En 2018, el gobierno de Mauricio Macri renegoció los contratos de concesión de dos autopistas con la compañía extranjera Abertis y sus socias y reconocerles deudas millonarias. Abertis es una ex socia del grupo Macri en una de estas concesiones: Ausol, de Acceso Norte. El Ejecutivo sostiene que ese arreglo le ahorró al país US$ 2.300 millones. ¿Por qué? La accionista mayoritaria de Autopistas del Sol SA (Ausol, Acceso Norte) y el Grupo Concesionarios del Oeste SA (Acceso Oeste) presentó el 7 de diciembre de 2015 una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal del Banco Mundial que media entre empresas de capitales extranjeros y los Estados.  

Cuando Abertis presentó la demanda todavía era socia de Sideco (empresa de los Macri) en Ausol. La firma de la familia presidencial tenía el 7% de las acciones de la concesionaria. Lo vendió en 2017. PUBLICIDAD inRead invented by Teads Cuando el Estado perdió en el Ciadi, debió pagar mucho menos de lo que le reclamaban. La demanda ante el Ciadi fue tomada poco después por el gobierno de Macri como argumento para cerrar un acuerdo con las concesionarias y pagarles una deuda con el argumento de que negociar con la compañía era más barato para el Estado. Así lo explicó el Ministerio de Transporte a PERFIL. Pero los números del Ciadi y del propio Gobierno confirman lo contrario. Abertis tuvo un mejor acuerdo. No solo va a cobrar más dinero de lo que demandaba ante el Ciadi. Logró asegurarse una decisión a su favor en mucho menos tiempo y en efectivo. PERFIL intentó obtener la versión de Abertis en distintas consultas. La compañía rechazó hacer declaraciones o dar explicaciones. Antecedentes. Para esta investigación, PERFIL analizó las últimas 36 demandas contra el país cerradas en el tribunal internacional y publicadas en ese orden en el sitio web del CIADI.

Se trata de casos presentados por empresas de España, Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Países Bajos contra la Argentina a partir de 2001. Son casos cerrados, algunos con condenas, otros desestimados o interrumpidos. La mayoría son reclamos similares a los de Abertis: se trata de compañías que adquirieron concesiones durante las privatizaciones de los 90 y que, tras la pesificación de las tarifas por la crisis de 2001 y la devaluación posterior, demandaron al país en reclamo por sus inversiones o la falta de actualización de tarifas, como el caso de  las concesionarias de autopistas y peajes. Los resultados del análisis demuestran que la mayoría de las veces en las que la Argentina fue sentenciada, el monto que debió pagar fue mucho menor al que pretendían las compañías. Números. De los 36 casos analizados, 14 demandas fueron interrumpidas, algunas con acuerdos por fuera del tribunal entre el Estado argentino y las empresas, como Repsol. En un caso, el tribunal falló de manera neutra.

En dos, ganó. En los otros once casos, Argentina perdió pero fue sentenciada por montos menores a los exigidos en las demandas. La mayoría (9 casos) implica cifras que van de entre 11% al 38% de lo que pedían las empresas (promedio 25%). El Gobierno renegoció la concesión de las autopistas con Abertis basándose en que si avanzaba su demanda en el CIADI el Estado debería pagar miles de millones de dólares. El Ejecutivo renunció a litigar en el CIADI. Pero el resultado fue mejor para Abertis: logró un acuerdo superior al que podría haber obtenido en el tribunal, de acuerdo a los casos testigo. En junio de 2018, el Gobierno le reconoció deudas por un total de US$ 747 millones (US$ 500 millones a Ausol y US$ 247 millones a Acceso Norte), de acuerdo al Ministerio de Transporte. La deuda reconocida a Abertis se ejecuta con una compleja fórmula que el gerente de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Ricardo Stoddart, explicó en términos más llanos: la empresa los recupera en efectivo pero a través del cobro de peajes (ya que sigue explotando ambos accesos) hasta 2030. Se cobrará la deuda, cash, de los peajes abonados por los usuarios. El Estado no ve un peso de los peajes, de acuerdo al Ministerio. A cambio, explicó Stoddart, Abertis se comprometió a realizar obras postergadas en ambos accesos (algunas ya están en ejecución) y el Estado le cobró US$ 50 millones de multas adeudadas por incumplimiento en sus contratos.

¿Quién ganó? El Ejecutivo incluso tiene versiones contrapuestas sobre el monto demandado por Abertis en el Ciadi. En los contratos de renegociación de 2018 a los que accedió PERFIL, Transporte sostiene que la “proyección” de lo que Abertis reclamaba ante el Ciadi podría equivaler a US$ 3.000 millones. Sin embargo, en el informe 107 ante Diputados, también de junio de 2018, el jefe de Gabinete detalló otro monto que Abertis reclamaba: “US$ 1.230 millones más intereses y costas a partir del 30 de junio de 2016”. Según los datos informados por el jefe de Gabinete, la ex socia de los Macri consiguió que el Estado le reconociera el 60% de lo que reclamaba ante el tribunal internacional. De acuerdo a Transporte, los números a favor de Abertis son menores: recibió 25% de lo reclamaba. Es el promedio de lo que ganaron las empresas contra la Argentina, según el relevamiento de PERFIL. Pero hay detalles que muestran beneficios superiores para Abertis. Por ejemplo: para cobrar la sentencia del Ciadi, las empresas deben iniciar un nuevo proceso judicial en la Argentina.

Luego, Hacienda emite bonos del Estado y les paga con esos bonos, no con efectivo. A la sentencia, además, se suma una nueva quita de alrededor del 80%, de acuerdo a las fuentes oficiales y judiciales consultadas. Abertis se cobra la deuda de los peajes de los usuarios. No sólo el cash es dinero, también el tiempo. Las demandantes de la Argentina ante el Ciadi tardaron entre 6 y 15 años para que el tribunal hiciera efectiva la sentencia, de acuerdo al análisis de PERFIL. Es un promedio de diez años de espera para obtener un resultado. Abertis demandó al país en diciembre de 2015 y para junio de 2018 ya estaba firmando la renegociación de sus contratos y el reconocimiento de las supuestas inversiones.