El gobierno oficializará en los próximos días el aumento en las boletas de luz y gas debatido en las recientes audiencias públicas. Los ajustes estarán en el orden del 20 por ciento para la gran mayoría de los usuarios y comenzarán a regir a partir del 1 de junio. Solo resta que los entes reguladores oficialicen los nuevos cuadros tarifarios. Tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) son controlados por funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien rechaza los aumentos. Desde ese sector, insisten en que no tuvieron participación en el proceso que derivó en las subas. Es más: los funcionarios kirchneristas del área económica fueron directamente desplazados de las resoluciones sobre el tema y sus informes fueron descartados, con lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concentró la responsabilidad de las decisiones.

Desde el cristinismo dejaron trascender en los últimos días un dictamen jurídico del Ministerio de Economía, fechado el 14 de abril de este año, previo a la convocatoria a las audiencias públicas, donde se afirma que el informe solicitado para justificar el aumento de tarifas a la subsecretaría de Energía Eléctrica, encabezada por el camporista Federico Basualdo, “no da sustento técnico requerido a fines de propiciar la medida impulsada por la Secretaría de Energía”. Luego agrega que “se han considerado integradamente los informes técnicos elaborados por la Subsecretaría de Planeamiento Energético, por la Subsecretaría de Política Económica y por la Secretaría de Hacienda, que resultan contener los argumentos técnicos imprescindibles para ello brindándole el fundamento necesario para el impulso del acto bajo estudio”.

Es decir, Economía descarta de ese modo el documento de Basualdo y los reemplaza por los elaborados por los funcionarios de Guzmán. Ese hecho deja en claro para el cristinismo que no se tomaron en cuenta sus críticas y se decidió avanzar igual, dejando de lado a los funcionarios que responden a la vicepresidenta.

De todos modos, desde el cristinismo dejaron trascender que no bloquearán la medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández y ejecutada por Guzmán.

Las críticas de Basualdo

El informe de Basualdo al que se hace referencia allí no solo no avaló el aumento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica sino que lo cuestionó en duros términos. El subsecretario sostuvo en ese documento de 24 páginas que la aplicación de los incrementos propuestos tanto para el segmento comercial como el industrial, atenta contra el proceso de crecimiento económico que se viene verificando, y sería un canal más de aceleración de la inflación como consecuencia de la variación de sus costos.

Además, advirtió que la suba del precio estacional anula la posibilidad de realizar nuevos aumentos sobre el margen de distribución de todas las jurisdicciones lo que redundará en un resquebrajamiento de la cadena de pagos del sistema mayorista.

Con respecto a la propuesta de eliminar los subsidios para el 10 por ciento más rico de la población el informe subrayó que no contempla el principio de gradualidad recomendado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo de 2016 que puso freno al aumento de tarifas que entonces impulsaba el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren.

Por último, en lo que respecta al impacto en los subsidios, el informe de Basualdo indicó que, si se aplicaran las medidas previstas por Guzmán para reducir los subsidios a la generación eléctrica, sólo alcanzaría a recaudarse un monto máximo de 163.463 millones de pesos, valor que implicaría una reducción de subsidios de apenas un 13 por ciento para este año.

La respuesta de Economía

El documento de Basualdo fue tan crítico del aumento tarifario propuesto que forzó a Guzmán a ser el mismo el encargado de respaldar la suba acordada con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta llegó por parte del secretario de Hacienda Raúl Rigo, el secretario de Política Económica, Fernando Morra, y por el secretario de Planeamiento Energía, Santiago López Osornio.

Rigo aseguró que, lejos de ser despreciable la baja de subsidios, dicho ahorro sería sumamente valioso en términos de inversión social, productiva y de capital. El monto en cuestión, puntualizó el funcionario de Economía, podría servir para duplicar el incremento de la tarjeta Alimentar otorgado en mayo, financiar cinco meses del programa Potenciar Trabajo y seis meses de la ejecución correspondiente a la Asignación Universal por Hijo, brindar otros cuatro bonos a jubilados similares al anunciado en abril y cubrir un 98 por ciento del gasto en vacunas contra el Covid y las becas Progresar, entre otras opciones.

Morra, por su parte, se encargó de responder a los cuestionamientos de Basualdo sobre el impacto macroeconómico de la suba de tarifas. Desde su perspectiva, mantener el nivel tarifario de 2021 sin cambios tendría impactos negativos en el escenario macroeconómico de corto y largo plazo, elevando el gasto corriente en desmedro del gasto de capital. Esto derivaría, entre otros efectos, en menores obras de transporte de energía, las cuales “sirven para incrementar la producción local y sustituir importaciones, permitiendo a su vez un abaratamiento de los costos de producción eléctrica para el país”.

Por último, Santiago López Osornio refutó que el aumento anual de tarifas fuera a llegar al 65 por ciento como sugirió Basualdo en su informe, y ratificó que el tope sería de 20,3 por ciento para los beneficios de tarifa social y de 42,7 por ciento para el resto, con excepción del 10 por ciento más rico que deberá enfrentar un ajuste mayor.