Ni Hebe de Bonafini, ni el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, ni la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. No fue ninguna de estas figuras del cristinismo las que elaboraron y divulgaron la solicitada pidiendo la liberación del exvicepresidente Amado Boudou. Los que lo hicieron fueron personajes de su círculo íntimo, kirchneristas de menor calibre que salieron a buscar adhesiones.

Más allá de las apariencias, el exvicepresidente de Cristina Kirchner sigue sin contar con un apoyo real de gran parte de este espacio político. Cuando estalló el caso Ciccone en 2012, la entonces presidenta y varios integrantes del kirchnerismo le dieron la espalda. Hoy, la mayor parte de estas figuras seguirían estando al margen de su devenir judicial. Solo hubo adhesiones por cercanía, pero la estructura real del poder no le levantó la bolilla negra, según admiten dentro del propio oficialismo.

Forman parte de su núcleo cercano el politólogo y experiodista de 678 Edgardo Mocca, el subsecretario de Interior Pablo Fontdevilla, el economista Ricardo Aronskid y Silvina Rojkés (exministra de Educación de Tucumán y cuñada del exgobernador Jose Alperovich). Conducen, junto a Boudou, la agrupación Corriente de Opinión 18 de Mayo.

Todos ellos se encargaron de recolectar firmas para la solicitada en reclamo por la liberación del exvicepresidente, condenado a cinco años y diez meses de prisión, acusado de haberse quedado con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda.

"Yo firme cuando Mocca me acercó el texto", afirmó Graciana Peñafort, abogada del exvicepresidente, en diálogo con LA NACION. "Ni Hebe de Bonafini ni ninguna otra figura consagrada jugó un papel en esto. Nosotros fuimos los protagonistas, los encargados de juntar las firmas", dijo Edgardo Mocca, en diálogo con LA NACION.

Sin embargo, no lograron conseguir las firmas de algunas figuras claves en la estructura de poder del Frente de Todos, como el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el jefe del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner; o el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Mismo la vicepresidenta Cristina Kirchner no firmó la solicitada. La postura parecería seguir siendo la misma que la que tomó el kirchnerismo duro a partir del 2012, cuando estalló el escándalo: mantenerse al margen de lo que le sucede a Boudou.

La reacción del Gobierno contra la Corte, cuando rechazó una presentación de Boudou en la causa Ciccone, parece sostenida solamente por el intento de proteger a la vicepresidenta.

En contrapartida, sí consiguieron las firmas de Jorge Ferraresi, actual ministro de Vivienda y exintendente de Avellaneda; Luana Volnovich, titular del PAMI; Cristina Caamaño, interventora de la AFI; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

Con respecto a las firmas internacionales, el presidente del Parlasur Oscar Laborde convocó, junto al diputado nacional Eduardo Valdés, a los siete expresidentes latinoamericanos que firmaron la solicitada. Los exmandatarios Luiz Inácio "Lula" Da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Dilma Rousseff (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia) y Manuel Zelaya (Honduras) estamparon sus firmas en el mensaje de respaldo a Boudou, y cinco excancilleres de la región que también adhirieron.

Un nombre en particular generó ruido interno, incluso en las filas del kirchnerismo: el del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se autodenominó "coimero" en una declaración judicial y que, en los últimos años, no recibió el apoyo general de la dirigencia kirchnerista.

Jaime fue condenado por la tragedia de Once al igual que Julio De Vido, con la única diferencia de que su sentencia todavía no está firme, porque aún existe un recurso pendiente en la Corte Suprema. Según supo este medio, fue invitado a poner su firma por el propio Boudou, con quien compartió parte de su tiempo en el penal de Ezeiza.

Y no faltó el nombre del exministro de Planificación, quien adhirió a la solicitada junto a su mujer, Alessandra Minnicelli, pese a la distancia pública que mantienen con ellos la mayoría de los cuadros del gobierno nacional.

Por: Agustina Said