Los más humildes se verán afectados por el congelamiento del Potenciar Trabajo y el freno general de la actividad económica. Solo una parte será parcialmente compensada por la mejora de la AUH y la Tarjeta Alimentar. El peso de la deuda crecerá dentro del gasto público. Opinan Daniel Arroyo, Alejandro Vanoli y Daniel Schteingart
La megadevaluación y el ajuste fiscal inédito que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, provocará en los próximos meses una fuerte contracción del consumo, un aumento del desempleo y un incremento del déficit financiero. Lo que sigue es un detalle del impacto sobre los más vulnerables, sobre la actividad económica a raíz de la paralización de la obra pública y sobre las cuentas públicas como consecuencia de la deuda indexada por inflación, la deuda que ajusta por tipo de cambio y la suba de la tasa de interés que se espera que anuncien en las próximas horas.
Política social
Caputo anunció que se mantendrán los planes Potenciar Trabajo, pero sin ningún tipo de actualización. El beneficio es de 78 mil pesos y alcanza a 1,2 millones de personas, que verán fuertemente licuado su poder adquisitivo en términos reales frente a una inflación espiralizada. Según el proyecto de ley de presupuesto de 2024, este plan tenía asignado el 53,4 por ciento de los fondos del Ministerio de Desarrollo Social. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar”, aclaró el funcionario. El monto de la AUH, que es actualmente de 20.000 por hijo se va a duplicar, mientras que la ayuda que brinda el Estado a través de la Tarjeta Alimentar va a aumentar un 50 por ciento. En la actualidad, el monto de la Tarjeta es de 22 mil pesos para un hijo, 34.500 pesos para dos hijos y 45.500 pesos para tres o más hijos
“Lo fuerte de la asistencia social en términos de monto es el Potenciar Trabajo que lo van a congelar y se va a ir achicando, mientras que con los otros anuncios compensan relativamente a solo una parte de los más pobres”, aseguró a Página|12 Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social. Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar, advirtió también sobre el carácter insuficiente de la ayuda. “Guarda con creer que reforzando AUH-Alimentar contenés a 'los caídos'. Con la AUH-Alimentar llegás a cubrir al 60 por ciento de los hogares del 10 por ciento más pobre. ¿Qué hacés con el 40 por ciento restante ante semejante shock?”, aseguró en su cuenta de X.
“Otro problema es que con este paquete de medidas se va a parar mucho la actividad económica del sector informal porque no hay ajuste sobre el Estado que no repercuta sobre el sector privado. Si cortan los subsidios al transporte y la gente paga cuatro veces más el boleto, ese dinero adicional que deberá destinar al transporte no la va a gastar en la fiambrería, en la verdulería ni en el kiosco de la esquina. Objetivamente, esto va a generar más recesión, menos consumo y más desempleo”, agregó Arroyo.
Obra pública y construcción
Otra de las novedades es que el Gobierno no licitará más obras públicas y va a cancelar todas las licitaciones de aquellas obras que hayan comenzado. Caputo presentó esta medida no solo como un ahorro fiscal sino también como un freno a la corrupción: "No hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y empresarios. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo", aseguró.
La declaración del ministro generó malestar entre los empresarios del sector. “Que todo sea por inversión privada no funciona. En el mundo esa inversión no supera el 7 por ciento del total, es inviable porque a la infraestructura en el mundo la hace el Estado ya que no es negocio para los privados más allá de una mínima inversión", aseguró Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, quien también manifestó dudas sobre qué va a pasar con las obras públicas ya iniciadas en este contexto de fuertes recortes.
Devaluación y deuda
La decisión de elevar el tipo de cambio oficial de 366 a 800 pesos, un 119 por ciento, supone una devaluación del peso del 54 por ciento que deja al dólar en niveles similares a los existentes al inicio de la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Argentina estaba inmersa en la crisis que puso fin a la convertibilidad. Según un informe de la consultora Synthesis, en abril de 2002, cuando Argentina dejó flotar libremente el peso por exigencia del FMI, el dólar alcanzó un precio de 864,41 pesos actualizado a valores de hoy.
Esta situación, combinada con el fuerte ajuste fiscal anunciado, va a tener como contrapartida un incremento del déficit financiero. “La devaluación va a incrementar el déficit financiero por el impacto de los dólares linked y los bonos duales, que ajustan por tipo de cambio, y de la deuda indexada por inflación. Esto va a ser solo parcialmente compensado por la caída que tendrá la deuda en pesos no ajustable por tipo de cambio”, aseguró a Página|12 Alejandro Vanoli, director de la consultora Synthesis y expresidente del Banco Central. “Es un ajuste clásico fiscal y cambiario. Para estimar la magnitud del ajuste fiscal resta ver los detalles, pero está claro que si va a bajar el déficit fiscal el déficit financiero va a subir por el impacto en la deuda del tipo de cambio y de las tasas de interés. Esto va a acelerar la inflación y deprimir la actividad económica. Yo me pregunto cuál es la sustentabilidad de este plan porque genera una bola de nieve de precios y no hay forma de ver qué dinámica lo va a frenar”, agregó.
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