Ante el anuncio de la marcha del 1 de febrero para reclamar a la Corte Suprema "el fin del lawfare", dos de los referentes de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, salieron a cuestionar al presidente Alberto Fernández por no frenar la manifestación y se proclamaron defensores de la independencia del Poder Judicial. En ese sentido, ¿cómo se comportan estos gobernantes en los distritos que gestionan? En la Ciudad de Buenos Aires, el equivalente a la Corte Suprema es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que tiene tres jueces designados por Larreta y por Mauricio Macri: algunos llegaron casi sin escalas del gabinete del expresidente. Morales, en tanto, emprendió una reforma judicial, amplió la corte jujeña y, según denuncia hace años Milagro Sala, la usa para direccionar la acción judicial contra ella. El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez y su antecesor Alfredo Cornejo tienen denuncias por acciones similares.

El primero en tronar fue Morales, quien envió cual misil un tweet hacia Alberto Fernández: "El Presidente debe frenar los ataques contra la Corte Suprema. No se puede avalar desde el Poder Ejecutivo a funcionarios que fomentan una marcha para echar Jueces. Debería pedir la renuncia de su Viceministro de Justicia de inmediato", sostuvo el gobernador de Jujuy.

Por su parte, Larreta declamó que “el principio de división de poderes es uno de los principios básicos del sistema republicado, que es lo que dice nuestra Constitución, por eso me preocupa tanto esta situación". “Me parece muy grave el avance y el ataque del gobierno a la Corte. Que participen de una marcha funcionarios nacionales pidiendo la renuncia de la Corte es gravísimo”, sostuvo Larreta.

Pero, ¿cómo se conducen esos gobernantes en sus distritos con el Poder Judicial? ¿Hacen honor a la independencia del Poder Judicial que declaran sostener a nivel nacional? Por aquí, un repaso:

TSJ Porteño

Durante mucho tiempo, el equivalente de la Corte Suprema porteña estuvo exento de grandes polémicas y de cuestionamientos serios. Atravesó así los gobernos de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra, hasta que Macri tuvo la oportunidad de designar a alguien en ese tribunal. Lo primero que hizo el ahora ex presidente fue eliminar un período de presentación de antecedentes e impugnaciones que emulaba en la Ciudad el que había creado Néstor Kirchner para la Corte Suprema que sucedió a la menemista. Lo segundo que hizo Macri fue proponer a Daniela Bruna Ugolini, una fiscal porteña que le dictaminaba siempre a favor y en contra de los derechos sociales, laborales, de vivienda. 

Pese a que el repudio a Ugolini fue masivo e incluso hubo un conflicto de poderes por causas judiciales que se abrieron en torno a irregularidades en el procedimiento de designación, Macri sostuvo su pliego por años sin designar a otro juez. Finalmente, lo retiró al terminar de resignarse a que nunca tendría los votos en la Legislatura porteña. En su lugar, propuso a una camarista, Ines Weinberg de Roca, a quien conoció en un Gym de Palermo Chico, y logró que la nombraran.

El entonces legislador Rafael Gentili la denunció por haber cobrado un doble sueldo, el segundo en dólares. La Legislatura no investigó, le aprobó el pliego y luego se supo que lo que denunciaba Gentili era real. Pero ya estaba designada. Macri luego de lograr forzar la renuncia de Alejandra Gils Carbó, intentó que Weinberg de Roca fuera la nueva procuradora a nivel nacional. No lo consiguió. No obstante, la magistrada viene fallando en consonancia con la gestión PRO en materia de seguridad y educación. Y no está sola.

Larreta designó otros dos jueces. El jefe de Gobierno eligió a una persona que era funcionaria en el ministerio de Justicia nacional, bajo el ala de Germán Garavano. Era  Santiago Otamendi, quien fue juez contravencional en la Ciudad, se tomó licencia para ir a trabajar al Gobierno de Macri como su secretario de Justicia, dejó poco antes de que Larreta lo nombrara para que la designación no fuera sin escalas de un gabinete al TSJ. Fue con una escala muy corta. Por si no quedó claro: uno de los integrantes de la Corte porteña es el ex secretario de Justicia de Macri.

La segunda que designó Larreta no careció tampoco de polémicas: Marcela De Langhe llegó con el respaldo de los radicales. En su caso, también tuvo una denuncia por incompatibilidad al cobrar un sueldo como jueza y otro como funcionaria de Larreta. Además de ser camarista, era directora de Formación Académica en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, por el que percibía un sueldo que rondaba los 210 mil pesos. Este doble sueldo no fue un problema para que la designaran en el TSJ. De nuevo, para no dejar dudas: la segunda jueza que designó Larreta era la directora académica del instituto que forma a la Policía de la Ciudad.

Ya con esos tres jueces, Larreta cuenta con una mayoría automática para resolver los fallos, a los que se suma a veces con citas en inglés Luis Lozano, un juez con modales de conde inglés que tiene muchos más años en el TSJ. Juntos firmaron fallos como el que habilitaba a la Policía de la Ciudad a detener personas por "portación de cara" o el que sostenía que los niños y niñas menores de cuatro años no tienen derecho a la educación pública, excepto cuando no pueden pagar un jardín privado. Este último estuvo en abierta contradicción con la letra de la Constitución porteña y les valió un pedido de juicio político de la oposición porteña.

Larreta también consiguió una ley de la Legislatura que dice que este tribunal puede intervenir en todo tipo de causas nacionales, como hizo de hecho cuando intentó frenar en la Causa del Correo la quiebra de una empresa del Grupo Macri. Esa ley ya fue rebatida en varios tribunales nacionales, con el planteo de que la Legislatura intentó legislar en una materia que le corresponde al Congreso nacional.

De yapa, el jefe de los fiscales es actualmente Juan Mahiques, que viene directo de ser el representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura. Los dos jefes de fiscales anteriores fueron Germán Garavano y Martín Ocampo, ambos ministros de Justicia de la gestión PRO. Y en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal nombró a Julio Conte Grand, que saltó de su Gabinete a conducir los fiscales. No hay ni disimulo de independencia.

La reforma jujeña

Una de las primeras cosas que hizo Morales al llegar al poder en Jujuy, fue cambiar figuras del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y lograr que le votaran una ampliación del tribunal para tener una mayoría propia. Su presidenta y la cabeza de la avanzada judicial en Jujuy fue la ex diputada radical Clara De Langhe de Falcone. La nominó Morales cuando todavía estaba en la oposición y logró que la nombraran apenas se supo que había ganado las elecciones.

Luego Morales consiguió que el Superior Tribunal pasara de cinco a nueve miembros. Tres días después, nombró cuatro nuevos jueces. Dos de ellos eran legisladores de la UCR que acababa de votar esa ampliación: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Como contó en este diario el periodista Horacio Verbitsky, Falcone inmediatamente después nombró a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, mientras que el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, creó una fiscalía especial para las causas de Sala y puso a su amiga Liliana Fernández de Montiel.

Las denuncias de Sala contra lo que vino después son reiteradas y conocidas: el fiscal de Estado Mariano Miranda la denunció y logró que la metieran presa, luego de que el fiscal de turno, Darío Osinaga, se negó a hacerlo porque no encontró que hubiera delito. El gobierno de Morales -que ahora busca presentarse como un "moderado" frente a los "halcones"- denunció a este fiscal por “omisión, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Cornejo y Suárez

En Mendoza, la Asociación por la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Xumek y la organización Abogados por la Justicia Social (AJUS) hicieron una denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que detallaron que tanto el anterior gobernador Alfredo Cornejo como el actual Rodolfo Suárez atentan contra la independencia del Poder Judicial: sostuvieron que existen "constantes actos de intimidación y hostigamiento a magistradas y magistrados del Poder Judicial, persecución a abogados mendocinos, relaciones indebidas entre el Poder Ejecutivo y jueces del Superior Tribunal provincial, nombramientos irregulares de magistrados y magistradas", entre otros hechos.

Entre otras acciones, remarcaron la "designación de jueces funcionales al Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza", el "ataque a jueces de la Suprema Corte por resolución sobre prisión preventiva", y un "intento de ampliación de la Suprema Corte". Adhirieron a esa presentación la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.IJ.O.S., entre otros organismos de derechos humanos.