos a personalidades públicas y periodistas críticos por organizaciones afines al Gobierno con la participación de algunos funcionarios. Con todo lo malo que ello es, las cosas no terminan ahí sino que, en muchos casos, son complementadas con el uso de la AFIP –la Gestafip– que, con sus aprietes, cumple un rol fundamental: meter miedo. Por si alguien lo olvidó, ahí está el caso de Eliseo Subiela para dar fe de ello.

El presidente de la República tiene un rol modélico, por lo cual, las cuestiones de forma terminan siendo, también, de fondo. El kirchnerismo ha hecho de la confrontación permanente y de la división herramientas fundamentales en su objetivo de construir poder. Hay que reconocer que, hasta aquí, eso le ha dado buenos resultados. El kirchnerismo ha logrado que amigos de ayer no lo sean más hoy; que familias en las que todo era unión, hoy estén atravesadas por la desunión; que la discusión política entre los que están a favor y en contra del Gobierno sea un imposible. Así, en poco tiempo, la tolerancia que campeó sobre la sociedad desde octubre de 1983 se transformó en cosa del pasado. De golpe, el país retrocedió cincuenta años. El primer paso para revertir esta situación lo deberá dar la Presidenta. ¿Se dará cuenta de ello?

El acuerdo de precios –en realidad, un congelamiento de precios– es otra contradicción del Gobierno y, a la vez, un reconocimiento implícito de la existencia de la inflación y sus nocivos efectos. Es una contradicción porque, hace no muchos días, la mismísima doctora Fernández de Kirchner había señalado, en uno de sus habituales “Aló Presidenta”, que esos acuerdos no sirven para nada. En eso tenía razón. ¿Por qué, entonces, hizo lo contrario? Por otro lado, ¿cuál es la racionalidad de tomar medidas que ya han fracasado? Durante el apogeo del “Pacto Social”, que con un nivel de aquiescencia mucho mayor al de hoy en día se firmó en 1973, fue imposible mantener la “inflación cero”. Así pues, a los pocos meses de haberse firmado, las organizaciones sindicales comenzaron a reclamar aumentos salariales porque el aumento del costo de vida era notoriamente superior a cero.

Al forzar este “acuerdo” de precios por sólo sesenta días, el Gobierno ha creado automáticamente el fantasma del día 61. Allá por los finales del 2005, Néstor Kirchner, con buen tino, se negó a una medida similar. ¿La Presidenta, olvidó eso? Una razón para esta medida es la intención de asegurar algún grado de estabilidad durante el tiempo en que se desarrollen varias de las negociaciones paritarias. Lo que se busca es lograr que no se pacten aumentos mayores al 21%. Hoy, eso parece una quimera.

Con la excusa de este “acuerdo de precios”, el Gobierno dio otro paso en su permanente intención de ahogar a la prensa crítica. No hay otra razón para los llamados telefónicos –aprietes– de Guillermo Moreno a las cadenas de grandes supermercados para que no publicitaran sus ofertas de fin de semana en los diarios de Buenos Aires. Esta actitud hace recordar a aquella otra en que Néstor Kirchner daba la orden de presionar a los anunciantes privados para que no publicitaran sus productos en PERFIL. El sesgo autoritario del kirchnerismo está en su génesis política. Es intolerancia pura.

El memorándum de acuerdo entre los gobiernos de la Argentina e Irán por el atentado contra la AMIA es, sencillamente, inentendible. En el mismo show por Cadena Nacional en el que la Presidenta buscó explicar lo inexplicable, quedaron expuestas las contradicciones del acuerdo. Las consideraciones legales y las dudas que se plantean acerca del pacto dejan al descubierto su endeblez. El fiscal de la causa, Alberto Nisman, sobre quien pesa un pedido de captura internacional solicitado por el gobierno de Mahmud Ahmadineyad, ¿con qué seguridad viajará a Teherán? Por todo ello, la verdadera dimensión de las implicancias de este acuerdo la dio el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, cuando dijo que este pacto “deja la puerta abierta a un tercer atentado”. La frase impacta y, su significado, de sólo pensarlo, estremece.